El senador Enzo Fullone defendió la reforma de la Ley de Glaciares con una frase que sintetiza el enfoque del oficialismo: reducir la protección ambiental para habilitar negocios extractivos, aun a costa de desinformar y despreciar el valor estratégico del agua. En el debate por la modificación de la Ley de Glaciares, La Libertad Avanza expuso sin matices su mirada sobre los bienes comunes. Con argumentos economicistas, frases provocadoras y una peligrosa simplificación científica, el oficialismo avanzó sobre una de las reservas hídricas más sensibles del país.
Las palabras no son inocentes, y en política ambiental mucho menos. Cuando el senador por Río Negro, Enzo Fullone, afirmó en el recinto que existen “rocas a cuatro mil metros congeladas que hoy no sirven para nada”, no estaba improvisando una metáfora desafortunada ni cometiendo un simple exabrupto retórico. Estaba, en realidad, poniendo en palabras el núcleo duro de la reforma que el gobierno de Javier Milei impulsa sobre la Ley de Glaciares: la idea de que la protección ambiental solo vale si es rentable, inmediata y funcional a los intereses del mercado.
La frase, registrada en la transmisión oficial del Senado y rápidamente viralizada en redes sociales, generó un repudio inmediato por su tono despectivo y por lo que implica en términos de política pública. Fullone no habló de manera aislada. Su intervención se dio en el marco de una defensa coordinada del oficialismo, alineada con lo expresado previamente por el senador Bruno Olivera, de San Juan, también de La Libertad Avanza, quien había relativizado el valor de los ambientes periglaciares al referirse a ellos como “campos congelados” sin utilidad concreta.
El argumento central de Fullone fue reiterado con insistencia: según su visión, la ley vigente protege “absolutamente todo lo que no es agua”, equiparando geoformas con función hídrica comprobada con otras que, a su entender, no aportan nada al recurso hídrico. En esa lógica, una roca congelada a 4.000 metros de altura no tendría “ninguna injerencia hídrica” y, por lo tanto, no merecería protección legal. La frase “no sirven para nada” se repite como un martillo discursivo que busca instalar una idea simple, casi brutal, para justificar un cambio normativo de enorme impacto.
Pero esa simplificación no es ingenua. La reforma que defiende el oficialismo apunta a restringir la protección solo a glaciares y ambientes periglaciares que tengan un rol hídrico “comprobado y estratégico”, dejando fuera del paraguas legal a formaciones de alta montaña que, según esta interpretación, no inciden de manera directa en el agua disponible para consumo humano, agricultura o ecosistemas de menor altitud. Dicho de otro modo: si no se puede medir su utilidad inmediata en términos productivos, entonces no merece ser cuidada.
El problema de este enfoque no es solo técnico, sino profundamente político. Al reducir el valor de los glaciares y ambientes periglaciares a su aporte hídrico visible y directo, el discurso oficial ignora deliberadamente la complejidad de los sistemas ecológicos de montaña. Incluso aquellas formaciones que no descargan agua de manera evidente cumplen funciones clave como reservorios lentos, reguladores térmicos y amortiguadores climáticos, especialmente en regiones áridas. Negar ese rol no lo elimina: solo lo vuelve invisible para facilitar su sacrificio.
Fullone intentó presentar su postura como una forma de “terminar con ambigüedades” que, según él, frenan el desarrollo económico de las provincias, en particular de actividades como la minería. Bajo esa lógica, la ley actual sería demasiado amplia, demasiado protectora, casi un obstáculo burocrático que impide el progreso. La reforma, entonces, aparece como una herramienta para “enfocarse en lo útil” y dejar de proteger “todo lo congelado” en la alta montaña.
Sin embargo, ese razonamiento esconde una trampa discursiva conocida: contraponer ambiente y desarrollo como si fueran términos incompatibles. Al plantear que la protección ambiental es un freno y no una condición del desarrollo, el gobierno de Milei recupera una matriz extractivista clásica, aggiornada con lenguaje libertario y una retórica de eficiencia económica. En esa matriz, el agua no es un derecho ni un bien común, sino un insumo que debe ser explotado solo si genera rentabilidad.
La repercusión de las palabras de Fullone no se limitó al recinto. Los fragmentos de video, de unos quince segundos, circularon masivamente en redes sociales, donde fueron utilizados como símbolo de una postura oficialista percibida como ignorante, negacionista y abiertamente hostil al cuidado del ambiente. La frase “rocas congeladas que no sirven para nada” se convirtió en un resumen brutal del desprecio con el que el oficialismo aborda los ecosistemas de altura.
Desde sectores científicos y ambientalistas, la reacción fue de alarma. Aunque no siempre citando directamente a Fullone, las críticas apuntaron al corazón del problema: la reforma debilita la protección de reservas estratégicas de agua dulce en un contexto de crisis climática, retroceso de glaciares y creciente estrés hídrico. La idea de que solo debe protegerse aquello que hoy resulta “útil” desconoce que el valor ambiental muchas veces se expresa a largo plazo, cuando ya es demasiado tarde para reparar el daño.
En este punto aparece una de las paradojas más inquietantes del discurso oficial. Mientras afirma querer “proteger mejor el agua”, el gobierno impulsa una reforma que fragmenta esa protección, la condiciona y la vuelve negociable. Al delegar en las provincias la definición de qué ambientes deben ser protegidos según su función hídrica, se abre la puerta a interpretaciones flexibles, presiones económicas y decisiones políticas atravesadas por intereses extractivos. Lo que se presenta como descentralización y eficiencia puede convertirse, en la práctica, en una carrera hacia el mínimo común denominador ambiental.
Fullone fue cuidadoso en un punto: no dijo literalmente que “los glaciares no sirven para nada” como afirmación general. Se refirió, según su propia aclaración implícita, a ciertas formaciones específicas que él considera carentes de valor hídrico. Pero esa distinción, más que aclarar, expone el problema de fondo: ¿quién define qué sirve y qué no? ¿Con qué criterios? ¿Bajo qué intereses? En un país donde la minería a gran escala presiona históricamente sobre zonas glaciares y periglaciares, la respuesta no puede ser ingenua.
El debate por la Ley de Glaciares dejó al descubierto algo más que una discusión técnica. Mostró una concepción del Estado, del territorio y de los bienes comunes que atraviesa al gobierno de Javier Milei. Una concepción que reduce la naturaleza a una planilla de costos y beneficios, que desprecia lo que no puede monetizarse de inmediato y que está dispuesta a dinamitar consensos ambientales construidos durante años en nombre de un supuesto desarrollo que siempre parece beneficiar a los mismos.
Cuando un senador de la Nación define a parte de las reservas de agua del país como “rocas congeladas que no sirven para nada”, no está solo opinando. Está habilitando un sentido común peligroso, uno que naturaliza el despojo y banaliza el daño ambiental. En tiempos de crisis climática, ese tipo de discursos no son solo provocadores: son irresponsables. Y cuando se convierten en política pública, sus consecuencias ya no se miden en palabras, sino en territorios arrasados y futuros hipotecados.
Fuente:
https://x.com/MundoEConflicto/status/2027200331201810745
https://www.reuters.com/sustainability/land-use-biodiversity/argentinas-senate-passes-glacier-law-reform-backed-by-milei-unlock-mining-2026-02-27/
https://www.reuters.com/sustainability/climate-energy/argentina-faces-vote-loosen-glacier-protections-push-mining-investment-2026-02-25/
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