La inclusión intempestiva de un artículo que reduce el salario en licencias por enfermedad terminó de romper los frágiles equilibrios políticos y sindicales, unificó al peronismo en Diputados y abrió un escenario de conflicto social, judicial y legislativo que el Gobierno libertario ya no logra controlar.
La CGT anunció un paro nacional de 24 horas el día en que Diputados trate la reforma laboral impulsada por Javier Milei. La decisión marca un punto de inflexión: el sindicalismo endurece su postura, el peronismo votará en bloque y los aliados dialoguistas dudan, mientras crecen las advertencias por posibles violaciones a la Constitución y a los convenios internacionales del trabajo.
El gobierno de Javier Milei volvió a subestimar una frontera sensible de la política argentina: el mundo del trabajo. La reforma laboral que el oficialismo empuja con urgencia, como si la velocidad legislativa pudiera tapar la falta de consensos, terminó detonando una reacción que ya no se limita a declaraciones o marchas testimoniales. La Confederación General del Trabajo decidió convocar a un paro general de 24 horas el mismo día en que la Cámara de Diputados trate el proyecto, en lo que será la cuarta huelga nacional contra la administración libertaria. No se trata de un gesto aislado ni de una respuesta automática: es el resultado de una acumulación de tensiones y de una jugada política del Gobierno que fue leída como una provocación directa.
Hasta hace apenas unos días, la CGT mantenía una estrategia ambigua. Había críticas, sí, pero también mesas de diálogo, intentos de morigerar artículos y una apuesta a introducir cambios parciales que evitaran un choque frontal. Ese delicado equilibrio se rompió cuando, en pleno debate en el Senado y durante la madrugada, el oficialismo incorporó un artículo que modifica el régimen de licencias por enfermedad y accidentes no laborales. El cambio no estaba en el texto original ni había sido discutido previamente. Para el sindicalismo, fue una señal inequívoca: el Gobierno había decidido avanzar sin reglas, romper acuerdos informales y llevar la lógica del ajuste hasta el terreno más íntimo de la relación laboral, el salario cuando un trabajador está enfermo.
Cristian Jerónimo, uno de los cotitulares de la CGT, lo dijo sin rodeos: “Están dados los consensos colectivos para ir a un paro nacional”. No habló de bronca espontánea ni de climas emocionales, sino de consensos, una palabra que en el lenguaje sindical implica algo más profundo: presión de las bases, alineamiento de sectores históricamente diversos y una percepción compartida de que se cruzó un límite. La decisión se formalizó en una reunión virtual del Consejo Directivo cegetista y dejó en claro que el conflicto entró en otra fase. No habrá movilización, pero sí una paralización total de actividades, con un dato clave: el transporte público, incluido el gremio de colectiveros, confirmó su adhesión. En un país sin colectivos, trenes ni subtes, el impacto del paro se vuelve imposible de disimular.
El corazón del conflicto está en la modificación del artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo. Según el nuevo esquema, un trabajador que sufra una enfermedad o accidente no vinculado a su tarea laboral cobrará solo el 50% de su salario si la incapacidad deriva de una acción voluntaria y consciente que implique riesgo para la salud, o el 75% si no media esa conducta. El argumento oficial, repetido por el ministro desregulador Federico Sturzenegger, apunta a combatir abusos, como las licencias psiquiátricas prolongadas. Pero la explicación, lejos de calmar las aguas, echó más leña al fuego cuando el propio funcionario ejemplificó con un trabajador que se lesiona jugando al fútbol. En un país donde el fútbol es casi una religión popular, la metáfora sonó a burla y desconexión social.
Incluso dentro del propio entramado técnico que rodea a Milei hubo sorpresa. El abogado laboralista Julián de Diego, cercano al oficialismo y partícipe del diseño de la reforma, reconoció que el artículo “salió como un fantasma” y advirtió que, lejos de reducir la litigiosidad, podría incrementarla. Es una confesión que desnuda una contradicción central del discurso libertario: se promete menos juicios laborales mientras se redactan normas que abren la puerta a nuevas demandas judiciales. Cuando ni los especialistas afines se sienten cómodos defendiendo el texto, algo huele mal.
La maniobra también tuvo consecuencias políticas inmediatas. El peronismo, que venía mostrando fisuras en votaciones clave como el acuerdo Mercosur-Unión Europea o la baja de la edad de imputabilidad, cerró filas. “Vamos a votar unidos en contra”, anticiparon diputados del interior. El artículo de las licencias funcionó como un cemento inesperado: unificó al bloque y le devolvió un eje clásico de identidad, la defensa de los derechos laborales. A la vez, complicó al Gobierno en otro frente sensible: los bloques dialoguistas del PRO, la UCR y Provincias Unidas comenzaron a expresar reparos. Lo que parecía un trámite legislativo empezó a parecerse más a un campo minado.
El problema para Milei y su equipo es que no se trata solo de una pulseada coyuntural. Especialistas y dirigentes sindicales advierten que la reforma, tal como está planteada, podría chocar con la Constitución Nacional y con tratados internacionales de jerarquía constitucional. La Organización Internacional del Trabajo exige un esquema tripartito —Estado, empleadores y trabajadores— para discutir cambios de esta magnitud. Nada de eso ocurrió. El proyecto se cocinó a puertas cerradas, se modificó sobre la hora y ahora pretende ser aprobado a las apuradas. La CGT ya lo dejó claro en documentos internos: si la ley avanza, habrá una ofensiva judicial.
Incluso voces con pasado en gobiernos de signo muy distinto al peronismo alertaron sobre los riesgos. Armando Caro Figueroa, ex ministro de Trabajo durante el menemismo, sostuvo que la iniciativa incorpora aspectos que podrían afectar derechos protegidos por convenios de la OIT, ratificados además en acuerdos comerciales recientes. Su advertencia es demoledora porque desarma la narrativa oficial de que se trata solo de una modernización necesaria: hay límites jurídicos y políticos que no se pueden ignorar sin pagar costos.
El trasfondo de todo este episodio revela una constante del gobierno libertario: la creencia de que el conflicto social es un daño colateral aceptable, casi deseable, en nombre de una supuesta eficiencia económica. Pero la historia argentina muestra que cuando se toca el salario y la salud de los trabajadores, la reacción no tarda en llegar. La CGT no solo rechaza el artículo de las licencias; cuestiona también las restricciones al derecho de huelga, los cambios en indemnizaciones, el banco de horas, las vacaciones y las limitaciones a las asambleas sindicales. Es decir, el paquete completo.
La convocatoria al paro general no surge de un capricho ni de una nostalgia combativa. Surge de la percepción de que el Gobierno eligió avanzar sin consenso, forzar los tiempos y profundizar una lógica regresiva en materia de derechos laborales. Milei prometió dinamitar el “statu quo”, pero en ese camino parece decidido a dinamitar también los puentes políticos y sociales que sostienen la gobernabilidad. El paro que se avecina no es solo una protesta: es una señal de alarma. Y, como suele ocurrir en la Argentina, cuando el mundo del trabajo se pone de pie, el ruido se escucha mucho más allá del Congreso.
Fuente:
https://www.lapoliticaonline.com/economia/la-cgt-anticipo-una-gran-huelga-contra-la-aprobacion-de-la-reforma-laboral-en-diputados/
https://www.infobae.com/politica/2026/02/16/la-cgt-confirmo-un-paro-general-de-24-horas-el-dia-que-se-trate-la-reforma-laboral-en-diputados/
https://www.pagina12.com.ar/2026/02/16/la-cgt-confirmo-que-habra-paro-general-el-dia-que-se-trate-la-reforma-laboral/
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