Sabias que… La diputada Villaverde fue embargada por una estafa inmobiliaria millonaria en Las Grutas

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La diputada nacional Lorena Villaverde, una de las figuras emergentes de La Libertad Avanza en la Patagonia, tiene un capítulo no muy difundido de su abultado historial judicial. Esta vez, la Justicia de Río Negro le impuso un embargo preventivo sobre bienes y cuentas por cerca de 50 millones de pesos, en el marco de una causa por venta irregular de terrenos en el desarrollo inmobiliario “Tajamar”, en Las Grutas. El expediente, tramitado ante el Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Familia N°9 de San Antonio Oeste, expone un patrón de conducta que se repite: promesas incumplidas, operaciones opacas y damnificados que esperan respuestas mientras la funcionaria conserva su banca legislativa.

Los compradores del loteo, en su mayoría oriundos de Bahía Blanca y otras localidades del sur bonaerense, denunciaron haber abonado sumas significativas por parcelas que nunca fueron escrituradas ni habilitadas. El emprendimiento, que Villaverde promocionó como un proyecto residencial “de alto nivel”, sigue figurando en los registros como “campo”, sin servicios básicos ni autorización municipal. En varios casos, las víctimas acreditaron el pago total de las parcelas y exhibieron contratos firmados con la empresa que representaba la hoy diputada, pero jamás pudieron acceder a la propiedad prometida.

El embargo judicial fue solicitado por la abogada Verónica Arizcuren, quien denunció públicamente haber recibido presiones y amenazas para que desistiera de la medida. “Me llamaron para que levantara el embargo”, relató la letrada, confirmando que la causa se encuentra activa y que los montos reclamados podrían superar los 50 millones de pesos. El caso no solo involucra la presunta estafa a compradores particulares, sino también irregularidades administrativas: los terrenos habrían sido ofrecidos sin cumplir con las condiciones legales de subdivisión, zonificación y provisión de servicios públicos.

Villaverde, que llegó al Congreso envuelta en el discurso del “anticasta”, parece haber construido su carrera política sobre la misma lógica de privilegios y negocios que decía combatir. En lugar de transparencia, acumula demandas civiles, denuncias penales y antecedentes por estafas tanto en Argentina como en el exterior. El diario Río Negro reveló que ya enfrenta una nueva demanda civil por incumplimiento de contrato, y que en 2024 había cerrado acuerdos extrajudiciales para evitar juicios anteriores. Lejos de ser un caso aislado, el expediente de Las Grutas refleja una trama de operaciones inmobiliarias turbias, promesas vacías y silencios cómplices. Sobre este diario, debemos remarcar, que en los últimos meses parece no tener ningún tipo de información negativa sobre Villaverde.

La diputada nunca desmintió públicamente las acusaciones ni presentó pruebas que expliquen la legalidad de las operaciones. Desde su entorno político, optaron por el mutismo: La Libertad Avanza prefiere eludir el escándalo antes que afrontar la contradicción de tener a una legisladora acusada de estafa inmobiliaria entre sus filas. Resulta difícil reconciliar la retórica de la “honestidad liberal” con un prontuario que combina causas judiciales en curso, embargos y denuncias en tres provincias distintas.

La historia del loteo “Tajamar” desnuda, además, el modo en que ciertos sectores del oficialismo utilizan la función pública como escudo. Mientras la justicia civil avanza, el bloque libertario se repliega en un silencio estratégico, evitando cualquier gesto de transparencia institucional. Las mismas voces que reclaman “menos Estado” se refugian en sus fueros cuando el Estado les toca el bolsillo.

Lo más alarmante es que el embargo millonario contra Villaverde no es un hecho aislado. En los últimos meses se multiplicaron las denuncias de damnificados por ventas irregulares y falsos desarrollos inmobiliarios en la Patagonia, un fenómeno que mezcla oportunismo político, especulación con la tierra y falta de control estatal. En el caso de Las Grutas, el engaño fue particularmente cruel: se ofrecieron “lotes soñados” en una zona de alto valor turístico, se firmaron contratos y se recaudaron millones sin entregar un solo título válido.

A todo esto se suma una causa por narcotráfico en Estados Unidos, donde Villaverde habría sido investigada por contrabando de drogas años atrás. Si bien el caso se tramitó bajo reserva, los registros judiciales norteamericanos confirman su paso por el sistema penal del estado de Florida. Este medio viene siguiendo de cerca esa causa, que podría reabrirse si prosperan los pedidos de cooperación internacional solicitados por la justicia argentina. El perfil de Villaverde, lejos de corresponder a una dirigente “anticasta”, exhibe un entramado de vínculos y antecedentes que deberían ser incompatibles con una banca legislativa.

A pesar de la gravedad de los hechos, la diputada continúa en funciones, blindada por el escudo político de su espacio. Ningún dirigente libertario, empezando por el propio Javier Milei, se pronunció sobre el caso. Tampoco hubo investigación interna ni sanción ética alguna. El oficialismo que se jacta de “barrer la corrupción” se limita a mirar hacia otro lado cuando el barro mancha su propia casa.

El contraste entre el discurso moralista de la casta libertaria y la realidad judicial de sus dirigentes se vuelve insostenible. Villaverde no es una excepción: es la regla de un movimiento que, mientras denuncia “mafias” ajenas, ampara sus propios negociados. Si algo revela el caso de Las Grutas, es que el verdadero “Tajamar” no fue un barrio frustrado, sino una metáfora perfecta del nuevo liberalismo argentino: un proyecto sobre tierra sin escrituras, sostenido por promesas huecas y financiado con la ingenuidad ajena.