El ex ministro cuestionó en AM530 los cambios a la Ley de Glaciares y alertó que, en un país donde más de la mitad del territorio atraviesa una situación hídrica crítica, avanzar sin consenso científico ni garantías constitucionales expone a la Argentina a conflictos judiciales y daños irreversibles.
En diálogo con Víctor Mastrangelo en Somos Radio, Daniel Filmus sostuvo que no existe incompatibilidad entre desarrollo minero y defensa del agua, pero advirtió que cualquier modificación que implique retrocesos en derechos ambientales puede ser declarada inconstitucional. Señaló el retroceso del 17% de las zonas glaciares en la última década y cuestionó el debilitamiento del rol del Estado en la protección de los recursos estratégicos.
El debate por la Ley de Glaciares volvió al centro de la escena y, con él, una discusión que atraviesa fibras sensibles del modelo de desarrollo argentino: agua, minería, soberanía y ambiente. En declaraciones realizadas en AM530, Somos Radio, Daniel Filmus fue tajante. “No es incompatible defender el agua con el desarrollo de la minería”, afirmó, marcando una posición que se corre del falso dilema que suele instalarse en el debate público. Pero inmediatamente encendió una alarma que el Gobierno de Javier Milei parece dispuesto a ignorar: cualquier reforma que implique una regresión en derechos ambientales puede terminar en la Corte Suprema y dejar a las empresas frente a un escenario de inseguridad jurídica.
El planteo no es menor. Filmus recordó que “solo una pequeña parte de la cordillera es la que está protegida con la Ley de Glaciares, es el 0,20% del país”. Es decir, no estamos hablando de una prohibición generalizada de la actividad minera, sino de una protección específica sobre zonas que cumplen una función clave en la regulación de los recursos hídricos. En un país donde, según sus propias palabras, “más de la mitad de la Argentina está en una situación hídrica muy crítica”, relativizar esa protección no parece precisamente una jugada audaz, sino más bien temeraria.
El ex ministro fue claro al señalar que existe un atlas de zonas glaciares ya elaborado, que debería actualizarse cada cinco años. En los últimos diez años, sostuvo, hubo un 17% de retroceso. El dato no es una consigna ambientalista, es un indicador científico vinculado al calentamiento global y al retroceso de los glaciares. En ese contexto, avanzar hacia modificaciones que debiliten la ley vigente no suena a modernización normativa, sino a un retroceso en términos de prevención.
Filmus introdujo un elemento central en la discusión: la constitucionalidad. “Si se vota esta ley, las empresas mineras van a correr el riesgo de que luego la Corte Suprema defina que es inconstitucional”, advirtió. La frase, lejos de ser una amenaza política, apunta a un principio jurídico básico: en materia ambiental rige el criterio de no regresión. Si el Congreso sanciona una norma que implique menos protección que la existente, la Justicia puede intervenir. El antecedente de Chile, donde la Corte Suprema frenó una obra y las empresas perdieron, fue mencionado como ejemplo concreto de que estos conflictos no son hipotéticos.
El Gobierno de Milei ha planteado, desde el inicio de su gestión, una mirada fuertemente desreguladora. Bajo la premisa de “liberar” las fuerzas del mercado, el Estado aparece como un obstáculo a remover. Sin embargo, en cuestiones ambientales, esa lógica choca con un límite evidente: “Si no hay un Estado que proteja el ambiente, quedamos librados a los intereses de unos pocos”, subrayó Filmus. La frase sintetiza una tensión de fondo. ¿Puede el mercado autorregularse cuando lo que está en juego es el agua, un recurso estratégico y escaso?
El ex ministro también recordó que las provincias tienen la facultad de ser más estrictas que la Nación en materia ambiental. “Hay provincias que prohíben la minería a cielo abierto porque la Constitución permite que haya mayor dureza”, explicó. La Nación fija presupuestos mínimos, pero las jurisdicciones pueden elevar el estándar de protección. Esa arquitectura federal complejiza cualquier intento de imponer una flexibilización uniforme. No es solo una discusión técnica; es un entramado constitucional.
Otro punto clave fue el rol de la ciencia. “Los científicos son los que dicen cuándo hay una zona de glaciar que regula los recursos hídricos y que no se puede tocar”, afirmó. No se trata de intuiciones ni de slogans. La delimitación de áreas protegidas responde a estudios específicos sobre su función como reservas estratégicas de agua. En un escenario de cambio climático y retroceso glaciar, ignorar esos datos sería, como mínimo, imprudente.
Filmus también desmontó la idea de que el desarrollo minero dependa necesariamente de intervenir zonas glaciares. “Crece mucho la minería en Argentina sin necesidad de tocar la zona glaciar”, señaló. La afirmación apunta a desactivar el argumento de que la ley vigente paraliza inversiones. Según su planteo, el crecimiento del sector no requiere sacrificar áreas sensibles. El problema, entonces, no es la minería en sí misma, sino dónde y bajo qué reglas se realiza.
En este punto, la discusión se vuelve más incómoda. Porque si es posible desarrollar la actividad sin afectar glaciares, ¿por qué avanzar sobre la ley? La sospecha que sobrevuela es que el afán desregulador responde más a una lógica ideológica que a una necesidad productiva concreta. Y ahí el debate se vuelve político en el sentido más crudo del término.
Filmus planteó además que, sin una legislación clara, los conflictos terminan judicializándose. “Los lugares sin legislación apropiada lo resuelve la Corte Suprema”, advirtió. En otras palabras, desarmar el marco normativo no elimina el problema, lo traslada. Y lo traslada a un terreno donde la incertidumbre puede ser aún mayor para todos los actores involucrados.
Hay un dato que atraviesa toda la intervención: el agua como recurso estratégico. En un país con vastas regiones atravesadas por sequías recurrentes, donde más de la mitad del territorio enfrenta situaciones hídricas críticas, el retroceso del 17% en zonas glaciares en la última década no es un detalle estadístico. Es una señal de alerta. Y en ese contexto, cualquier reforma que implique menor protección puede leerse como una regresión.
El Gobierno de Javier Milei ha hecho del ajuste y la reducción del Estado una bandera. Pero cuando se trata de bienes comunes como el agua, la discusión excede la eficiencia administrativa. Estamos ante derechos ambientales reconocidos y ante principios constitucionales que no pueden desactivarse con una consigna de mercado. La advertencia de Filmus no es solo política; es jurídica y científica.
El debate está abierto y, como reconoció implícitamente el propio ex ministro, no es lineal ni simple. Defender el agua y promover la minería no son términos excluyentes. La clave está en el cómo, el dónde y el bajo qué reglas. Lo que sí parece claro es que avanzar hacia una norma que implique regresiones puede desencadenar una batalla judicial y profundizar la incertidumbre.
En tiempos donde el discurso oficial suele simplificar las tensiones bajo la lógica de “todo o nada”, la intervención de Filmus introduce matices. Reconoce la complejidad, pero también fija límites. El retroceso de los glaciares, la crisis hídrica y la vigencia del principio de no regresión ambiental no son consignas ideológicas; son datos y marcos normativos que condicionan cualquier política pública.
La pregunta de fondo es si el Gobierno está dispuesto a escuchar esas advertencias o si avanzará, fiel a su estilo, a fuerza de mayorías circunstanciales y confrontación. En un país donde el agua es cada vez más un recurso estratégico y escaso, jugar con los límites de su protección no parece una apuesta menor. Y si la política no asume esa responsabilidad, la última palabra, como ya ocurrió en otros países, puede terminar en manos de la Corte Suprema.
