Bajo la excusa de formalizar y reactivar el empleo, el Gobierno impulsa una reforma laboral que habilita el pago de sueldos en “especie, habitación o alimentos”, reconfigura los convenios colectivos, amplía la jornada laboral y limita la indemnización por despido. Lo que se presenta como “modernización” es una ofensiva que precariza derechos y fortalece al empleador sobre el trabajador.
En medio de una inflación desbocada, la desregulación generalizada y la destrucción del poder adquisitivo, el gobierno de Javier Milei lanzó un nuevo ataque a los derechos laborales disfrazado de modernización. El proyecto de “Ley de Promoción de Inversiones y Empleo” modifica el artículo 105 de la Ley de Contrato de Trabajo y habilita que el salario pueda pagarse no solo en dinero, sino también en especie, habitación, alimentos o “mediante la oportunidad de obtener beneficios o ganancias”. Lo que en apariencia suena a flexibilidad, en realidad constituye una regresión histórica: la disolución del salario como base de la dignidad del trabajo.
Hasta hoy, la ley permitía pagar hasta un 20 % del salario en especie, pero la nueva redacción amplía el margen y lo presenta como una alternativa válida y legal. En un contexto de crisis social, esto significa que un trabajador podría recibir parte de su salario en mercadería, vivienda o pasajes de transporte, sin que esos ítems cuenten para el aguinaldo, la jubilación o la indemnización. El gobierno lo vende como una manera de incentivar el empleo formal, pero lo que realmente hace es abrir una puerta a la precarización estructural del salario y a la evasión patronal de aportes y contribuciones.
El punto clave de esta reforma es que define cuáles son las llamadas “prestaciones complementarias” —en dinero o especie— que los empleadores pueden otorgar sin que sean consideradas parte de la remuneración. Según el texto, los viáticos acreditados, el reintegro de transporte a través de la tarjeta SUBE o cualquier otra plataforma, el comodato de una vivienda propiedad del empleador o incluso los retiros de socios o directores a cuenta de utilidades quedarán exentos de aportes. En otras palabras, una parte creciente de la compensación del trabajador se convertirá en algo no salarial, no imponible, y por tanto no reconocido como derecho.
El cambio es profundo y deliberado. Al eliminar aportes y cargas sobre estos componentes, se debilita todo el sistema solidario: las jubilaciones, las obras sociales, las indemnizaciones. No se trata de “achicar el Estado”, como repiten los voceros oficiales, sino de transferir costos desde las empresas hacia los propios trabajadores. La retórica libertaria que proclama la libertad de pactar encubre, en realidad, la eliminación del marco que protegía a los más débiles frente a los más poderosos. En nombre de la libertad, se institucionaliza la desigualdad.
El gobierno asegura que esta reforma permitirá reducir la informalidad y atraer inversiones, pero en verdad formaliza la precariedad. Una empresa podrá pagar en parte con bonos, vales, viajes, comidas o viviendas, siempre que figure como “beneficio no remunerativo”. Es el sueño de todo empleador que no quiere pagar cargas ni reconocer antigüedad. El salario se fragmenta, se vuelve relativo, se convierte en un conjunto de favores. En lugar de cobrar un sueldo, el trabajador recibirá una suma líquida cada vez menor y una serie de compensaciones que dependen de la buena voluntad de la empresa.
El proyecto, además, propone la extensión de la jornada laboral, la fragmentación de las vacaciones, la posibilidad de pagar indemnizaciones en cuotas y la flexibilización de los convenios colectivos, que pasarán a negociarse por empresa. Lo que durante décadas fue un principio básico del derecho laboral —el convenio por rama de actividad que garantiza mínimos para todos los trabajadores del sector— quedará reemplazado por acuerdos individuales o empresariales. Eso significa que dos personas que realizan la misma tarea, en distintas compañías, podrán tener condiciones completamente distintas. La competencia por salarios a la baja será inevitable.
Milei y sus funcionarios llaman a esto “salarios dinámicos”. Traducido: salarios sin referencia común, sujetos a la productividad y a la rentabilidad de cada empresa. Si una fábrica declara pérdidas, el trabajador pierde también. Si la inflación destruye el poder adquisitivo, no hay paritarias por rama que lo compensen. Todo queda librado al “mérito” y a la “eficiencia”, como si la desigualdad estructural del mercado laboral pudiera corregirse a fuerza de esfuerzo individual. Lo que desaparece es la noción misma de salario digno y estable.
Bajo este esquema, el aguinaldo, las vacaciones, los aportes jubilatorios y las contribuciones patronales se vuelven residuales. Y mientras el gobierno promete que esto “reactivará la economía”, lo que en realidad hace es profundizar la recesión por la vía del empobrecimiento masivo. Los sindicatos pierden capacidad de acción, los convenios pierden fuerza legal, y el poder empresarial gana una herramienta formidable: la de decidir, a discreción, cuánto y cómo paga. En ese contexto, el salario deja de ser un derecho y se transforma en una dádiva.
