Días después de que la Corte Suprema de Justicia emitiera un fallo que favorece la liberación de represores condenados por delitos de lesa humanidad, Patricia Bullrich fue fotografiada abrazándose con Cecilia Pando, una de las principales activistas que milita por la libertad de los genocidas. El gesto, lejos de ser casual, confirma la afinidad ideológica de la ministra con los sectores que buscan desandar las conquistas del “Nunca Más”.
El abrazo entre Patricia Bullrich y Cecilia Pando no fue un acto privado ni una muestra de cortesía inocente. Ocurre en el momento justo en que la Corte Suprema dictó un fallo que podría beneficiar a cientos de represores al cuestionar la extensión de las prisiones preventivas en causas por delitos de lesa humanidad. Esa coincidencia temporal no es menor: mientras el máximo tribunal da señales de indulgencia hacia los genocidas, la ministra de Seguridad del gobierno de Javier Milei se muestra públicamente con una figura que lleva dos décadas reclamando por la liberación de los responsables del terrorismo de Estado.
Luciana Bertoia, periodista especializada en temas judiciales y de derechos humanos, lo resumió con precisión en su cuenta de X: “Días después de que la Corte sacó un fallo que favorece la liberación de los represores, Patricia Bullrich estuvo a los abrazos con Cecilia Pando, una de las activistas que más reclamó esa ‘solución’”. El mensaje fue claro y contundente. La imagen de Bullrich abrazando a Pando no necesita explicación: condensa una alianza política y simbólica que hiere de lleno al corazón de la memoria democrática argentina.
El fallo de la Corte, según organismos de derechos humanos, representa un gravísimo retroceso. Obliga a los tribunales inferiores a justificar con mayor detalle la prolongación de las prisiones preventivas en causas de lesa humanidad, abriendo así la puerta a que numerosos represores obtengan beneficios o excarcelaciones. Organizaciones como Abuelas de Plaza de Mayo, el CELS y HIJOS advirtieron que se trata de una maniobra jurídica para “erosionar el proceso de verdad y justicia” que llevó más de 40 años de construcción social y política. En ese contexto, la foto de la ministra abrazando a quien representa el reclamo más duro por la libertad de los genocidas fue percibida como una provocación.
Cecilia Pando no es una figura menor. Es la cara visible de los sectores que desde los años 2000 reclaman el fin de los juicios de lesa humanidad. Fue condenada en distintas ocasiones por actos de vandalismo, amenazas e injurias, y se hizo conocida por manifestarse con carteles en defensa de los represores frente a los tribunales. Su discurso mezcla la negación del genocidio con la exaltación del “combate contra la subversión”, un eufemismo que busca justificar los crímenes del Estado terrorista. Su abrazo con Bullrich simboliza el encuentro entre la derecha política institucional y la derecha negacionista que busca reescribir la historia.
Bullrich, por su parte, ya había dado señales de su cercanía ideológica con estos sectores. En 2023, durante su campaña presidencial, firmó una carta compromiso dirigida a las Fuerzas Armadas donde prometía una “salida justa” para los militares condenados, alegando que muchos habían recibido un “trato inequitativo”. Esa expresión fue leída como un intento de rehabilitar políticamente a los genocidas bajo el lenguaje de la reconciliación nacional. Hoy, ya en el gobierno, su abrazo con Pando materializa aquella promesa.
El gesto tiene además una lectura institucional preocupante. Bullrich no es una dirigente cualquiera: es la ministra encargada de las fuerzas federales, de la seguridad interior y del control del orden público. Que una funcionaria con ese poder simbólico y operativo se abrace con quien niega los crímenes del Estado no puede interpretarse como un acto personal, sino como una toma de posición. Es una señal hacia los sectores castrenses y los grupos ultraconservadores que ven en este gobierno una oportunidad para recuperar terreno perdido desde el Juicio a las Juntas.
El gobierno de Javier Milei ha mostrado una línea coherente con esa lógica: relativiza los años de dictadura, promueve el negacionismo histórico y busca desmantelar las políticas de memoria. La vicepresidenta Victoria Villarruel, defensora pública de los militares condenados, encarna ese revisionismo de manera abierta. El abrazo de Bullrich con Pando completa la escena: mientras la Corte prepara el terreno judicial, el Poder Ejecutivo se encarga de construir el marco político y simbólico que legitime la impunidad.
El “Nunca Más” no fue solo una consigna moral, sino un pacto social que selló el regreso de la democracia. Su erosión, pieza por pieza, comienza con estos gestos que parecen menores, pero que contienen una carga política enorme. Un abrazo puede ser solo un gesto, pero cuando lo protagonizan dos mujeres que representan, cada una a su manera, el proyecto de impunidad, se convierte en una advertencia. Porque lo que está en juego no es solo la memoria del pasado, sino el pacto de justicia del presente.
Bullrich, que alguna vez militó en las filas del peronismo revolucionario, hoy se muestra del brazo de quien reivindica a sus verdugos. Esa paradoja revela el cinismo de una clase dirigente que ha hecho del oportunismo su marca registrada. Pando, en tanto, sonríe satisfecha: su lucha por los represores encuentra eco en las más altas esferas del poder político.
El abrazo entre ambas no será olvidado fácilmente. Es el símbolo de un tiempo político donde la impunidad se vuelve bandera y donde la memoria vuelve a ser campo de batalla. Frente a eso, la sociedad tiene la obligación de recordar que los genocidas no merecen perdón ni olvido, y que cada gesto de complicidad —por más breve que parezca— es un golpe contra la verdad, la justicia y la dignidad colectiva.
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