El pedido de informes de Pablo Carro y Gabriela Estévez expone la inacción oficial frente a denuncias vecinales sobre filtraciones en la mina de uranio Los Gigantes, cerrada hace más de 25 años. Vecinos, organizaciones ambientales y legisladores acusan al Gobierno de Javier Milei y a la CNEA de ocultar información y desatender la amenaza de contaminación en la principal fuente de agua potable de Córdoba.
La mina de uranio Los Gigantes, clausurada hace más de un cuarto de siglo, se convirtió otra vez en un foco de preocupación pública tras las denuncias sobre la rotura de una geomembrana de contención en el Dique 3. La falla, confirmada por la propia Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), disparó el alerta en las comunidades que dependen del Dique San Roque, principal reservorio de agua potable para Córdoba y gran parte de su región metropolitana.
Los diputados nacionales Pablo Carro y Gabriela Estévez, del bloque de Unión por la Patria, presentaron un pedido de informes en el Congreso para que el Poder Ejecutivo explique con claridad cuál es el estado actual de la mina, cuáles fueron las medidas tomadas y qué garantías reales existen de que no hay filtraciones radiactivas en los cursos de agua. La urgencia no es un capricho político: los vecinos de la zona sostienen que las pérdidas continúan pese a las supuestas reparaciones, y acusan a la CNEA de maquillar datos para evitar un escándalo ambiental de proporciones.
La CNEA admitió que el daño fue producto de vientos de más de 100 kilómetros por hora, un argumento que revela la fragilidad de la infraestructura y el abandono estatal de un complejo ubicado en una de las nacientes hídricas más delicadas del país. El riesgo no se limita al ecosistema: si el agua del río San Antonio, que desemboca en el San Roque, se contamina, la salud de cientos de miles de cordobeses quedaría directamente comprometida.
La Asociación de Amigos del Río San Antonio (ADARSA) fue categórica: los gobiernos nacionales y provinciales recibieron fondos millonarios para remediar el desastre ambiental que dejó la explotación del uranio, pero jamás concretaron las obras necesarias. Hoy, un cuarto de siglo después del cierre de la mina, las comunidades siguen viviendo bajo la sombra de un peligro que debería haber quedado en el pasado. La organización denuncia que se juega con la vida y el agua de la población, que no puede seguir atrapada en la incertidumbre mientras se multiplican las versiones oficiales sin respaldo técnico independiente.
El gobierno de Javier Milei, obsesionado con ajustar partidas sociales y desfinanciar organismos clave, muestra la misma irresponsabilidad con la política ambiental: silencio, improvisación y desprecio por las advertencias científicas. La situación de Los Gigantes es una radiografía brutal de esa lógica. Ante la falta de controles, la ausencia de transparencia y la desidia oficial, el reclamo de vecinos, ambientalistas y legisladores se vuelve un grito de supervivencia.
Lo que está en juego no es una disputa técnica, sino la seguridad de una de las principales fuentes de agua potable de Argentina. Las respuestas del gobierno no pueden seguir siendo parches comunicacionales o promesas vagas. La sociedad cordobesa exige certezas, estudios serios y una remediación integral que no se dilate otros 25 años. Cada día que pasa sin acciones concretas agrava el riesgo y desnuda el costo real de un modelo político que subordina la salud pública al ajuste económico.
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