Un docente jubilado detenido por posteos en redes sociales expone un clima de persecución política, ciberpatrullaje y judicialización de la palabra crítica bajo el actual gobierno. La situación de Daniel Vera, acusado por amenazas e incitación al odio tras expresar críticas al gobierno de Javier Milei y solidaridad con Palestina, se inscribe en un escenario más amplio de represión, estigmatización y retroceso democrático que ya alarma a organismos de derechos humanos y al periodismo independiente.
El caso de Daniel Vera no es un hecho aislado ni un exceso menor de un engranaje judicial que funciona mal por accidente. Es, por el contrario, una radiografía incómoda de un clima político que se endurece, se vuelve punitivo con la palabra disidente y naturaliza la idea de que opinar puede costar la libertad. Vera, docente jubilado de 64 años, vive en Resistencia, Chaco, y desde julio de 2025 permanece bajo prisión domiciliaria. Su “delito”, según la causa que lo mantiene encerrado en su propia casa, habría sido publicar una serie de mensajes en Facebook, en un grupo de alcance marginal, donde criticaba al gobierno de Javier Milei y repudiaba el accionar del Estado de Israel en Gaza, al que calificó como genocida.
La escena que relata Vera en entrevistas públicas es brutal por su desproporción. Un allanamiento sorpresivo en su domicilio el 2 de julio de 2025, ejecutado por una brigada de ciberpatrullaje de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, a más de mil kilómetros de donde reside. Una orden firmada por el Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 4, a cargo del juez Ariel Lijo. Días de detención en condiciones precarias, con falta de medicación para su hipertensión, y luego el traslado a una prisión domiciliaria que ya lleva más de siete meses. Todo por publicaciones que, según el propio Vera, tuvieron entre cinco y diez visualizaciones, no estaban dirigidas de forma concreta a ninguna persona y jamás fueron conocidas por quienes hoy figuran como supuestas víctimas.
La acusación formal incluye amenazas reiteradas, tipificadas en el artículo 149 bis del Código Penal, y la imputación por incitación al odio o antisemitismo en el marco de la ley 23.592. En los fragmentos de posteos que circularon públicamente se mencionan expresiones duras, de repudio político, algunas frases hiperbólicas propias del lenguaje de redes sociales, interpretadas por la fiscalía como amenazas. Para la defensa, encabezada por el abogado Ignacio Funes Peralta, no hay amenazas reales ni posibilidad concreta de daño, un requisito central del tipo penal. La investigación, según el propio Vera, ya estaría concluida, pero la excarcelación le fue negada al menos en tres oportunidades, a pesar de que la eventual pena máxima sería excarcelable y de que el acusado no tiene antecedentes penales.
El dato político es ineludible. Vera no es un empresario poderoso ni un dirigente con estructura. Es un jubilado, profesor de música, trabajador de la obra social OSPLAD, que se expresa en redes sociales desde un perfil con seudónimo, “Elpidio Sánchez”, en un grupo llamado “Por Palestina”. La maquinaria judicial se activó igual, con una velocidad y una severidad que contrastan con la parsimonia habitual frente a delitos económicos o de corrupción. Esa asimetría es la que enciende las alarmas y habilita la pregunta incómoda: ¿se está castigando una conducta penal o una posición política?
La denuncia de Vera fue amplificada por la legisladora porteña Vanina Biasi, del PO-FITU, quien en febrero de 2026 expuso el caso como un ejemplo claro de “delito de opinión”. Su intervención no hace más que inscribir este expediente en una serie más amplia de hechos que distintos sectores vienen señalando desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023. Organizaciones de derechos humanos, sindicatos, medios alternativos y referentes opositores describen un patrón que se repite: judicialización de la protesta, represión en la calle, estigmatización discursiva desde el poder y un uso cada vez más intensivo de herramientas de vigilancia y ciberpatrullaje.
El contexto es clave para entender por qué el caso Vera no es una rareza, sino una pieza más de un rompecabezas inquietante. En 2025 y 2026 se multiplicaron las denuncias por persecución a dirigentes sociales, periodistas y militantes. El gobierno redobló la presión para que Milagro Sala vuelva a prisión efectiva, incluso reclamando ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el levantamiento de las medidas de protección vigentes desde 2017. Organismos de derechos humanos calificaron esa ofensiva como un hostigamiento político sostenido, una señal clara de disciplinamiento a quienes encarnan resistencias históricas al poder.
