Bajo la administración de Javier Milei y la gestión de Luis Petri en el Ministerio de Defensa, la otrora robusta obra social de las Fuerzas Armadas ha sido reducida a un cascarón vacío, dejando a miles de afiliados a la deriva en un escenario donde el marketing político de la nueva «OSFA» no logra ocultar un desfalco financiero de proporciones escandalosas y el abandono sistemático de quienes dedicaron su vida al servicio de la Patria.
La crisis terminal del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) no es un accidente de la gestión ni un imprevisto administrativo, sino la consecuencia deliberada de una política de estado que ha priorizado el equilibrio de las cuentas públicas por encima de la dignidad y la vida de sus hombres y mujeres de armas. Lo que hoy presenciamos es el quebrantamiento de un contrato social fundamental: el Estado Argentino, que exige lealtad absoluta y el sacrificio de la propia vida a sus uniformados, ha decidido, en un giro de cinismo sin precedentes, que la salud de sus veteranos y personal en actividad es un gasto prescindible. Esta tragedia, orquestada desde los despachos del Ministerio de Defensa bajo la mirada complaciente del gobierno de Javier Milei, se disfraza hoy con un cambio de nombre —la transición hacia la OSFA— que no es más que una estafa semántica, un maquillaje forense sobre un cadáver institucional que busca ocultar un vaciamiento financiero que ha dejado, por ejemplo, a 20.000 afiliados en Mar del Plata sin una sola prestación básica durante meses. El paso de IOSFA a OSFA ha sido presentado como una solución mágica, una refundación necesaria, pero en la práctica ha funcionado como una cortina de humo para diluir responsabilidades sobre una deuda que ya alcanza cifras astronómicas de 210.000 millones de pesos. Mientras el Ministro Luis Petri se enfoca en anuncios de prensa y puestas en escena mediáticas, la realidad territorial muestra una geografía del desastre donde la cobertura es nula en zonas críticas. Esta transición no ha traído eficiencia, sino una incertidumbre que transforma un derecho adquirido por años de aportes obligatorios en una limosna que el Estado ya no se molesta en entregar. El impacto humano de esta deserción logística trasciende los números del déficit y se encarna en el drama de quienes, habiendo entregado su juventud a las fuerzas, hoy se encuentran mendigando atención médica básica en los pasillos de hospitales que ya no reconocen sus carnets.
Para entender la profundidad de esta traición, es imperativo ponerle rostro al desamparo en la trinchera de la vejez. El caso de Carlos Héctor Velázquez, suboficial mayor retirado de 77 años en San Juan, es el síntoma de una enfermedad institucional que ha hecho metástasis. Velázquez no es un nombre en una planilla de Excel; es un veterano que, tras décadas de aportes ininterrumpidos como sus «camaradas de aviación», se encontró solo frente a un diagnóstico oncológico y una infección grave que requirió una cirugía de más de ocho horas. Su relato es desgarrador: tras meses de no saber quién lo atendería y ante la indiferencia absoluta del sistema que devora sus aportes, la desesperación lo llevó a un episodio límite donde empuñó un arma de fuego y se disparó. El estruendo de esa bala, que afortunadamente no terminó con su vida por lo que él llama «una bendición de Dios», fue un grito de auxilio ignorado por la cadena de mando. El silencio del Estado ante ese disparo es atronador. Un héroe de la nación, empujado al borde del suicidio por la negligencia de su propia obra social, es la prueba irrefutable de la ausencia total de compromiso de la gestión actual. Velázquez lo resume con la claridad que solo da la experiencia de mando: «Nunca vi que un comandante en jefe abandonara a sus soldados, a sus familias, a sus hijos y a sus nietos de esta manera». Esta no es una crisis de recursos, es una deserción ética en los niveles más altos del poder político y militar.
Este abandono individual se ramifica en una geografía del olvido que abarca desde los puertos de Mar del Plata y Bahía Blanca hasta los confines de Trelew y el norte tucumano. En Punta Alta, el servicio de diálisis ha sido cortado, condenando a los pacientes crónicos a una sentencia de muerte lenta por falta de pago a proveedores. En Bahía Blanca, militares retirados como Jorge Kuperbank denuncian que los hospitales propios, como el Hospital Naval Puerto Belgrano (HAM), han cercenado servicios vitales, obligando a los afiliados a pagar de su propio bolsillo «cánones» por cada especialidad. El cinismo del sistema es total: el aporte se descuenta religiosamente de los haberes cada mes, pero a la hora de la prestación, el afiliado es un extraño que debe mendigar. La brutalidad administrativa alcanza picos de crueldad en casos como el del suboficial en actividad con cáncer de riñón, quien debió esperar una eternidad de 115 días para que la obra social le entregara su medicación oncológica. Ante la inacción de las autoridades, que se limitaban a decirle que «había solución» mientras el tumor avanzaba, el hombre tuvo que viajar personalmente a Buenos Aires para arrancar de las oficinas centrales lo que por derecho le correspondía. El sistema de reintegros es, en la práctica, una burla a la economía de cualquier familia militar: pagar 265.000 pesos por una biopsia necesaria para un diagnóstico vital para recibir, meses después, un reintegro miserable del 10% es una estafa encubierta.
