Xiomara, 12 años, fue detenida durante un desalojo en un barrio popular mientras transmitía en vivo por TikTok. Apareció horas después en un hospital, incomunicada y bajo custodia policial. El caso desnuda un patrón de abuso, silencios oficiales y un clima político que habilita la represión como método. El episodio ocurrido en el barrio Juan XXIII no es un exceso aislado: condensa una forma de gobernar que tolera la violencia institucional, relativiza los derechos de niñas y niños y convierte el control social en política pública bajo el paraguas del orden impuesto desde el poder provincial.
El sábado, en el barrio Juan XXIII de San Miguel de Tucumán, conocido como La Bombilla, el Estado volvió a mostrar su rostro más áspero. No fue un error menor ni una desprolijidad administrativa: fue la consecuencia directa de una lógica que concibe el conflicto social como una amenaza y no como un problema a resolver con políticas públicas. Xiomara, una nena de apenas 12 años, estaba transmitiendo en vivo por TikTok un operativo de desalojo que ya se desarrollaba en un clima espeso, cargado de tensión y bronca vecinal. Grababa lo que veía, lo que escuchaba, lo que pasaba en su barrio. Grababa, simplemente. Y por ese gesto terminó esposada, incomunicada durante horas y trasladada al Hospital Avellaneda bajo custodia policial.
El operativo se realizó en medio del reclamo de vecinos que cuestionaban el desalojo de una familia donde habría un niño con discapacidad. La presencia policial fue en aumento, los ánimos se caldearon y la escena se volvió caótica. En ese contexto, Xiomara hizo lo que hoy es casi un reflejo generacional: encender la cámara del celular. No para provocar ni incitar a la violencia, sino para dejar registro. Para que alguien, en algún lugar, viera cómo se desarrolla un desalojo en un barrio popular cuando la respuesta del Estado es la fuerza. Esa mirada incómoda, directa y sin filtros parece haber sido suficiente para convertirla en blanco de la intervención policial.
La familia denunció que la nena fue llevada por efectivos sin que se informara su destino. Durante varias horas no supieron dónde estaba ni en qué condiciones. No hubo comunicación oficial, no hubo explicación clara, no hubo un adulto responsable que garantizara sus derechos. Recién más tarde lograron encontrarla en el Hospital Avellaneda, esposada y custodiada. La escena resulta tan brutal como reveladora: una menor de edad tratada como una amenaza, privada de contacto con su familia y sometida a un procedimiento que nadie termina de justificar con fundamentos legales sólidos.
El testimonio de la abuela de Xiomara, brindado a la prensa en las puertas del hospital, desarma la versión policial que comenzó a circular casi de inmediato. Según esa versión, la nena habría roto un móvil policial. Sin embargo, la mujer es contundente: en los videos que circulan en redes sociales solo se ve a su nieta grabando. Nada más. Relata además que intentó acercarse durante el operativo y se lo impidieron, que observó golpes, forcejeos y detenciones arbitrarias, y que su propia hija —la mamá de Xiomara— fue detenida cuando intentó seguir a la camioneta policial en una moto para evitar que se llevaran a su hija menor de edad sin explicación alguna. El cuadro que emerge no es el de un procedimiento cuidado, sino el de una intervención desbordada, violenta y sin control institucional visible.
Cuando Xiomara finalmente pudo hablar, su relato agregó una dimensión todavía más alarmante. Contó que una amiga la invitó a hacer el vivo, que empezó a grabar, que vio cómo se llevaban a una chica esposada y que, al enfocar a los policías, fue detenida. Relató que un efectivo intentó sacarle el teléfono metiéndole la mano en el pecho, que el celular cayó al suelo y que a partir de ahí comenzaron las agresiones. Denunció golpes, tirones de pelo y el uso de gas pimienta. Dijo que trataba de no llorar, que le ardían los ojos, que veía borroso. Dijo también que estuvo varias horas detenida y que fue trasladada al hospital esposada porque así lo indicaba un supuesto “protocolo”.
Ese término —protocolo— aparece como una palabra comodín, casi mágica, que todo lo justifica y nada explica. Protocolo para esposar a una nena. Protocolo para incomunicarla. Protocolo para trasladarla a un hospital bajo custodia policial. Pero nadie aclara cuál es ese protocolo, quién lo redactó, bajo qué normativa se aplica ni cómo se compatibiliza con la legislación vigente en materia de protección de niñas, niños y adolescentes. La versión oficial, basada en un presunto daño a un móvil policial, se estrella contra los registros audiovisuales que circulan y contra los testimonios de vecinos. No hay pruebas públicas, no hay informe oficial detallado, no hay explicaciones convincentes. Hay, en cambio, una menor lastimada, una familia angustiada y un Estado provincial que elige el silencio.
Este episodio no puede leerse aislado del contexto político de Tucumán. La provincia es gobernada por Osvaldo Jaldo, quien ha construido su gestión sobre un discurso de orden, control y mano dura. En ese marco, las fuerzas de seguridad operan con una lógica expansiva, donde el límite entre prevención y represión se vuelve cada vez más difuso. La detención de Xiomara no parece un exceso individual, sino el resultado de un clima político que legitima el uso de la fuerza como respuesta casi automática frente al conflicto social, incluso cuando hay menores involucrados.
Hay otro elemento que incomoda al poder: la cámara. El celular en manos de una piba de 12 años se convierte en una amenaza porque registra, porque muestra, porque pone en crisis el relato oficial antes de que se consolide. En tiempos donde la imagen circula más rápido que cualquier comunicado, la respuesta fue silenciar esa mirada. No con argumentos, sino con esposas.
Las preguntas siguen abiertas y se acumulan sin respuesta. ¿Quién ordenó la detención de una menor por grabar un operativo? ¿Por qué estuvo incomunicada durante horas? ¿Por qué fue trasladada a un hospital bajo custodia policial? ¿Dónde estuvieron los organismos de protección de la niñez? Hasta ahora, nada. El silencio oficial no es solo negligencia: es una estrategia. Dejar que el tiempo pase, que la indignación se enfríe, que la noticia pierda espacio en la agenda pública.
Mientras tanto, el caso genera una fuerte repercusión social y política. Porque toca un límite que una sociedad no debería estar dispuesta a cruzar. Porque nadie puede naturalizar que una nena termine esposada por filmar. Porque no se trata solo de Xiomara, sino de lo que puede pasar mañana con cualquier pibe o piba que se anime a mostrar lo que ocurre en su barrio cuando el Estado aparece solo con palos y patrulleros. La violencia institucional no empieza con un disparo: empieza cuando se acepta como normal.
Reconocer la complejidad de los desalojos y los conflictos territoriales no implica justificar abusos. Son situaciones tensas, sí, pero justamente por eso requieren mayor cuidado, más control civil y un Estado presente desde lo social, no desde la represión. La detención de Xiomara es una señal de alarma. Una advertencia sobre los costos humanos de una política que confunde autoridad con violencia y orden con silencio impuesto.
Fuente:
https://www.eltucumano.com/noticia/actualidad/317041/la-policia-de-tucuman-detuvo-a-una-nena-de-12-anos-y-fue-hallada-horas-despues-en-el-hospital-avellaneda
https://www.enteratenoticias.com.ar/actualidad/nena-detenida-grabar-tiktok-policia-tucuman/
https://panorama24.com.ar/policiales/tucuman-detienen-y-esposan-a-una-nena-de-12-anos-tras-hacer-un-vivo-de-tiktok/
Ver esta publicación en Instagram
Deja una respuesta