La caída de un poder intocable: corrupción, justicia degradada y un Estado que mira para otro lado
Bajada
La condena al exjuez federal Walter Bento desnuda una trama sistemática de corrupción judicial que funcionó durante años en Mendoza. El fallo no sólo expone delitos gravísimos, sino que vuelve a poner en discusión el rol del Estado y la pasividad política frente a la degradación institucional, en un contexto donde el gobierno de Javier Milei recorta controles y vacía organismos clave.
El fallo que declaró culpable a Walter Bento no es un episodio aislado ni un rayo en cielo despejado. Es, por el contrario, la confirmación judicial de algo que en los pasillos del poder se murmuraba desde hacía años: que en el Juzgado Federal N.º 1 de Mendoza funcionó una estructura criminal organizada, permanente y aceitada, con un juez federal en el centro de la escena. No se trató de desvíos menores ni de errores administrativos, sino de una maquinaria de coimas, amenazas, favores judiciales y lavado de activos que degradó la función misma de la Justicia.
El Tribunal Oral Federal 2 de Mendoza fue categórico. Consideró probado que Bento encabezó una asociación ilícita destinada a obtener beneficios económicos ilegales a cambio de resoluciones judiciales favorables. La sentencia habló de una “expresión paradigmática de corrupción judicial”, una definición que no se usa a la ligera y que remarca la gravedad institucional del caso. Cuando quien debe garantizar la legalidad se convierte en el jefe de una red criminal, el daño no es sólo penal: es político, social y moral.
La escena del veredicto tuvo una potencia simbólica difícil de ignorar. Bento escuchó la lectura del fallo en silencio, sentado junto a sus hijos, sin gestos ni reacciones. Traje gris, postura rígida, mirada fija. Mientras la jueza Gretel Diamante enumeraba uno por uno los delitos acreditados —asociación ilícita, cohecho, enriquecimiento ilícito y lavado de activos—, quedaba en evidencia el derrumbe de una figura que durante años ejerció un poder casi absoluto sobre la vida y la libertad de terceros.
Según lo acreditado en el juicio, la organización criminal funcionó al menos desde 2007 y tenía una lógica clara. El primer eslabón eran informantes policiales que operaban sobre personas investigadas o imputadas, a quienes se les exigían sumas de dinero bajo amenaza de consecuencias judiciales graves. La segunda fase se completaba en los despachos: resoluciones favorables, beneficios procesales, decisiones hechas a medida. En ese engranaje, el rol del juez no era accesorio ni marginal. El Tribunal fue contundente al señalar que su intervención era central e imprescindible para que la maniobra se concretara.
La corrupción, además, no se agotó en el cobro de coimas. El fallo dio por probado un entramado de lavado de activos que involucró a familiares y allegados, con bienes registrados a nombre de terceros para ocultar el origen ilegal del dinero. La sentencia menciona incluso la utilización de bienes puestos a nombre de un hijo con discapacidad, un dato que estremece y que muestra hasta dónde llegó la impunidad con la que se manejó la organización. No hubo límites éticos, no hubo frenos internos, no hubo controles eficaces que detuvieran el avance de la corrupción.
Este caso interpela de lleno al sistema judicial, pero también al poder político. Porque una red de estas características no se sostiene durante años sin miradas que se desvían, sin complicidades pasivas, sin una cultura institucional que naturaliza los abusos de poder. La condena llega tarde, después de años de denuncias, sospechas y señales de alerta que no fueron atendidas con la celeridad que la gravedad del caso exigía.
Y llega, además, en un contexto particularmente sensible. Bajo el gobierno de Javier Milei, el discurso oficial insiste en la lucha contra “la casta”, pero en los hechos se desmantelan áreas de control, se recortan presupuestos y se debilita la capacidad del Estado para prevenir y detectar delitos complejos. La corrupción judicial no se combate sólo con consignas incendiarias o con relatos de campaña. Se combate con instituciones fuertes, con controles efectivos y con una política pública que entienda que la transparencia no es un slogan, sino una práctica cotidiana que requiere recursos y voluntad política.
La causa Bento demuestra, además, que la corrupción no es patrimonio exclusivo de la política partidaria. También anida en los tribunales, en los despachos alfombrados, en los expedientes que se cajonean o se aceleran según quién pague. Por eso resulta preocupante que el actual gobierno avance en un esquema de ajuste que golpea precisamente a los organismos que deberían fortalecer la investigación y el control del poder. Menos Estado no significa menos corrupción; muchas veces significa todo lo contrario.
El Tribunal ordenó iniciar de inmediato el juicio de cesura para definir la pena, cuya audiencia se realizará este miércoles. Esa instancia será clave para dimensionar el castigo que recibirá el exmagistrado, pero también para enviar un mensaje claro hacia adentro del Poder Judicial. La sociedad necesita saber que estos delitos no quedan impunes y que el cargo no funciona como un escudo frente a la ley.
Sin embargo, el problema no se agota en una condena individual. El caso Bento obliga a una reflexión más amplia sobre cómo se seleccionan, controlan y evalúan los jueces federales. Obliga a preguntarse cuántas tramas similares pueden seguir funcionando en la oscuridad, protegidas por el silencio corporativo o la desidia política. Obliga, también, a discutir el rol del Estado en la prevención de la corrupción, un debate que hoy parece ausente en la agenda del gobierno nacional.
Mientras el oficialismo recorta, ajusta y desfinancia, la experiencia demuestra que la ausencia del Estado no limpia las instituciones, sino que las deja a merced de los peores intereses. La corrupción judicial no es un accidente: es el resultado de un sistema que tolera abusos, que naturaliza privilegios y que sólo reacciona cuando el escándalo ya es imposible de ocultar.
La condena a Walter Bento es, sin dudas, un fallo histórico. Pero su verdadero valor dependerá de lo que venga después. Si se convierte en un punto de inflexión para fortalecer controles y recuperar la confianza en la Justicia, o si queda como una excepción en un contexto de ajuste y desprotección institucional. En tiempos donde el poder político relativiza el rol del Estado y banaliza los mecanismos de control, la pregunta es incómoda pero necesaria: ¿quién cuida a la Justicia cuando el propio Estado decide correrse de ese lugar?
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