Detrás de este sufrimiento hay un negociado político que huele a impunidad y barro electoral. La gestión de Luis Petri ha sido señalada como el epicentro de un vaciamiento sistemático que parece haber financiado ambiciones políticas en su Mendoza natal. Se ha revelado que el préstamo de 40.000 millones de pesos del Instituto de Ayuda Financiera (IAF), que originalmente debía destinarse a la compra de equipamiento médico moderno, fue desviado para cubrir deudas corrientes con laboratorios y droguerías. Este parche financiero no solo fue insuficiente, sino que se convirtió en una maniobra de usura contra los propios uniformados: el costo final del préstamo, con intereses y recargos, trepó a los 88.000 millones de pesos, mientras el déficit operativo se disparaba de los 70.000 millones iniciales a los mencionados 210.000 millones para mediados de 2025. El dinero de los uniformados se ha consumido en un agujero negro de gasto corriente, mientras las sospechas de corrupción apuntan directamente a funcionarios de la extrema confianza de Petri, como Oscar Sagas, Luis Roberto Fiochi y Betina Surballe, quienes pasaron por la conducción de la obra social dejando tras de sí una estela de deudas y denuncias de vaciamiento. En el centro de este entramado aparece el nombre del empresario Fernando Riccomi, vinculado a la prepaga Medycin y señalado como un recaudador clave que habría desangrado las arcas de la salud militar para sostener estructuras políticas, mientras los soldados se quedan sin gasas en los hospitales.
Este escenario de descalabro financiero ha provocado fracturas expuestas y un auténtico «fuego amigo» en la cúpula del poder. El enfrentamiento mediático y judicial entre la Vicepresidenta Victoria Villarruel y el Ministro Luis Petri es el reflejo de una interna sangrienta donde los afiliados son los rehenes. Villarruel, con una pluma cargada de veneno, ha tildado a Petri de dedicarse a los «cosplays» y los «trencitos» mediáticos con Milei mientras deja a cientos de miles de familias sin atención médica en los rincones más remotos del país. La acusación de la Vicepresidenta fue un golpe directo al mentón: chicaneó al Ministro comparando su actitud con la de una «vecina chusma» y demandó explicaciones judiciales por lo que calificó abiertamente como un desfalco cometido por los funcionarios mendocinos. Esta disputa no es solo de egos, sino de hegemonía sobre las fuerzas. La Fuerza Aérea y la Armada observan con una rabia contenida cómo el Ministerio de Defensa se ha «teñido de verde» bajo el mando del General Carlos Presti. Los aviadores denuncian que Presti ha canibalizado la obra social para favorecer al Ejército, colocando a sus hombres en los puestos clave de la «nueva» OSFA y priorizando el pago de deudas en áreas de influencia de su fuerza, dejando a la Fuerza Aérea en un estado de inanición prestacional absoluta. El resentimiento en los hangares y bases navales es total: ven cómo sus aportes se evaporan en manos de una conducción que no los representa y que parece jugar a la política partidaria con el presupuesto de salud.
La transición a la OSFA, lejos de ser la solución que el gobierno de Milei pregona en sus redes sociales, es un salto al vacío sin red de contención. Hasta el momento, esta nueva entidad no es más que un logo en un PDF y un anuncio de prensa, mientras que en la realidad de los hospitales de Tucumán o Bahía Blanca, la cobertura sigue siendo nula. El personal militar se encuentra atrapado en una red de mentiras administrativas donde se les promete un futuro mejor mientras se les niega el presente más básico, como una sesión de diálisis o una caja de quimioterapia. La «teñida de verde» de la obra social ha generado un clima de sospecha que amenaza con romper la cohesión interna de las instituciones armadas, evidenciando que la política de ajuste fiscal de Milei no repara en gastos cuando se trata de desmantelar la seguridad social de quienes portan el uniforme.
En conclusión, la crisis de salud militar que hoy atraviesa la Argentina es el resultado inevitable de una gestión que ha puesto el precio del ajuste por encima del valor de la vida humana. El desprecio por la historia y el servicio de hombres como el suboficial Velázquez o el oficial que esperó 115 días por su droga oncológica es el testimonio más cruel de una administración que prefiere el desvío de fondos y el equilibrio contable antes que la salud de sus veteranos. La traición institucional es completa: se les exigió todo en el frente y se les niega todo en la retaguardia. La pregunta de Velázquez sobre el abandono de los comandantes a sus soldados queda flotando en un aire cargado de indignación, como un recordatorio permanente de que, en la era de la motosierra y el marketing, el sacrificio de los uniformados parece haber perdido todo valor para un Estado que ha decidido darles la espalda en su hora más vulnerable. No hay soberanía posible si quienes deben defenderla son arrojados al abismo de la desasistencia médica por la desidia de quienes hoy ocupan los despachos del poder.
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Fuente:
- https://www.delsurdiario.com/a/78234
- https://www.lapoliticaonline.com/defensa/escandalo-iosfa-los-militares-estan-sin-cobertura-y-denuncian-un-negociado-de-petri-para-vaciar-la-obra-social/
- https://canalsiete.com.ar/mas-reclamos-a-iosfa-reciben-el-aporte-pero-no-cumplen-con-los-afiliados/
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