La designación de Gastón Salmain para manejar hasta cuatro juzgados federales expone una trama de impunidad, corporativismo y parálisis institucional en plena crisis de credibilidad del sistema judicial. Mientras enfrenta graves acusaciones por cohecho y prevaricato, y tiene prohibido salir del país, el juez federal de Rosario suma subrogancias y poder. El caso desnuda el deterioro de los controles judiciales bajo un Estado que, lejos de fortalecerlos, los deja correr.
El Poder Judicial argentino acaba de regalar una escena difícil de explicar sin sonrojarse. En Santa Fe, un juez federal procesado por delitos de corrupción de extrema gravedad institucional no sólo continúa en funciones, sino que amplía su radio de poder y pasa a manejar hasta cuatro juzgados al mismo tiempo. El protagonista es Gastón Salmain, magistrado de Rosario imputado por intentar cobrar una coima de 200 mil dólares, con prohibición de salida del país y un historial previo que ya lo había expulsado del Poder Judicial hace más de dos décadas. Aun así, la maquinaria institucional decidió premiarlo con más expedientes, más competencia y más salario.
La decisión, adoptada por la Cámara Federal de Rosario, le asigna a Salmain la subrogancia de los juzgados federales Nº1 y Nº2 de Santa Fe durante la licencia del juez Aldo Alurralde, que se extiende del 9 al 19 de febrero. A eso se suma su rol en el Juzgado Federal Nº2 de Rosario y su cargo como titular del Juzgado Nº1 de esa ciudad. En términos concretos, un magistrado cuestionado por fiscales y colegas, y procesado por hechos que involucran corrupción cambiaria, tendrá bajo su firma decisiones que afectan la libertad, el patrimonio y los derechos de personas y empresas en dos de las ciudades más importantes de la provincia.
El trasfondo judicial del caso es tan grave como conocido. El 26 de diciembre pasado, el juez federal Carlos Vera Barros procesó a Salmain por cohecho pasivo agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y prevaricato. Según la causa, Salmain intentó cobrar un soborno a cambio de dictar una medida cautelar que obligó al Banco Central de la República Argentina a vender 10 millones de dólares en billetes a un fideicomiso manejado por el financista rosarino Fernando Whpei, en pleno contexto de restricciones cambiarias. La operatoria habría permitido una ganancia ilegal de 200 mil dólares producto de la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el blue. El procesamiento incluyó además un embargo por 200 mil dólares.
Lejos de tratarse de una sospecha endeble, la acusación se apoya en la confesión de un empresario arrepentido, corroborada por localizaciones telefónicas y otros elementos probatorios. Aun así, Salmain no está detenido. El único motivo es tan simple como inquietante: sus fueros como juez federal. El privilegio corporativo funciona como un escudo que lo mantiene sentado en su despacho mientras el expediente avanza con una lentitud que ya es marca registrada del sistema.
La pregunta que flota en tribunales y fuera de ellos es inevitable: ¿cómo puede un magistrado procesado por corrupción seguir acumulando poder judicial? La respuesta oficial apela a la tradición y a la escasez de recursos humanos. En la Cámara Federal de Rosario sostienen que desde hace más de 40 años se asignan subrogancias al juez más cercano geográficamente y que sólo hay cuatro magistrados disponibles para cubrir once juzgados, todos ya sobrecargados de trabajo. Romper ese esquema, aseguran, abriría la puerta a recusaciones y dilaciones.
Pero esa explicación formal apenas tapa una realidad mucho más incómoda. El camarista Aníbal Pineda, quien firmó la resolución que beneficia a Salmain, deberá resolver en las próximas semanas la apelación del procesamiento por la coima vinculada al fideicomiso. Si no le asignaba la subrogancia, dicen en tribunales, Salmain podría alegar prejuzgamiento y recusarlo, una práctica que el propio juez procesado utiliza de manera sistemática bajo el argumento de ser víctima de un complot de magistrados y periodistas. Para evitar ser apartado de la causa, la Cámara optó por el camino más polémico: darle más poder al juez cuestionado.
El resultado es una paradoja institucional difícil de digerir. Para garantizar la “celeridad” de una causa por corrupción, se habilita a un magistrado con antecedentes gravísimos a controlar nuevos juzgados. El remedio parece peor que la enfermedad. La lógica corporativa prioriza el equilibrio interno del Poder Judicial por sobre la confianza pública y la calidad institucional. En ese esquema, la ética judicial queda relegada a una nota al pie.
El caso Salmain no es un rayo en cielo despejado. Es la consecuencia directa de la inacción del Consejo de la Magistratura de la Nación, que desde hace más de ocho meses acumula denuncias contra el juez, incluidas las presentadas por la diputada provincial santafesina Lionella Cattalini. La historia reciente demuestra que esa parálisis no es excepcional. El antecedente del juez rosarino Marcelo Bailaque, denunciado en 2020 y recién apartado cuatro años después, cuando ya cumplía prisión domiciliaria por extorsión y corrupción, funciona como un espejo incómodo. En ese contexto, que Salmain lleve ocho meses sin ser suspendido parece casi “normal”.
El propio recorrido del magistrado agrava el cuadro. En 2002, la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo expulsó del Poder Judicial cuando era empleado por ofrecer una coima a una secretaria encargada de los sorteos de expedientes, con el objetivo de direccionar una causa. Ese episodio no fue consignado en su currículum cuando concursó para ser juez, omisión que hoy también es objeto de investigación. Aun así, en 2023 logró ser designado juez federal en Rosario y juró su cargo con la presencia del ministro de la Corte Ricardo Lorenzetti. La escena, vista en retrospectiva, condensa la liviandad con la que se manejan los antecedentes en el acceso a cargos clave del sistema judicial.
Todo esto ocurre en un contexto político marcado por el discurso de “mano dura” y anticorrupción del gobierno de Javier Milei. Sin embargo, la realidad muestra otra cosa. Lejos de impulsar reformas que aceleren los mecanismos de control y sanción dentro del Poder Judicial, el Estado nacional asiste pasivamente a un proceso de degradación institucional que mina la credibilidad pública. La Justicia aparece como un territorio autónomo, blindado, donde los tiempos y las reglas se acomodan para proteger a los propios, incluso cuando las acusaciones son de una gravedad extrema.
La situación es inédita y peligrosa. Durante los próximos días, un juez que, según la opinión de fiscales y colegas, debería estar detenido, tendrá en sus manos decisiones sensibles en materia penal, civil, comercial y contencioso-administrativa. No se trata sólo de un problema jurídico, sino de un mensaje político devastador: la corrupción judicial no sólo no se castiga, sino que se tolera y, en los hechos, se recompensa.
El caso Salmain expone con crudeza la crisis de legitimidad del Poder Judicial argentino. También interpela a un gobierno que promete transparencia pero convive sin sobresaltos con estas prácticas. En un país atravesado por la desconfianza social y el hartazgo frente a los privilegios, sostener este esquema no es una simple omisión. Es una decisión política con consecuencias profundas para la democracia y el Estado de Derecho.
Fuente:
https://www.lapoliticaonline.com/santa-fe/un-juez-federal-de-rosario-procesado-por-corrupcion-manejara-tres-juzgados-8486/
https://viaszeta.com/2026/02/06/un-juez-federal-sospechado-de-corrupcion-y-con-pedido-de-detencion-fue-premiado-con-un-nuevo-juzgado/
