La ciencia argentina en el abismo: científicos que pagan de su bolsillo mientras el gobierno de Milei apaga el futuro. El desmantelamiento del sistema científico como política de Estado: entre la desidia presupuestaria y el abandono de la salud pública.
La gestión libertaria ha empujado a los investigadores del CONICET a financiar el funcionamiento de sus laboratorios con recursos personales ante la parálisis oficial, mientras las unidades de investigación en hospitales públicos caen bajo el peso de un ajuste que prioriza el mercado sobre la vida.
La imagen es tan distópica como real: un investigador formado por el Estado argentino, con doctorados y años de especialización, sacando dinero de su propio sueldo —ya de por sí degradado— para pagar el combustible de un generador eléctrico o comprar un reactivo básico. No es una escena de una película de catástrofe, es el día a día en el CONICET bajo la administración de Javier Milei. La desidia gubernamental ha escalado a niveles de perversión institucional donde la supervivencia de la ciencia argentina ya no depende de las partidas presupuestarias, sino de la voluntad casi heroica, y profundamente injusta, de quienes se resisten a ver cómo años de trabajo se pudren en un freezer por falta de luz.
Lo que ocurrió en marzo de 2026 en Córdoba, donde seis laboratorios del CONICET y la universidad nacional quedaron a oscuras por más de un mes debido a una falla accidental en medio de obras, es el síntoma definitivo de un sistema quebrado. Ante la absoluta ausencia de respuesta de las autoridades, que parecen disfrutar del silencio administrativo mientras el patrimonio científico se desintegra, los investigadores tuvieron que recolectar más de 6 millones de pesos para sostener generadores. Es una humillación planificada. El mensaje del gobierno libertario es cristalino: si quieren investigar, páguenlo ustedes. Es la mercantilización extrema del conocimiento, un ataque frontal a la soberanía nacional que nos devuelve, en palabras de los propios protagonistas, a la «Edad de Piedra».
Este abandono no es un error de gestión ni un bache administrativo; es una decisión política deliberada de raíz neoliberal que busca aniquilar cualquier estructura estatal que no genere lucro inmediato para el capital financiero. Mientras el Banco Central es capaz de rifar 400 millones de dólares en una sola jornada para contener el mercado cambiario —una cifra que equivale al presupuesto anual de todo el CONICET—, los institutos de investigación denuncian que no tienen fondos ni para reponer una computadora. La brecha entre las prioridades del «anarcocapitalismo» y las necesidades de una sociedad justa es un abismo que se llena con el sacrificio de los trabajadores.
La crueldad del ajuste se siente con especial saña en el ámbito de la salud. El desmantelamiento de las Unidades de Conocimiento Traslacional Hospitalarias (UCTH) en instituciones emblemáticas como el Hospital Posadas, el Garrahan y el Clínicas, representa un crimen social. Estas unidades son el puente vital entre el laboratorio y la cama del paciente. Al desfinanciar la investigación biomédica, el gobierno de Milei está, literalmente, deteniendo la búsqueda de curas para tumores agresivos y tratamientos para el VIH. Jorge Geffner, una voz autorizada en la materia, ha advertido que cerca del 90% de los grupos de investigación en biomedicina han quedado sin financiamiento. Estamos hablando de vidas humanas que dependen de estos avances y que hoy son consideradas «gastos» por una planilla de Excel en el Ministerio de Economía.
En el Hospital Posadas, el desmantelamiento se traduce en despidos masivos de profesionales que son irreemplazables. No se despide a un administrativo; se expulsa a la inteligencia aplicada a la salud pública. En el Garrahan, la falta de insumos pone en jaque proyectos de vanguardia pediátrica. Es el triunfo de una ideología que desprecia lo público y que, bajo el mantra de la «libertad», solo garantiza la libertad de morir por falta de avances científicos o de emigrar para quienes ya no soportan ganar menos que un repositor de supermercado. La fuga de cerebros no es una amenaza futura, es una hemorragia presente que tardará generaciones en cicatrizar.
La dimensión del ajuste es escalofriante: una caída acumulada del 50,6% real en la inversión en ciencia y técnica entre 2024 y 2026. Para este año, la inversión representará apenas el 0,141% del PBI, el mínimo histórico desde 1972, incluso por debajo de los niveles de la última dictadura militar o la crisis de 2001. A esto se suma una maniobra de una bajeza inédita: el «aportes cero». El CONICET y otros organismos como el INTA y la CNEA han dejado de pagar las cargas sociales y aportes a las obras sociales de sus empleados. Es un Estado que se convierte en empleador negrero, dejando a sus científicos sin cobertura médica mientras les exige excelencia académica.
En el sur profundo, el CADIC de Tierra del Fuego sobrevive en una «muerte lenta por inanición». Desde diciembre de 2023, la parálisis es total. Los legisladores de La Libertad Avanza ni siquiera se han dignado a visitar los institutos; el desprecio por el territorio y por la soberanía científica en áreas estratégicas es absoluto. Se están cancelando suscripciones a revistas académicas internacionales, aislando a la Argentina del mundo real, ese mundo que Milei dice admirar pero que en realidad desconoce, porque en los países centrales que él cita como ejemplo, el Estado es el principal motor del desarrollo tecnológico.
La incertidumbre es total y la complejidad del daño es incalculable. No se trata solo de dinero; se trata de la ruptura del contrato social. Cuando se interrumpe una línea de investigación de diez años porque se cortó la luz y no hubo un funcionario que firmara un seguro, se pierde una masa crítica que no se recupera con una futura partida presupuestaria. Se pierde la confianza, se pierde el futuro y se condena al país a ser una mera colonia exportadora de materias primas sin valor agregado.
Esta política anti-libertaria es, en esencia, una política de deshumanización. Al atacar al CONICET y a la investigación en hospitales públicos, el gobierno está atacando el derecho a la salud, el derecho al trabajo digno y el derecho a una sociedad soberana. Es una resistencia la que llevan adelante los científicos, pero no debería ser su responsabilidad individual sostener lo que el Estado abandona. La solidaridad entre colegas para pagar la luz es conmovedora, pero es también el testimonio más desgarrador del fracaso de un gobierno que ha decidido apagar la luz de la razón para que el país camine a oscuras.
