La decisión de asignar una línea de alta tensión financiada con fondos públicos al megaproyecto minero de BHP abre una disputa política, económica y regulatoria sobre quién controla la infraestructura energética en la Argentina. El gobierno nacional habilitó el uso de una línea estratégica de 500 kV para abastecer al distrito minero Vicuña, uno de los mayores proyectos de cobre del país. La medida generó acusaciones de “avasallamiento”, pedidos de audiencia pública y sospechas de privilegios en un sector donde la energía define quién gana y quién queda afuera.
En San Juan el ruido ya no es metáfora: es el zumbido constante de una discusión que mezcla minería, poder político, energía y un viejo fantasma de la historia argentina, el de los recursos públicos puestos al servicio de intereses privados. El detonante fue una decisión del gobierno de Javier Milei que, lejos de pasar inadvertida, encendió alarmas en la provincia cuyana y abrió un conflicto que expone las tensiones del modelo extractivo que impulsa la Casa Rosada.
El centro de la controversia es una línea de alta tensión de 500 kilovoltios que forma parte del sistema eléctrico nacional. No se trata de un cable más ni de una infraestructura menor: es una pieza estratégica del entramado energético que atraviesa San Juan y que fue financiada durante décadas con recursos del propio sistema eléctrico, es decir, con el aporte de usuarios y con fondos públicos. Durante años esa red funcionó como una especie de columna vertebral energética para el desarrollo productivo provincial.
La polémica estalló cuando el gobierno nacional decidió asignar capacidad de esa línea para abastecer al distrito minero Vicuña, un megaproyecto cuprífero impulsado por la multinacional BHP, considerada la mayor empresa minera del mundo. La magnitud del emprendimiento es enorme: el complejo integra los yacimientos Josemaría y Filo del Sol y forma parte de la carrera global por el cobre, un mineral clave para la transición energética.
Pero detrás del discurso de la “oportunidad histórica” aparece una pregunta incómoda: ¿quién paga realmente la infraestructura que sostiene estas inversiones gigantescas? Y sobre todo, ¿quién decide cómo se distribuye esa energía?
En la provincia, la respuesta del gobierno nacional fue percibida como una imposición. La decisión se tomó sin consulta previa a las autoridades locales y generó una reacción inmediata de distintos actores políticos y regulatorios. El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) solicitó formalmente que se convoque a una audiencia pública antes de habilitar el uso de la línea para el proyecto minero.
El pedido no es menor. En la práctica implica abrir una discusión técnica y política sobre el impacto que tendrá la asignación de esa capacidad energética en el sistema eléctrico de la provincia. Para el regulador sanjuanino, cualquier decisión que pueda afectar la disponibilidad de energía debe debatirse públicamente porque la infraestructura fue financiada por el conjunto de los usuarios.
Detrás de ese planteo aparece una preocupación concreta. Los proyectos mineros de gran escala consumen cantidades gigantescas de electricidad. El distrito Vicuña demandaría alrededor de 260 megavatios para operar, una cifra que muestra la dimensión energética de este tipo de emprendimientos.
En ese contexto, el temor es que reservar potencia para un solo proyecto privado termine condicionando el abastecimiento futuro de otras actividades productivas o incluso de otros desarrollos mineros que compiten por la misma infraestructura.
La tensión política escaló rápidamente. El intendente de Calingasta, Sebastián Carbajal, uno de los territorios donde se concentran los proyectos mineros de la cordillera, habló directamente de un “avasallamiento” del gobierno nacional. El municipio incluso evalúa recurrir a la Justicia para frenar la medida.
El conflicto no se limita al plano institucional. Dentro del propio sector minero comenzaron a circular críticas por lo que algunos consideran un trato preferencial hacia el proyecto Vicuña. Empresas que también planean invertir en San Juan advierten que la resolución del Ente Nacional Regulador de Electricidad podría otorgar al consorcio formado por BHP y Lundin Mining una prioridad de hasta el 90% en el uso del corredor eléctrico Nueva San Juan–Rodeo durante los próximos 25 años.
Si esa interpretación se confirma, el impacto sería profundo. En un sector donde la energía es uno de los insumos más críticos, tener prioridad sobre la red puede significar la diferencia entre avanzar con un proyecto o quedar atrapado en una larga espera por infraestructura.
Algunas compañías del sector lo dicen sin rodeos: el esquema podría alterar las reglas de juego y obligar a otros emprendimientos a financiar nuevas ampliaciones o a negociar acuerdos privados para acceder a la red eléctrica.
