Paoltroni: millonario embargo por desmontes, fraudes bancarios y turbios negocios en Formosa

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El senador nacional Francisco Paoltroni afronta un combo de embargos por más de 100 millones de pesos, vinculados a fraudes bancarios, desmontes ilegales y un salto patrimonial de más del 2 300 %. En plena exposición pública, sus negocios agropecuarios y su rol político en la provincia de Formosa se convierten en un mapa de sospechas que la justicia federal y provincial investigan con lupa.

No es todos los días que un senador nacional termina con embargos que escalan en cientos de millones y con sospechas que atraviesan desmontes, hacienda “en negro” y tramas agrarias que huelen a vieja política. Pero eso es exactamente lo que enfrenta Francisco Paoltroni, y el tema no puede quedar en la superficie: hay que rascar, preguntarse quién lo tolera, quién lo protege y qué implica para el sistema político y económico de Formosa.

En primer lugar, la causa federal: la jueza Belén López Macé ordenó el embargo de bienes e ingresos por un monto de 134 millones de pesos en una causa por presunto fraude contra la sucursal del Banco Nación en Quitilipi (Chaco). Allí se investiga que Paoltroni —a través de empresas vinculadas— habría librado y endosado cheques que luego fueron desconocidos, lo que abre la puerta al delito y no sólo a la negligencia.

Por otro lado, en la justicia provincial de Formosa surgen embargos ejecutados por la Fiscalía de Estado: multas de más de 104 millones de pesos por desmontes sin autorización que alcanzan una superficie de 904 hectáreas, aunque estimaciones internas elevan esa cifra a 2.239 hectáreas. Las firmas involucradas —directa o indirectamente vinculadas a Paoltroni— operaron en localidades como Ibarreta, Estanislao del Campo y Subteniente Perín.

Y luego está la cuestión de la ganadería. Productores y consignatarias denunciaron que el salto patrimonial del senador es escandaloso: pasó de tener 141 cabezas de ganado en 2017 a 3.390 registradas en 2025, es decir, un crecimiento superior al 2.300 %. El esquema que señalan incluye compras informales “en negro” de hacienda a precio vil y luego su blanqueo en remates de la localidad de Fontana.

¿Y qué implica esto? No es sólo un trámite judicial más. Si las investigaciones avanzan, Paoltroni podría enfrentar causas por evasión fiscal, lavado de activos y las figuras penales que guardan relación con operaciones económicas no declaradas. En un momento en que el gobierno de Javier Milei predica transparencia, liberalización y combate a los privilegios, que un senador esté envuelto en este escándalo revela la profundidad del nudo político que se tejió en Formosa.

Ahora bien: la complejidad de la situación invita a la prudencia. No todo está probado aún, y no todos los interrogantes tienen respuesta. ¿Por qué tardaron tanto las multas y embargos si las irregularidades eran supuestamente años atrás? ¿Qué rol jugaron los mecanismos provinciales para permitir desmontes masivos sin control? ¿Y por qué el salto patrimonial de ganado no despertó la intervención de organismos de control antes? Es un escenario en el que se mezclan el vaciamiento institucional, el negocio agrario y la política local, y eso es lo más preocupante.

Lo que no puede permitirse es que este caso quede en un “vaiven” en los tribunales sin sanción real. Al contrario, debe servir como señal de que, cuando un funcionario público —o un legislador nacional— se pone en ese tipo de situación, el escrutinio debe ser implacable. Y más aún en provincias como Formosa, donde los mecanismos de protección política han operado tradicionalmente con opacidad.

En definitiva: este no es un conflicto menor entre un senador y la justicia. Es una radiografía dura de cómo funcionan los negocios agrarios, las tierras y los desmontes en una provincia que también sufre las consecuencias del ajuste, la inflación y la desigualdad. Y en ese contexto, el silencio, la complicidad o el paso liviano por los temas económicos se vuelven cómplices del desorden que tanto dicen combatir.

Mientras tanto, los ciudadanos formoseños merecen respuestas y el sistema político debe rendir cuentas. Porque si la política permite que estas estructuras operen al margen de la ley, entonces todo decálogo de transparencia y ética quedará en letra muerta. Y en un país que salta de crisis en crisis, no podemos permitir que las reglas sean para todos menos para quienes tienen el poder.