La paradoja es que, mientras se proclama la libertad, se impone la subordinación. Un trabajador que depende del empleador para tener vivienda o transporte no es libre. Es rehén. El pago en especie crea una dependencia material que erosiona toda posibilidad de reclamo. Quien vive en una casa cedida por la empresa difícilmente se atreverá a sindicalizarse o a exigir aumentos. Así, la precarización no es solo económica, sino también política: destruye la base de autonomía del trabajo.
La historia argentina conoce bien estas lógicas. Los tickets canasta de los noventa fueron el primer ensayo de esta segmentación salarial: vales que servían para comprar comida o bienes básicos, pero que no contaban como salario. En nombre de la eficiencia se desmantelaron derechos conquistados a lo largo de un siglo. Aquello terminó en desempleo, miseria y recesión. Hoy el gobierno de Milei reedita el mismo modelo con un nuevo lenguaje, más sofisticado, más tecnocrático, pero con idéntico resultado: el debilitamiento de la clase trabajadora.
La pregunta que emerge es evidente: ¿por qué en un país con más del 50 % de pobreza se pretende “formalizar” bajando salarios y quitando derechos? Porque el objetivo no es la inclusión, sino la redistribución del poder económico. Cada reforma laboral de este tipo busca lo mismo: que el capital se imponga sobre el trabajo, que el empresario gane margen, que el Estado se retire y que el trabajador quede solo, expuesto, negociando su sobrevivencia.
El discurso oficial insiste en que “el mundo cambió” y que la Argentina debe adaptarse. Pero la modernidad que proponen no es la del siglo XXI sino la del siglo XIX: trabajadores sin jornada fija, sin vacaciones pagas, sin indemnización, sin seguridad social. Detrás del lenguaje de la competitividad se esconde la vieja receta del ajuste: salarios bajos, derechos mínimos y una economía basada en la desigualdad.
Lo más grave es que este tipo de reformas no solo afecta a los empleados actuales, sino también a las futuras generaciones. Al desfinanciar el sistema previsional, se destruye la jubilación como derecho. Al debilitar las contribuciones patronales, se vacían las obras sociales. Al convertir el salario en especie, se transforma en un privilegio eventual lo que antes era una garantía legal. La precarización se hereda, y su efecto es devastador para la cohesión social.
No hay ninguna evidencia seria de que la reducción de derechos laborales genere empleo sostenido. En cambio, la historia reciente demuestra lo contrario: cuando el salario se deteriora, cae el consumo, se retrae la producción y se acelera la desigualdad. La reforma laboral de Milei, presentada como una panacea económica, es en realidad un nuevo experimento neoliberal cuyo costo lo pagarán los trabajadores y las trabajadoras. Una vez más, el sacrificio se exige desde abajo mientras las ganancias se acumulan arriba.
El salario no es una variable de ajuste. Es la expresión concreta de la dignidad humana. Convertirlo en un sistema de vales, comodatos o pasajes es borrar esa dignidad del mapa. Es volver a un modelo de servidumbre encubierta, donde trabajar deja de ser sinónimo de cobrar y empieza a ser sinónimo de obedecer. Por eso, detrás del discurso de la libertad, lo que se consolida es un régimen de dependencia. Y eso, lejos de modernizar, nos devuelve a los tiempos más oscuros de nuestra historia laboral.
FUENTES
La Nación – “Punto por punto, así es la reforma laboral de Milei”
https://www.lanacion.com.ar/politica/punto-por-punto-asi-es-la-reforma-laboral-de-milei-nid28102025
El Cronista – “Reforma laboral: qué son los salarios dinámicos que impulsa el Gobierno”
https://www.cronista.com/economia-politica/reforma-laboral-que-son-los-salarios-dinamicos-que-impulsa-el-gobierno-y-como-afectarian-a-las-paritarias
Ámbito Financiero – “Salario dinámico y paritarias por empresa, ejes de la reforma laboral que impulsa Javier Milei”
https://www.ambito.com/politica/salario-dinamico-y-paritarias-empresa-ejes-la-reforma-laboral-que-impulsa-javier-milei-n6207185
Infobae – “Reforma laboral: cuáles son los dos puntos clave que empujan los empresarios y el Gobierno”
https://www.infobae.com/economia/2025/10/23/reforma-laboral-cuales-son-los-dos-puntos-clave-que-empujan-los-empresarios-y-el-gobierno-pero-resiste-el-sindicalismo
Politize – “Reforma laboral de Milei: los cambios propuestos”
https://politize.org.ar/reforma-laboral-de-milei-los-cambios-propuestos
Mundo Gremial – “Los puntos de la reforma laboral de Milei que rompen el diálogo con los sindicatos”
https://mundogremial.com/los-puntos-de-la-reforma-laboral-de-milei-que-rompen-el-dialogo-con-los-sindicatos
Página/12 – “La reforma laboral del Gobierno: eliminar juicios, recorte de derechos y nuevas cargas al trabajador”
https://www.pagina12.com.ar/869483-la-reforma-laboral-del-gobierno-eliminar-juicios-recorte-de
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