El Gobierno nacional confirmó que no aplicará la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso pero vetada por el presidente Javier Milei, y lo hizo con un tono de autosuficiencia que esconde una política de ajuste sostenido sobre el sistema educativo público. En la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, el Secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el Subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, defendieron el proyecto de Presupuesto 2026 asegurando que las partidas para el área tendrán un “aumento real del 7%” y que las universidades podrán “cubrir todas sus necesidades”. Sin embargo, lo que presentaron como una expansión de recursos es, en realidad, la consolidación de un modelo de desfinanciamiento bajo un relato de eficiencia y meritocracia individual.
Durante su exposición, Torrendell insistió en que “aumentar el gasto estatal” no basta para mejorar los niveles educativos y que las políticas de las últimas décadas se basaron en “un gasto público descontrolado que profundizó la dependencia de las personas del Estado”. Con esa afirmación, el funcionario expuso la matriz ideológica de un gobierno que concibe la educación como una carga fiscal más que como una inversión social. Sostuvo que “debemos gastar menos, pero invertir más en cada persona concreta”, apelando a un discurso que busca justificar la reducción de fondos bajo el pretexto de la eficiencia individual. En los hechos, el proyecto prevé un aumento nominal del 17,6% en inversión educativa con una inflación proyectada de 10,1%, lo que según los funcionarios representa un incremento real del 7%. El problema es que esa cifra parte de un piso presupuestario extremadamente bajo, luego de dos años de recortes y congelamientos que deterioraron salarios docentes, infraestructura y programas de investigación.
Torrendell aseguró además que se prevé una “inversión fuerte adicional” en el plan nacional de alfabetización y mejoras en la formación docente. Pero el anuncio se diluye frente a un contexto en el que las universidades nacionales denuncian la parálisis de proyectos, la falta de recursos básicos y la imposibilidad de mantener servicios esenciales. Según el Consejo Interuniversitario Nacional, las universidades necesitan al menos 7,3 billones de pesos para garantizar su funcionamiento en 2026, pero el presupuesto oficial apenas contempla unos 4,8 billones. Esa diferencia no es un tecnicismo contable: significa menos becas, menos investigación, menos infraestructura y menos oportunidades educativas para cientos de miles de estudiantes.
Mientras tanto, el Subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, se encargó de desmentir lo que definió como una “campaña del miedo”. “No cerró ninguna universidad ni renunciaron 10.000 docentes”, aseguró con tono desafiante. “Les traigo buenas noticias: el sistema tiene 198 mil docentes, cuando iniciamos la gestión había 196 mil. Tampoco hay éxodo”, agregó. Sin embargo, su negación de un supuesto éxodo docente opera como una distracción que oculta el verdadero problema: la precarización laboral, la pérdida del poder adquisitivo y la sobrecarga de trabajo que enfrentan quienes sostienen el sistema educativo a pulmón. Que no haya despidos masivos no implica que no haya ajuste. Hay docentes con salarios por debajo de la línea de pobreza, carreras sin presupuesto y universidades que funcionan con aportes extraordinarios o donaciones.
Al abordar la decisión de no aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, los funcionarios intentaron justificar lo injustificable. Álvarez argumentó que la oposición “nunca dijo de dónde deberían salir los fondos” y que financiar una ley sin fuente definida sería “un acto de ilegalidad”. Torrendell remató la idea con una ironía: “Por más que el Parlamento vote la derogación de la Ley de Gravedad, salimos afuera y la gravedad sigue existiendo”. La frase, tan provocadora como arrogante, resume la lógica con la que el oficialismo busca blindar su decisión política detrás de un supuesto rigor fiscal. La ley, aprobada con mayoría legislativa, establecía un mecanismo de financiamiento progresivo para garantizar previsibilidad a las universidades. El veto presidencial, mantenido con orgullo, es una señal clara de desprecio por la autonomía universitaria y por la voluntad democrática expresada en el Congreso.
Mientras Milei y sus funcionarios hablan de eficiencia, lo que se profundiza es un vaciamiento sistemático. La retórica de que “aumentar el gasto no mejora la educación” se transforma en un dogma que desresponsabiliza al Estado y pone en manos del mercado la suerte del conocimiento. Se reemplaza el principio de la educación como derecho por el de la educación como inversión individual. Esa lógica, que se disfraza de “libertad”, encubre un modelo en el que el acceso a la universidad pública será cada vez más desigual y dependiente de la capacidad económica de cada familia.