Desde el gobierno nacional intentan bajar el tono a la polémica. Funcionarios del ENRE explicaron que la resolución publicada no representa una autorización definitiva, sino la apertura de un proceso administrativo para evaluar la obra. En teoría, cualquier actor que se considere afectado puede presentar objeciones y participar en una eventual audiencia pública.
También recuerdan que el sistema eléctrico argentino contempla la posibilidad de otorgar prioridad a las empresas que financian ampliaciones de la infraestructura. Según esa lógica, si una compañía invierte en la repotenciación de una línea o en nuevas instalaciones, puede recibir reconocimiento sobre la capacidad adicional generada.
Sin embargo, las dudas persisten. La competencia por la infraestructura energética en San Juan se volvió feroz en los últimos años. La provincia concentra algunos de los proyectos de cobre más grandes del país y busca posicionarse como un polo cuprífero clave en la región.
Además de Vicuña, existen otros emprendimientos de gran escala como El Pachón, controlado por la multinacional suiza Glencore, o Los Azules, el proyecto impulsado por la canadiense McEwen Mining. Todos ellos compiten por inversiones, permisos y, sobre todo, energía.
En ese tablero complejo aparece un factor político que alimenta las suspicacias. El country director de Vicuña Argentina, José Morea, tuvo antecedentes en el Ministerio de Finanzas durante la gestión de Luis Caputo en el gobierno de Mauricio Macri. Aunque no existen pruebas de un trato preferencial, ese vínculo es mencionado en el sector como una señal que refuerza las sospechas.
El propio Caputo vuelve a aparecer en el centro de la escena. Fue su área la que habilitó la concesión de la línea eléctrica que ahora desató el conflicto.
La controversia también coloca al gobernador sanjuanino Marcelo Orrego en una posición incómoda. Por un lado, su gestión apuesta fuerte al desarrollo minero y al desembarco de inversiones al amparo del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una de las piezas centrales de la política económica del gobierno de Milei.
Por otro lado, el malestar de intendentes y actores locales lo obliga a equilibrar entre la promesa de inversiones millonarias y la defensa de los intereses provinciales.
Orrego anunció que mantuvo reuniones con directivos de la empresa minera en Vancouver para avanzar en un acuerdo integral que contemple inversiones en infraestructura y obras de uso público vinculadas al proyecto. La apuesta oficial es que esas inversiones terminen beneficiando a la matriz productiva de San Juan.
Pero el interrogante de fondo sigue intacto. ¿Hasta qué punto esas promesas compensan la cesión de infraestructura energética estratégica que fue financiada durante décadas por el sistema público?
La discusión, en realidad, excede largamente a San Juan. Lo que está en juego es el modelo de desarrollo que la Argentina elige para sus recursos naturales. El cobre es un mineral clave para la transición energética global y las grandes potencias buscan asegurarse su suministro para las próximas décadas.
En ese escenario, la presión por acelerar proyectos mineros es enorme. El gobierno de Milei apuesta a atraer inversiones extranjeras mediante beneficios fiscales, estabilidad regulatoria y facilidades para los grandes capitales.
El problema es que esa estrategia vuelve a plantear un dilema clásico de la economía argentina: el riesgo de que la riqueza natural se explote bajo reglas diseñadas para favorecer a las corporaciones, mientras el Estado asume los costos de infraestructura y las comunidades locales enfrentan los impactos.
Detrás del conflicto por una línea de 500 kV aparece, en definitiva, una discusión mucho más profunda. No se trata solo de energía ni de minería. Se trata de quién controla los recursos estratégicos del país y de qué manera se distribuyen los beneficios de un modelo que promete inversiones millonarias pero que, una vez más, parece empezar con un gesto familiar en la historia argentina: entregar primero y discutir después.
Fuente:
https://www.lapoliticaonline.com/energia/bronca-en-san-juan-porque-nacion-le-cedio-una-linea-de-alta-tension-a-la-minera-bph/
https://www.lapoliticaonline.com/politica/orrego-afronta-la-audiencia-publica-por-el-proyecto-minero-de-vicuna-por-la-linea-electrica-que-le-regalo-caputo-5530/
https://www.letrap.com.ar/economia/mineras-advierten-que-javier-milei-entrego-el-control-del-sistema-electrico-san-juan-la-gigante-vicuna-n5422311
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