La jueza laboral Moira Fullana falló contra el decreto 340/2025 que buscaba ampliar la categoría de “servicios esenciales” y crear los “trascendentales”, limitando el derecho de huelga. Para la magistrada, el Ejecutivo se arrogó funciones legislativas, vulneró tratados internacionales y no justificó la urgencia para dictar el DNU.
El Gobierno de Javier Milei sumó este lunes un nuevo traspié en su ofensiva contra los derechos laborales: el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N°3, a cargo de la jueza Moira Fullana, declaró la inconstitucionalidad de los artículos 2 y 3 del DNU 340/2025, los cuales pretendían modificar la Ley de Régimen Laboral (25.877) para ampliar la lista de “servicios esenciales” e incorporar una nueva categoría de “servicios trascendentales”, restringiendo así el derecho de huelga.
La sentencia definitiva llegó tras el amparo interpuesto por la Confederación General del Trabajo (CGT), que ya había logrado suspender provisoriamente el decreto con una cautelar dictada por la misma jueza a principios de junio y ratificada luego por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNAT).
Según Fullana, el decreto presidencial es inválido porque no existieron las “circunstancias excepcionales” que exige el artículo 99 de la Constitución Nacional para dictar un DNU, dado que el Congreso estaba en pleno funcionamiento. La jueza destacó que ambas cámaras legislativas venían sesionando normalmente en mayo de este año, lo que desmiente el argumento oficial sobre la supuesta urgencia que habría impedido un tratamiento legislativo.
> “El Congreso de la Nación Argentina se encontraba en pleno funcionamiento, es así que la Cámara de Senadores en sesión ordinaria se reunió el 07/05/2025 y el miércoles 21/05/2025 se llevaron a cabo sucesivas reuniones de comisiones”, señaló la jueza en su fallo, al tiempo que calificó la conducta del Gobierno como una intromisión en atribuciones legislativas.
Fullana también rechazó el planteo del Ejecutivo respecto de la falta de pronunciamiento de la Corte Suprema sobre el DNU 70/2023, y subrayó que aunque existan capítulos suspendidos de aquel decreto, el Gobierno avanzó con un nuevo DNU que directamente sustituía el artículo completo de la Ley 25.877, arrogándose competencias del Congreso.
El fallo incluye un llamado de atención sobre la violación de la división de poderes, al advertir que el Poder Ejecutivo utilizó argumentos de “técnica legislativa” para justificar cambios que, en rigor, son materia exclusiva del Parlamento.
Además, la magistrada dio la razón a la CGT sobre los riesgos que implicaba el DNU en relación con derechos protegidos por tratados internacionales, como el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). Fullana advirtió que la creación de la figura de “servicios trascendentales” —no reconocida internacionalmente— abre la puerta a restricciones arbitrarias del derecho de huelga, lo que podría vulnerar garantías sindicales amparadas por el artículo 14 bis de la Constitución.
En ese sentido, citó a la OIT, que ha alertado sobre los peligros de definir de manera excesivamente amplia qué actividades constituyen “servicios esenciales”, dado que eso podría vaciar de contenido el derecho de huelga. “Sería poco conveniente e incluso imposible pretender la elaboración de una lista completa y definitiva de los servicios que puede considerarse como esenciales”, señala el fallo.
Así, con este nuevo revés judicial, el Gobierno de Milei ve frustrado otro intento de avanzar sobre la legislación laboral mediante decretos de necesidad y urgencia, y la CGT suma un nuevo triunfo en defensa de la huelga como derecho fundamental, tal como ya había ocurrido en diciembre de 2023 contra el DNU 70/2023.
Fuente:
Otro revés judicial para Milei: La Justicia declaró inconstitucional el DNU antihuelga y refuerza el derecho sindical
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