Los funcionarios también insistieron en que “no hay ajuste con despidos”, pero omiten que el ajuste puede tomar muchas otras formas. Puede ser un presupuesto que no cubre la inflación, salarios que se licúan mes a mes, laboratorios que no reponen insumos, becas que se recortan o suspenden, edificios que se deterioran. El ajuste silencioso avanza cuando se asfixia financieramente a las instituciones y se obliga a las universidades a elegir entre pagar la luz o sostener las clases.
La negativa del gobierno a implementar la Ley de Financiamiento Universitario es una decisión política, no técnica. No se trata de una discusión contable sobre “fuentes de financiamiento”, sino de una definición de prioridades. Cuando se destina más dinero a subsidios para sectores concentrados, se reducen impuestos a corporaciones o se flexibiliza el gasto militar, mientras se restringen los fondos educativos, queda claro cuál es el modelo de país que se impulsa.
El presupuesto 2026 se presenta como un documento de orden y racionalidad, pero en su letra chica esconde una profunda desinversión en la universidad pública. Es la continuidad de un plan de disciplinamiento económico que busca subordinar la educación a la lógica del mercado. En ese esquema, la investigación científica se vuelve un lujo, la docencia un sacrificio y el conocimiento un producto más. El discurso de “liberar las capacidades individuales” no es más que un eufemismo para justificar el retiro del Estado y transferir la responsabilidad del progreso a quienes menos tienen.
Mientras el gobierno celebra un supuesto aumento real del 7%, las universidades alertan que el sistema está al borde del colapso. La UBA, la UNC, la UNLP y la mayoría de las casas de estudio públicas coinciden en que el presupuesto no alcanza para cubrir los costos mínimos de funcionamiento. El contraste entre la narrativa oficial y la realidad es abrumador. Se promete libertad, pero se impone precariedad. Se habla de inversión, pero se ejecuta ajuste. Se presume de “buenas noticias”, pero se niega la emergencia educativa que atraviesa al país.
El presupuesto 2026 no es un plan de fortalecimiento, sino un certificado de continuidad del ajuste. La educación universitaria, una de las mayores conquistas sociales de la Argentina, queda nuevamente en la mira de una gestión que concibe el conocimiento como un privilegio y no como un derecho. La ley que buscaba garantizar su financiamiento fue vetada, y el discurso que intenta justificarlo apenas encubre un modelo que avanza en la desarticulación del sistema público. Bajo el relato de la austeridad y la eficiencia, el gobierno de Milei consolida un rumbo que empobrece la educación, debilita la ciencia y socava el futuro del país.
Fuentes:
Infobae – “La UBA cuestionó el Presupuesto 2026 anunciado por Milei y advirtió sobre el agravamiento de la crisis universitaria”
https://www.infobae.com/politica/2025/09/16/la-uba-cuestiono-el-presupuesto-2026-anunciado-por-milei-y-advirtio-sobre-el-agravamiento-de-la-crisis-universitaria/
Boletín Oficial de la República Argentina – “Decreto 647/2025: veto al Proyecto de Ley N.º 27.795 de Financiamiento Universitario”
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/5932589/20250910
Chequeado – “Es falso que la gestión de La Libertad Avanza es la que más dinero giró a las universidades, como señalan posteos que compartió Milei en X”
https://chequeado.com/ultimas-noticias/es-falso-que-la-gestion-de-la-libertad-avanza-es-la-que-mas-dinero-giro-a-las-universidades-como-senalan-posteos-que-compartio-milei-en-x/
Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) – “Un proyecto para consolidar el ajuste universitario”
https://www.cin.edu.ar/un-proyecto-para-consolidar-el-ajuste-universitario/
Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) – “La universidad pública se repiensa y reclama su financiamiento”
https://www.cin.edu.ar/la-universidad-publica-se-repiensa-y-reclama-su-financiamiento/
El País – “El Congreso argentino rechaza el veto de Milei a las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica”
https://elpais.com/argentina/2025-09-17/el-congreso-argentino-rechaza-el-veto-de-milei-a-las-leyes-de-financiamiento-universitario-y-emergencia-pediatrica.html
Chequeado – “Presupuesto 2026: todo lo que tenés que saber sobre el proyecto…”
https://chequeado.com/el-explicador/presupuesto-2026-todo-lo-que-tenes-que-saber-sobre-el-proyecto-que-presentara-hoy-javier-milei-en-cadena-nacional/
La Capital – “Ley de financiamiento universitario: desde la UNR piden que el gobierno recapacite y no la vete”
https://www.lacapital.com.ar/la-ciudad/ley-financiamiento-universitario-la-unr-piden-que-el-gobierno-recapacite-y-no-la-vete-n10217968.html
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