La intransigencia oficial, lejos de mostrar fortaleza, expone un modelo de imposición que ignora a las provincias, erosiona alianzas políticas y pone en riesgo la gobernabilidad. Mientras el Ejecutivo se encierra en una lógica de “todo o nada”, la reforma laboral avanza desprovista de consensos reales. El rechazo a modificar el proyecto revela más debilidad política que convicción reformista y abre un escenario de conflicto institucional y social.
La reforma laboral que el gobierno de Javier Milei intenta imponer en el Congreso no es el resultado de un acuerdo amplio ni de una discusión madura sobre el futuro del trabajo en la Argentina. Por el contrario, surge de una decisión política rígida, cerrada y profundamente centralista, que concibe el diálogo como una concesión inadmisible y el consenso como una señal de derrota. Bajo el relato oficial de firmeza y coherencia, lo que se observa es un Ejecutivo atrincherado, incapaz de procesar la complejidad del país que gobierna.
A días de su tratamiento en el Senado, el propio oficialismo admite que la estrategia es no modificar una sola línea del proyecto. “O se aprueba así como está, o no sale”, sintetizó sin eufemismos uno de los integrantes de la mesa política libertaria. Lejos de ser una demostración de liderazgo, esta definición desnuda un problema estructural: un gobierno que confunde autoridad con obstinación y reforma con imposición.
La resistencia a revisar el capítulo fiscal, especialmente la baja del impuesto a las Ganancias, es el punto más elocuente de esta deriva. Las provincias advierten que la medida impactará de lleno en su recaudación, pero la Casa Rosada decidió desoír esos reclamos. No hay compensaciones, no hay negociación, no hay siquiera una señal de empatía institucional. En un país federal, esa actitud no es neutral: es una provocación política.
El texto que impulsa el Ejecutivo se presenta como una herramienta para “modernizar” el mercado laboral y fomentar el empleo formal. Sin embargo, el propio desarrollo de las negociaciones exhibe una contradicción central: si la reforma fuera tan beneficiosa y consensuable como se afirma, no necesitaría avanzar bajo presión ni a fuerza de ultimátums. La negativa a introducir cambios no revela solidez técnica, sino fragilidad política.
Incluso dentro del Congreso, aliados circunstanciales del oficialismo reconocen que el respaldo es endeble. Senadores y diputados que acompañaron al Gobierno en otras iniciativas admiten dudas, reparos y malestar. El capítulo de Ganancias quedó “pendiente”, según reconocen, pese a promesas de revisión por parte del Ministerio de Economía que nunca se materializaron. Esa indefinición no es un detalle: es la muestra de un Ejecutivo que promete diálogo mientras ejecuta cerrojos.
En las provincias, el clima es de desconfianza. Funcionarios locales consultados anticipan que “hasta último momento todo puede cambiar”, una frase que no expresa expectativa sino incertidumbre. Gobernadores del centro del país y de la Patagonia observan cómo la Nación avanza sin medir consecuencias territoriales, convencida de que la disciplina política puede reemplazar al acuerdo federal. El resultado es un deterioro silencioso de la relación entre la Casa Rosada y los gobiernos provinciales.
La reforma laboral, además, se inserta en un contexto legislativo saturado. Feriados, debates paralelos y una agenda cargada dificultan el tratamiento del proyecto, que podría incluso postergarse hasta marzo. Esa demora, lejos de fortalecer la iniciativa, la debilita: expone que el Gobierno no logró construir una mayoría sólida y que depende de negociaciones de último minuto para sostener un texto que se presenta como innegociable.
En Diputados, el panorama es todavía más incierto. Legisladores afines al oficialismo cuestionan la estrategia de llevar la discusión al límite en el Senado sin asegurar el escenario posterior. La reforma corre el riesgo de convertirse en una victoria simbólica efímera o, peor aún, en un traspié político que deje al Gobierno aislado y sin margen de maniobra. La obsesión por capitalizar la iniciativa como un triunfo propio amenaza con socavar su viabilidad real.
La relación con el PRO ilustra esta fragilidad. Los gestos de acercamiento, las fotos y los discursos de coincidencia no logran ocultar tensiones profundas. El malestar por acuerdos previos con el peronismo, que relegaron a socios circunstanciales, sigue latente. La reforma laboral, en lugar de consolidar una coalición de apoyo, profundiza la lógica transaccional y volátil que domina el Congreso.
Lo más preocupante es que el debate de fondo sobre el trabajo queda desplazado. No se discuten seriamente las condiciones laborales, la informalidad estructural ni la calidad del empleo. La reforma aparece reducida a una bandera ideológica, funcional a un relato de confrontación permanente. El Gobierno no busca convencer, busca imponer. No aspira a construir una mayoría social, sino a forzar una votación.
En este contexto, la insistencia en avanzar sin cambios revela una paradoja inquietante. Mientras Milei proclama la necesidad de previsibilidad y reglas claras para atraer inversiones, su práctica política introduce un nivel creciente de incertidumbre institucional. Provincias en alerta, aliados incómodos y un Congreso tensionado no son señales de estabilidad, sino de un sistema al límite.
La reforma laboral, tal como se plantea, no es solo un proyecto legislativo. Es el reflejo de un modo de gobernar que desprecia los matices, subestima el federalismo y reduce la política a una pulseada de poder. El riesgo no es únicamente que la ley fracase, sino que, aun aprobada, nazca sin legitimidad social ni consenso político, condenada a la conflictividad permanente.
El Gobierno de Javier Milei enfrenta así una disyuntiva que él mismo creó. Persistir en la intransigencia puede darle una victoria táctica, pero a un costo estratégico alto: aislarse, erosionar alianzas y profundizar la grieta institucional. La reforma laboral, presentada como símbolo de cambio, amenaza con convertirse en la prueba más clara de los límites de un proyecto que confunde convicción con cerrazón y liderazgo con imposición.
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