La negativa oficial a actualizar el Índice de Precios al Consumidor expone una decisión política que busca disimular los tarifazos, licuar ingresos y sostener un relato de desinflación que no resiste el contraste con la vida cotidiana. La salida de Marco Lavagna del INDEC terminó de revelar una operación que tiene consecuencias directas sobre jubilaciones, salarios y pobreza.
Detrás de la discusión técnica sobre el IPC se esconde una maniobra política de alto impacto social. El Gobierno de Javier Milei decidió frenar la actualización del índice de inflación para evitar que el peso de las tarifas, el transporte, la educación y los servicios deje en evidencia el verdadero costo del ajuste libertario.
El conflicto en torno al INDEC no es un debate metodológico ni una discusión académica sobre estadísticas públicas. Es una disputa política de fondo que revela hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno de Javier Milei para sostener un relato económico que ya empezó a resquebrajarse. La decisión de intervenir el organismo, bloquear la publicación del nuevo Índice de Precios al Consumidor y forzar la salida de Marco Lavagna no responde a un problema técnico sino a una necesidad urgente: ocultar el verdadero impacto del ajuste sobre el bolsillo de la población.
Con el correr de las horas, los datos comenzaron a hablar con una contundencia que incomoda. Dos informes privados, abordando el problema desde ángulos distintos, llegaron a la misma conclusión que el Gobierno intenta tapar: si se aplicara la metodología actualizada del IPC, la inflación sería más alta y dejaría al desnudo que los rubros que más aumentaron durante la gestión libertaria son precisamente los que más pesan en el gasto real de los hogares. Tarifas, transporte, comunicaciones, educación, recreación y cultura no sólo subieron por encima del promedio general, sino que además ganarían mayor peso en la medición oficial. Exactamente lo que Milei y Caputo quieren evitar.
El estudio del Instituto Argentina Grande es demoledor. Muestra que cinco de los seis rubros que tendrían mayor incidencia en el nuevo IPC registraron subas muy superiores a la inflación general desde que Milei llegó al poder. Las tarifas de luz, agua y gas, que en la vieja metodología basada en 2004 representaban poco más del 11 por ciento del índice, pasarían a superar el 14 por ciento. ¿El problema para el Gobierno? Que esos servicios aumentaron un 461 por ciento frente a una inflación acumulada del 259 por ciento. Sincerar el índice sería, lisa y llanamente, sincerar el daño que los tarifazos ya provocaron y el que todavía está por venir.
El transporte siguió una lógica similar, con incrementos del 313 por ciento, mientras que comunicaciones trepó un 347 por ciento, educación un 336 por ciento y recreación y cultura un 230 por ciento. Todos rubros esenciales para la vida cotidiana, todos con mayor peso en la nueva canasta, todos incómodos para un Gobierno que necesita mostrar una desaceleración inflacionaria aunque esa desaceleración sea más discursiva que real. El nuevo IPC no era una amenaza abstracta: era un espejo demasiado fiel de la Argentina del ajuste.
En ese contexto, la decisión presidencial de frenar la publicación del nuevo índice no fue un error ni una improvisación. Fue una orden política directa. El INDEC fue intervenido para que no muestre lo que el Ejecutivo no quiere que se vea. Y cuando Marco Lavagna se negó a convalidar una medición que ya no sólo era poco representativa sino también irregular, su salida se volvió inevitable. No por su pasado político ni por diferencias personales, sino porque la inflación empezó a volver a subir en el peor momento para el relato oficial.
La versión que intentó instalar el ministro Luis Caputo —según la cual el nuevo IPC no mostraría diferencias significativas— quedó rápidamente desmentida. Una de las consultoras más prestigiosas de la City midió la inflación de enero utilizando la metodología que el Gobierno decidió censurar y el resultado fue claro: el aumento de precios alcanzó el 3 por ciento, por encima del 2,5 por ciento que esperaba el oficialismo y también por encima del dato que arroja la vieja metodología. El motivo vuelve a ser el mismo: el impacto de los aumentos tarifarios, muchos de ellos aplicados retroactivamente y con mayor peso en el nuevo esquema de ponderaciones.
El propio informe explica que los nuevos cuadros tarifarios provinciales, publicados recién a comienzos de febrero pero conocidos por el INDEC desde diciembre, hubieran tenido un impacto adicional de 0,8 puntos porcentuales en el nuevo IPC, contra apenas 0,5 puntos en el índice viejo. Lo mismo ocurre con las tarifas de servicios públicos nacionales, cuyo peso relativo también es mayor en la metodología actualizada. Es decir, cuanto más realista es el índice, más incómodos se vuelven los números para el Gobierno.
Frente a esta evidencia, Caputo optó por sincerar algo que hasta entonces se intentaba disimular. Admitió públicamente que el Presidente no estaba de acuerdo con la nueva metodología y que esa fue la razón central de la salida de Lavagna. Con una naturalidad alarmante, el ministro confirmó que el Gobierno seguirá utilizando un índice del año 2004 hasta que, según sus palabras, se “consolide el proceso de desinflación”. Traducido al lenguaje llano: se seguirá midiendo mal mientras medir bien complique el relato.
La justificación es endeble y contradictoria. Caputo argumenta que los patrones de consumo actuales difieren de los de 2018, pero al mismo tiempo sostiene que es razonable seguir usando una canasta de 2004. Promete una nueva encuesta de hogares, sin fechas ni plazos, que convenientemente podría aparecer después de las elecciones de 2027. Mientras tanto, millones de jubilados, trabajadores y beneficiarios de programas sociales verán cómo sus ingresos se ajustan por un índice que subestima el costo real de vivir en la Argentina de Milei.
Las consecuencias no son técnicas, son sociales. Cada punto que se licúa en el IPC se traduce en jubilaciones más bajas, asignaciones desactualizadas, salarios que pierden contra los precios y estadísticas oficiales que maquillan pobreza y caída del consumo. El índice no es un dato neutro: es una herramienta de poder. Y el Gobierno decidió usarla para esconder el ajuste en lugar de para reflejar la realidad.
Como si hiciera falta reforzar el mensaje disciplinador, la ministra Patricia Bullrich salió a cuestionar a Lavagna por no “comprender” que trabajaba para un equipo y sugirió, fiel a su estilo, que su renuncia pudo haber sido una maniobra deliberada contra el Gobierno. El mensaje es claro: en la Argentina libertaria, incluso las estadísticas deben alinearse con el poder político.
Lo que queda al descubierto es una paradoja inquietante. Un gobierno que llegó prometiendo transparencia y verdad decide intervenir el organismo encargado de medir la inflación para no mostrarla. Un Presidente que se presenta como enemigo de la casta reproduce prácticas de manipulación que remiten a los peores momentos de la historia estadística del país. Y un ajuste que se proclama exitoso necesita esconder sus efectos reales para sostenerse.
El INDEC intervenido no es un episodio aislado. Es una pieza central de un modelo que necesita ocultar el costo social de sus decisiones. Porque cuando el índice refleja lo que pasa en las casas, en las boletas y en el transporte, el relato de la desinflación se vuelve insostenible. Y entonces, para Milei, el problema no es la inflación. El problema es que se note.
Fuente:
https://www.pagina12.com.ar/2026/02/04/milei-esconde-a-los-rubros-que-mas-aumentaron/
https://www.pagina12.com.ar/2026/02/05/caputo-dijo-que-milei-no-queria-la-nueva-forma-de-calcular-la-inflacion/
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