En paralelo, el periodismo se convirtió en uno de los blancos predilectos. FOPEA registró 278 agresiones a la prensa en 2025, un salto del 55 por ciento respecto del año anterior. Casi la mitad de esos ataques estuvieron directamente vinculados a discursos o acciones del propio presidente Milei, que convirtió la descalificación pública en política de Estado. Hubo agresiones físicas en la calle, como la que dejó gravemente herido al fotógrafo Pablo Grillo durante una protesta de jubilados, demandas judiciales contra comunicadores críticos y una creciente obstrucción al trabajo periodístico. El resultado fue un deterioro palpable del clima democrático y una caída de la Argentina en los rankings internacionales de libertad de prensa.
La creación en 2026 de la llamada Oficina de Respuesta Oficial, presentada como un mecanismo para “desmentir mentiras”, fue leída por amplios sectores como un instrumento de censura indirecta y persecución discursiva, sobre todo en un contexto de recortes a los medios públicos y de asfixia económica a proyectos independientes. La retórica oficial, cargada de violencia simbólica, no es un detalle: funciona como habilitación para que otras instancias del Estado avancen sobre la disidencia con menos costos políticos.
A este cuadro se suman reformas institucionales de enorme gravedad. El DNU que reformó la estructura de la SIDE en enero de 2026, habilitando a agentes de inteligencia a realizar detenciones sin orden judicial incluso fuera de flagrancia, fue denunciado por más de veinte organizaciones como un retroceso democrático de magnitud. El fantasma de la vigilancia masiva, las detenciones arbitrarias y la persecución política dejó de ser una metáfora para convertirse en una posibilidad concreta. En ese marco, el caso de un jubilado vigilado por sus posteos en Facebook deja de parecer exagerado y empieza a encajar en una lógica de control social.
El conflicto en torno a Palestina aparece como otro eje sensible. La solidaridad con Gaza y las críticas al accionar del Estado de Israel fueron crecientemente judicializadas. La propia Vanina Biasi fue procesada y elevada a juicio oral por publicaciones en ese sentido, tras denuncias impulsadas por la DAIA y con intervención de fiscales y jueces que ya aparecen en otras causas similares. Remeras, consignas, posteos y expresiones públicas fueron objeto de denuncias por antisemitismo, muchas de ellas desestimadas, otras aún en trámite. La línea entre combatir discursos de odio y censurar posiciones políticas se volvió deliberadamente borrosa.
En este escenario, Daniel Vera aparece como un eslabón débil, elegido para enviar un mensaje disciplinador. Su relato en entrevistas es el de alguien que no entiende cómo una opinión política, expresada en un espacio marginal y sin impacto real, puede derivar en meses de encierro. La causa aún no tiene resolución definitiva y podría avanzar hacia un juicio oral. Mientras tanto, la prisión domiciliaria funciona como una pena anticipada, un castigo que se cumple antes de cualquier condena.
La polarización atraviesa todo el debate. Para el oficialismo y sus defensores, se trata simplemente de la aplicación de la ley frente a amenazas e incitación al odio. Para los críticos, es lawfare en estado puro, un uso selectivo del sistema penal para silenciar voces incómodas. La verdad judicial aún no está escrita, pero el daño democrático ya es visible. Cuando un Estado decide que opinar puede ser peligroso, el problema deja de ser un posteo y pasa a ser el futuro de la libertad de expresión.
El caso Vera condensa, con crudeza, el espíritu de época. Un gobierno que ajusta, despide, reprime y al mismo tiempo necesita neutralizar el descontento social. Un Poder Judicial que, lejos de actuar como contrapeso, parece alinearse con esa lógica. Y una sociedad que asiste, entre la indignación y el cansancio, a la normalización de prácticas que deberían encender todas las alarmas. No hay democracia sólida cuando la crítica se castiga y el miedo se administra desde arriba.
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