El Gobierno desplaza empleados y reorganiza áreas tras detectar posibles filtraciones de datos clave en el millonario litigio con Burford Capital en EE.UU. Crecen las tensiones internas mientras Washington interviene en defensa argentina.
La Procuración del Tesoro atraviesa su mayor crisis en años, tras revelarse que información sensible sobre la causa YPF podría haber sido vendida a fondos buitres. La Casa Rosada impulsa despidos y reformas en busca de blindar la estrategia legal, mientras la Justicia de EE.UU. define el futuro de la petrolera.
El Gobierno argentino inició una purga sin precedentes en la Procuración del Tesoro, en medio de crecientes sospechas sobre filtraciones internas vinculadas al millonario juicio por la expropiación de YPF, uno de los litigios más sensibles para las finanzas y la soberanía jurídica del país. La versión oficial, confirmada por fuentes del Ejecutivo, apunta a empleados o funcionarios que habrían vendido información estratégica del caso, elevando el nivel de alarma en la Casa Rosada y precipitando despidos y reestructuraciones en la estructura jurídica del Estado.
“El procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla, está haciendo una purga. Creemos que hubo filtraciones sobre YPF. La Procuración maneja temas de muchos millones de dólares”, confió un funcionario de primera línea del gobierno de Javier Milei ante periodistas acreditados en Casa Rosada, reflejando el hermetismo que rodea al escándalo.
La inquietud oficial gira en torno a la posibilidad de que datos sensibles hayan sido entregados directamente a Burford Capital, el fondo buitre que litiga contra la Argentina en tribunales estadounidenses, en un juicio cuyo monto potencial de condena podría superar ampliamente los USD 16.000 millones. Si se confirma, no solo quedaría comprometida la estrategia legal argentina, sino que se consolidaría la narrativa de que sectores internos conspiran para perjudicar al país en el exterior.
Los indicios que dispararon la alarma surgieron tras la aparición en medios y círculos financieros de detalles confidenciales sobre el juicio, sin autorización de las máximas autoridades de la Procuración. Desde el Gobierno reconocen que la filtración, e incluso la “venta de información”, es una hipótesis que se maneja con extrema preocupación.
La respuesta fue inmediata. Santiago Castro Videla —designado en febrero por recomendación del entorno de Santiago Caputo— ordenó una reestructuración profunda: disolución de áreas internas, modificación de procedimientos y despidos selectivos para remover a los considerados “infieles”. La prioridad, señalan, es blindar las estrategias jurídicas de otras causas millonarias que se tramitan en el exterior.
Castro Videla, sin embargo, no interviene personalmente en la causa YPF: debió apartarse del expediente por haber sido socio del constitucionalista Alberto Bianchi, uno de los testigos presentados por Burford Capital en el proceso. Esta circunstancia deja en evidencia las tensiones que atraviesan la Procuración, donde confluyen intereses cruzados y potenciales conflictos de interés.
En paralelo, el caso sumó esta semana un capítulo clave en el plano internacional. El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que volverá a intervenir como amicus curiae en favor de Argentina, solicitando a la Corte de Apelaciones de Nueva York que rechace el traspaso del 51% de las acciones de YPF. Para el gobierno de Milei, ese respaldo es vital para evitar un golpe económico y político devastador.
“La estrategia es consolidar apoyos internacionales para reforzar la defensa”, reveló una fuente oficial. Entre los países que podrían sumarse, aunque sin confirmación definitiva, se mencionan Uruguay, Paraguay, El Salvador, Italia, Francia y Alemania. El frente externo lo lidera el abogado Robert Giuffra Jr., del estudio Sullivan & Cromwell, quien también representa al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. “El abogado de la Argentina es el abogado de Trump, así que estamos bien encaminados”, ironizó una voz del oficialismo, resaltando el nivel de interlocución política detrás de la causa.
Mientras tanto, la Casa Rosada instruyó profundizar los controles internos en la Procuración, ante el temor de nuevas filtraciones que puedan poner en jaque otros litigios estratégicos. La Procuración del Tesoro es, en definitiva, la última muralla legal para proteger al Estado en causas que implican miles de millones de dólares y que, en medio de la crisis económica, podrían derivar en consecuencias políticas imprevisibles.
Con la Justicia estadounidense próxima a tomar decisiones cruciales, el gobierno de Javier Milei busca mostrar firmeza interna y sostén internacional. Sin embargo, la sombra de los “infieles” en sus propias filas revela la fragilidad de un aparato estatal cada vez más atravesado por internas políticas y presiones externas.
Fuente:
- https://www.baenegocios.com/politica/El-Gobierno-purga-infieles-en-la-Procuracion-del-Tesoro-por-filtraciones-en-la-causa-YPF-20250716-0050.html
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