La catástrofe que Milei ignora: El norte bonaerense bajo el agua y una alarmante falta de respuesta de Estado nacional

La provincia de Buenos Aires enfrenta una catástrofe climática que arrasó 38 municipios y dejó víctimas fatales, mientras el gobierno de Javier Milei retiene un fondo de casi un billón de pesos destinado por ley a desastres. La ayuda no llega, las obras están paralizadas y el ajuste muestra su costado más cruel.

(Por Sofía Arregui) El gobernador Axel Kicillof reclama al Ejecutivo nacional el envío del Fondo de Emergencia para catástrofes, creado para atender situaciones como la que atraviesan Campana, Salto y otros distritos del norte provincial. Mientras las aguas retroceden, el abandono del gobierno libertario se hace más evidente que nunca. Las lluvias se llevan casas, caminos y vidas, pero también desnudan una política: la del Estado ausente por decisión ideológica.

Una provincia en crisis, un gobierno que mira para otro lado

En el norte de la provincia de Buenos Aires no sólo llueve agua: llueve bronca, desesperación y abandono. Desde el viernes pasado, 38 distritos bonaerenses fueron golpeados por un temporal que dejó tres muertos, miles de evacuados, viviendas destruidas y rutas anegadas. En Campana todavía hay zonas bajo un metro y medio de agua. En Salto, el drenaje es tan lento como la respuesta del gobierno nacional. La emergencia es real, tangible, dolorosa. Pero en la Casa Rosada, el silencio es atronador.

El gobernador Axel Kicillof no se quedó esperando milagros. Encabezó reuniones del Comité de Emergencia, recorrió los distritos más afectados, articuló la asistencia inmediata junto a su gabinete y a los intendentes. Coordinó la entrega de alimentos, colchones, frazadas, kits de limpieza, chapas, bidones de agua, ropa y zapatillas. Montó operativos de seguridad y definió una agenda urgente de reconstrucción y obras hidráulicas. Pero hay algo que no puede hacer solo: destrabar el fondo específico para catástrofes que acumula cerca de un billón de pesos y que, por ley, debe ser utilizado ante crisis como la actual. Ese fondo depende del gobierno de Javier Milei. Y, hasta el momento, no apareció ni un peso.

Catástrofe climática, catástrofe política

Lo que sucede en el norte bonaerense no es simplemente un fenómeno meteorológico excepcional. Es la consecuencia directa de una política nacional que decidió frenar obras hidráulicas ya licitadas o en ejecución, desfinanciar a las provincias, destruir los mecanismos de asistencia y recortar brutalmente los presupuestos en infraestructura. El ajuste libertario no es una abstracción macroeconómica: tiene efectos concretos y devastadores. Cuando se para una obra, no se ahorra dinero. Se expone a una comunidad. Se multiplica el riesgo. Se potencia la tragedia.

Kicillof fue claro y directo: las obras que hubieran evitado gran parte de esta catástrofe ya estaban planificadas y en marcha. Diez proyectos hidráulicos fundamentales quedaron paralizados o sin financiamiento por decisión del Ejecutivo nacional. Ahora, la provincia evalúa retomarlas con fondos propios, aunque sabe que no alcanza. Las arcas bonaerenses no pueden cubrir lo que el Estado nacional abandonó por razones ideológicas. Porque en la lógica del mileísmo, toda inversión pública es gasto superfluo, todo auxilio es populismo, toda catástrofe es ajena.

Pero la realidad es más cruda que la retórica liberal. Y se impone como el agua que arrasa con todo a su paso.

La emergencia no espera decretos ni excusas

Mientras Javier Milei agita fantasmas de casta y se pasea por eventos internacionales dando conferencias contra el Estado, en su propio país cientos de familias lo perdieron todo. La foto que no aparece en los discursos libertarios es la de una madre con sus hijos evacuados, con el agua hasta las rodillas, esperando una ayuda que no llega. Es la del productor rural que ve su campo inundado porque una represa no se terminó. Es la del bombero voluntario que remonta una canoa entre calles que ayer eran asfalto.

No hay que ser ingeniero hidráulico para entender que las inundaciones son evitables. Lo saben los intendentes, lo saben los vecinos, lo saben incluso los técnicos del propio Estado nacional. Pero lo que falta no es información, sino decisión política. El fondo para emergencias existe. Está contemplado por ley. Es de uso específico. Pero el gobierno de Milei, en su cruzada antisistema, prefiere mirar para otro lado. Porque admitir la necesidad de asistir a una provincia sería reconocer el rol del Estado. Y eso, para los libertarios, es una blasfemia.

Una respuesta que se construye con acción, no con eslóganes

El contraste no podría ser más evidente. Mientras la provincia de Buenos Aires organiza operativos de asistencia, planifica la reconstrucción y exige lo que le corresponde, el gobierno nacional opta por la indiferencia. Es una narrativa cruel: si el Estado nacional no interviene ante una catástrofe que afecta a casi cuarenta municipios y deja muertos, ¿cuándo lo hará? ¿Cuántas tragedias más son necesarias para que se active el fondo específico de emergencias? ¿O acaso ese billón de pesos está reservado para salvar bancos, no vidas?

El ministro Gabriel Katopodis fue tajante: “Esta tormenta triplicó los registros históricos”. No es una lluvia más. Es un evento extremo. Y por eso mismo, es el test de estrés de una política pública. Hoy, esa política pública no responde. El ajuste no sólo congela obras y despide empleados. También posterga auxilios, interrumpe cadenas de ayuda y pone en riesgo la vida de miles de personas. No es simplemente una cuestión de ineficiencia: es una política deliberada de desprotección.

Una advertencia que se convierte en denuncia

Kicillof no dudó en señalar lo que muchos piensan: hay un Estado nacional ausente, una Nación que se desentiende de las provincias. Y hay un modelo que, en nombre de la eficiencia, está destruyendo los mecanismos básicos de cuidado. El gobernador fue contundente: “No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras el gobierno nacional no realiza las obras que necesitan los bonaerenses”. La frase tiene la potencia de un diagnóstico y la urgencia de una denuncia.

Porque no se trata sólo del agua que baja lentamente en Campana o Salto. Se trata del desprecio por los más vulnerables, de la insensibilidad de un proyecto que cree que la vida es una variable de mercado. Se trata de elegir entre el blindaje financiero o la dignidad humana.

Un final que todavía no llegó, pero ya dice demasiado

Las lluvias cesan, el agua baja, los evacuados vuelven a sus casas. Pero el daño está hecho. Y la respuesta del gobierno nacional sigue ausente. No hay anuncio, no hay decreto, no hay transferencia. El fondo para catástrofes sigue guardado, como si el desastre fuera ajeno, como si las provincias fueran un costo a recortar. Como si los muertos no fueran también ciudadanos argentinos.

En cada cuadra inundada, en cada casa destruida, en cada vecino que lo perdió todo, hay una historia que interpela y una pregunta que incomoda: ¿de qué sirve un Estado que abandona a su gente cuando más lo necesita?

Porque cuando el Estado se retira, el agua no perdona. Y el olvido, tampoco.