Desalojos, derrumbes y abandono: la política habitacional del macrismo porteño en sintonía con el ajuste de Milei
Mientras el gobierno nacional de Javier Milei promueve un Estado ausente y celebra el retiro de lo público como dogma, la Ciudad de Buenos Aires profundiza una política de desalojos, derrumbes y expulsión social que deja a miles de personas sin techo, sin respuestas y sin derechos efectivos.
La demolición de una vivienda en el barrio de La Boca y el desalojo de siete familias no es un hecho aislado: es la expresión concreta de un modelo urbano que prioriza el negocio inmobiliario y la lógica del mercado por encima del derecho constitucional a la vivienda.
La escena ocurrió en Carlos F. Melo 586, en La Boca, pero podría haber sucedido en cualquier otro rincón de la Ciudad de Buenos Aires. Un operativo temprano, policías, funcionarios, una empresa privada de demolición y una orden administrativa bastaron para que una vivienda fuera derrumbada y siete familias quedaran, de un día para el otro, sin hogar. La excusa formal fue el “peligro de derrumbe”, una figura cada vez más utilizada por el gobierno porteño para avanzar en desalojos sin ofrecer soluciones habitacionales reales. El resultado fue inmediato y brutal: cinco familias continúan sin techo y apenas dos fueron enviadas a un hotel del conurbano bonaerense, lejos de su barrio, de sus redes sociales y de su vida cotidiana.
Lo ocurrido en Melo 586 no puede leerse como un episodio aislado ni como una respuesta técnica a un problema edilicio. Se inscribe en una política sistemática que, bajo la gestión de Jorge Macri, ya expulsó a más de 3.000 personas de sus viviendas desde diciembre de 2023. Entre ellas, 1.060 son niños, niñas y adolescentes. Los datos no provienen de organizaciones militantes ni de denuncias abstractas: surgen de información oficial obtenida mediante un pedido de acceso a la información pública. Son cifras que desnudan una política de Estado que tiene consecuencias humanas profundas y duraderas.
En La Boca, las familias afectadas y las organizaciones del barrio sostienen que el conventillo lindero, ubicado en Melo 580, no presenta riesgo de derrumbe y que existen alternativas de refacción y reconstrucción que permitirían preservar las viviendas y garantizar la seguridad sin expulsar a nadie. De hecho, plantearon formalmente la presentación de un plan de obra, el procedimiento administrativo previsto para estos casos. Sin embargo, la respuesta del gobierno porteño fue categórica: la clausura no se levanta. La decisión política parece estar tomada de antemano y no admite matices técnicos ni instancias de diálogo reales.
La desconfianza de los vecinos no es infundada. La Boca es una zona históricamente postergada pero estratégicamente codiciada por el desarrollo turístico e inmobiliario. En ese contexto, los desalojos por “peligro de derrumbe” funcionan como una herramienta eficaz para vaciar propiedades, desplazar población vulnerable y liberar suelo urbano para futuros negocios. La política habitacional se convierte así en una política de expulsión, donde el Estado actúa como garante de los intereses del mercado inmobiliario.
El caso de Melo 586 expone además una dimensión simbólica y humana que agrava aún más la situación. Durante el operativo de demolición, los vecinos intentaron impedir que fuera destruido el santuario de “Pitu” y “Pola”, dos hermanos que murieron en un incendio ocurrido en ese mismo lugar en 2013. El forcejeo con la policía para proteger un altar habla de algo más profundo que una disputa edilicia: revela el desprecio institucional por la memoria, el arraigo y la historia de quienes habitan esos espacios.
Mientras tanto, la respuesta habitacional del Gobierno de la Ciudad se reduce a subsidios insuficientes y soluciones transitorias que no resuelven el problema de fondo. El monto que se ofrece a las familias desalojadas no cubre ni el 25% del valor de un alquiler en la Ciudad de Buenos Aires. En un contexto donde un departamento de dos ambientes supera ampliamente los 600.000 pesos mensuales, recibir entre 159.000 y 227.000 pesos no es una ayuda, es una ficción administrativa que permite al Estado deslindar responsabilidades.
La situación se vuelve aún más grave cuando se analizan las cifras globales. Según la información oficial, detrás de la “recuperación” de 551 inmuebles se desalojaron 826 familias, integradas por al menos 2.725 personas. Sin embargo, al desglosar los datos por edades, la propia administración porteña reconoce que el número asciende a 3.228 personas. La contradicción numérica no es menor: refleja desorden, falta de seguimiento y una preocupante ausencia de registros sistematizados sobre el destino de quienes son expulsados de sus hogares.
El gobierno de la Ciudad admite, además, que no dispone de información sobre cuántas de las personas desalojadas tienen discapacidad, ni sabe con precisión dónde viven hoy esas familias, si lograron alquilar, si permanecen en la Ciudad o si terminaron durmiendo en paradores o en la calle. La política pública se ejecuta sin diagnóstico integral y sin evaluación posterior. Se desaloja primero y se pregunta después, si es que alguien pregunta.
Esta lógica se profundiza en el marco de la feria judicial, cuando los desalojos ordenados por la Justicia se ralentizan y el Ejecutivo porteño avanza con clausuras administrativas por supuestos riesgos estructurales. Organizaciones que trabajan por el derecho a la vivienda advierten que estos procedimientos son sumamente irregulares, ya que se realizan sin informes técnicos independientes y sin permitir que las familias presenten peritos de parte. El “peligro de derrumbe” se convierte así en una herramienta discrecional, funcional a una política de expulsión acelerada.
El discurso oficial intenta presentar estos desalojos como una defensa de la propiedad privada y del orden urbano. Sin embargo, detrás de cada operativo hay historias de vida atravesadas por la precariedad, la falta de acceso a créditos, la ausencia de políticas de vivienda social y el encarecimiento brutal del alquiler. La pregunta de fondo sigue sin respuesta: ¿quién está realmente dispuesto a defender la vivienda como un derecho y no como una mercancía?
En este punto, la sintonía con el gobierno nacional de Javier Milei es evidente. Mientras desde la Casa Rosada se promueve un ajuste salvaje, se desfinancian políticas sociales y se demoniza la intervención estatal, en la Ciudad de Buenos Aires se aplica un modelo que reduce el derecho a la vivienda a una cuestión individual, desligando al Estado de su obligación constitucional. El resultado es una ciudad cada vez más elitista, más excluyente y menos habitable para quienes no son propietarios ni rentistas.
La demolición en La Boca y los más de 3.000 desalojos no son errores de gestión ni excesos puntuales. Son la consecuencia directa de una concepción ideológica que entiende la ciudad como un espacio de negocios y no como un territorio de derechos. En ese esquema, las familias pobres sobran, los niños desalojados no cuentan y la emergencia habitacional se administra con planillas de Excel y discursos de marketing político.
Frente a este panorama, la falta de respuestas concretas, de planes de obra, de reubicaciones dignas y de políticas integrales de vivienda no es una falla técnica: es una decisión política. Y como toda decisión política, tiene responsables claros y consecuencias que ya no se pueden ocultar detrás de eufemismos administrativos ni de relatos de eficiencia.
Fuente:
https://www.tiempoar.com.ar/ta_article/caba-vivienda-desalojo-7-familias/
https://www.tiempoar.com.ar/ta_article/jorge-macri-desalojo-3000-personas-1060-ninos/
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