Mientras el gobierno santafesino defiende su política de seguridad como un éxito, la policía de calle protesta por sueldos bajos, endeudamiento, corrupción interna y condiciones laborales que empujan a una crisis profunda. El conflicto ya desborda Rosario y amenaza con expandirse.
La postal fue brutal y difícil de disimular: patrulleros atravesados sobre Ovidio Lagos, sirenas encendidas durante horas frente a la Jefatura de la Unidad Regional II en Rosario, efectivos en actividad reclamando mejoras salariales y denunciando malos tratos. No eran familiares ni retirados. Eran policías de calle. Los mismos que, hasta ayer, sostenían la narrativa oficial de una política de seguridad “exitosa” que el gobierno de Maximiliano Pullaro exhibe como una de sus principales banderas.
El reclamo comenzó el lunes por la noche como una protesta que los propios agentes definieron como pacífica. El detonante fue el malestar acumulado por salarios que rondan los 850.000 pesos en el caso de suboficiales, sumado a un plus no remunerativo anunciado por el gobierno provincial que dejó afuera a sectores completos del cuerpo, como retirados, administrativos y efectivos en disponibilidad. El conflicto escaló cuando el jefe de Policía, Luis Maldonado, ordenó desalojar la calle. Según el vocero de los manifestantes, el abogado Gabriel Sarla —exagente y ex candidato en la interna de Unidos—, la represión incluyó gas pimienta contra familiares, incluso una mujer embarazada. A partir de allí, la protesta se multiplicó y derivó en una paralización de móviles.
La respuesta oficial fue inmediata y punitiva. El ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, confirmó el pase a disponibilidad de 20 policías a los que acusó de promover acciones violentas y antijurídicas. El Ministerio Público de la Acusación inició una investigación por posible incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. El mensaje fue claro: el gobierno tolera el reclamo “legítimo”, pero no el método. Cococcioni fue más allá y deslizó que detrás de la protesta habría sectores desplazados y vinculados a graves delitos de corrupción. La hipótesis oficial es que se intenta “golpear una política de seguridad que es exitosa”.
Sin embargo, la escena no encaja tan fácilmente en la versión del complot marginal. Lo que se vio en Rosario fue inédito: once departamentales se sumaron de manera masiva. Patrulleros detenidos, motos, incluso micros. La protesta no quedó encapsulada en un pequeño grupo. Y eso obliga a mirar más profundo.
El trasfondo, según denuncias recogidas en los últimos días, es mucho más estructural. La cuestión salarial es el núcleo duro del problema. Suboficiales que cobran 850.000 pesos en un contexto inflacionario feroz, efectivos que deben trabajar como choferes de aplicaciones, albañiles o vendedores para completar ingresos, familias endeudadas hasta el cuello. El sueldo no alcanza para sostener una vida digna y eso deriva en una presión psicológica que ya tuvo consecuencias trágicas. En Rosario se registraron dos suicidios en apenas ocho días. El caso del oficial Oscar “Chimi” Valdéz, ocurrido en el predio de la Jefatura, encendió una alarma que el gobierno intentó desactivar con anuncios parciales: plus para personal de calle, beneficios de transporte, alojamiento y atención de salud mental. Pero el paquete fue percibido como insuficiente y divisorio.
En Santa Fe, la mayoría de los policías proviene del norte provincial, una región empobrecida tras el desmantelamiento del ferrocarril y la falta de oportunidades laborales. Muchos viajan entre 200 y 600 kilómetros para prestar servicio en Rosario. Lo hacen en micros en estado deplorable que tardan hasta ocho horas en completar el trayecto. Con salarios bajos, no pueden costear traslados propios y, en ocasiones, hacen dedo para regresar a sus hogares. En una fuerza donde el reclutamiento femenino creció al punto de superar al masculino, las agentes —muchas jefas de hogar— deben atravesar esas distancias para ver a sus hijos. La tensión familiar es constante, el desgaste emocional evidente.
El gobierno provincial ensayó un bono de 500.000 pesos en dos cuotas, pero solo para quienes trabajan en zonas de riesgo y sin incorporarlo al básico. En paralelo, se habla de adicionales y una tarjeta alimentaria ampliada. Medidas parciales que no atacan el problema estructural: un salario de base insuficiente y un sistema de recargos plagado de denuncias.
Las acusaciones de corrupción interna no son nuevas ni menores. En la Policía Federal, y según denuncias elevadas a la conducción política, existen maniobras de “destinos fantasmas”: horas adicionales que no se cumplen pero se cobran, compartiendo el dinero con superiores. La cadena de mando, conocida internamente como “la corona”, retendría parte de esos pagos. En la DUOF San Martín se denunció la existencia de un recaudador apodado “La Rana” que impediría investigar zonas dominadas por el narcotráfico vinculado a la banda de Mameluco Villalba, configurando zonas liberadas. También se describen operativos donde se consigna en nómina a varios efectivos cuando en la práctica se envía a uno solo, priorizando la estadística sobre la prevención real. Operativos contra narcos realizados a pie o en transporte público por falta de móviles identificables.
El cuadro es inquietante. Chalecos antibalas vencidos, falta de prácticas de tiro desde hace tres años, carencia de insumos básicos como papel, computadoras o cámaras en algunas divisiones. Y una constante: “solo hay plata para los proyectiles antidisturbios”, ironizan los rebeldes. La frase sintetiza una percepción que excede Santa Fe y dialoga con el clima nacional bajo la administración de Javier Milei, donde el ajuste presupuestario golpea áreas sensibles mientras se refuerzan dispositivos represivos.
La crisis policial santafesina desnuda una paradoja incómoda. De un lado, el gobierno exhibe la baja de homicidios como prueba de éxito. Del otro, los policías de calle denuncian salarios de miseria, endeudamiento, corrupción jerárquica y un sistema que prioriza la estadística por sobre la investigación profunda. Los cuerpos especiales, que reciben bonos y adicionales masivos, se mantienen alineados. Son, en gran medida, los destinados a la represión de protestas. La fractura interna es evidente.
El martes por la tarde circuló la versión de una reunión en Gobernación. Los manifestantes aseguran que fueron convocados y no recibidos. Desde el Ministerio de Seguridad hablaron de diálogo constante pero sin convocatoria formal. El secretario Esteban Santantino reconoció dificultades para identificar interlocutores claros. La falta de canal institucional recrudeció la protesta y los patrulleros volvieron a cortar la calle.
Al cierre de la jornada, el reclamo continuaba. Y más allá de las investigaciones penales en curso, la pregunta es más profunda: ¿puede sostenerse una política de seguridad basada en indicadores cuando la base operativa está exhausta, endeudada y atravesada por denuncias de corrupción? ¿Puede hablarse de éxito cuando la crisis se filtra por la puerta misma de la Jefatura?
El estallido de Rosario no parece el capricho de un grupo aislado. Es el síntoma de un sistema que cruje bajo la presión combinada de salarios insuficientes, tensiones familiares, falta de recursos y prácticas irregulares en la cadena de mando. Y en un país atravesado por el ajuste nacional, donde el discurso oficial privilegia el orden y la disciplina, el sirenazo policial funciona como una señal de alarma que va más allá de Santa Fe. Es el núcleo duro de la seguridad el que hoy reclama ser escuchado.
Fuente:
https://www.pagina12.com.ar/2026/02/11/un-sirenazo-desde-el-nucleo-de-la-gestion/
https://www.pagina12.com.ar/2026/02/10/el-detras-de-escena-de-la-rebelion-policial-salarios-de-miseria-corrupcion-y-malos-tratos/
Deja una respuesta