Nada Nuevo: Milei y Bullrich crean una Policía Federal al estilo FBI para vigilar a los argentinos

El presidente firmó un decreto que transforma la Policía Federal en una fuerza de inteligencia criminal, con reducción de personal, ingreso restringido a universitarios y estructura “más eficiente”. La ministra Patricia Bullrich lo celebra como “modernización”. Pero detrás del modelo importado del FBI se esconde un proyecto de control político y disciplinamiento social.

El gobierno de Javier Milei oficializó la reforma integral de la Policía Federal Argentina con un decreto que reorienta su misión a la investigación de “delitos complejos”, desliga a la fuerza de la seguridad en la Ciudad de Buenos Aires y plantea un modelo que emula al FBI norteamericano. Lo que Clarín celebra como “modernización”, otros podrían denunciar como una consolidación del aparato represivo con fines políticos en un contexto de creciente conflictividad social y persecución judicial a referentes opositores.

Sin debate legislativo ni consulta ciudadana, el gobierno nacional aprobó por decreto la transformación profunda de la Policía Federal Argentina. El documento, el Decreto 383/2025, lleva las firmas del presidente Javier Milei, su jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Lejos de tratarse de una simple reorganización administrativa, la medida implica un giro estratégico en el funcionamiento de las fuerzas de seguridad, con implicancias que deberían generar alarma en una sociedad democrática.



¿Una policía para investigar o para vigilar?

El decreto establece que la Policía Federal tendrá como misión exclusiva “prevenir, detectar e investigar delitos federales y complejos”, dejando de lado su rol tradicional en la seguridad urbana porteña. Esto último, en sí, puede parecer razonable en términos de competencias entre jurisdicciones. Pero el problema no está en lo que la fuerza deja de hacer, sino en lo que pasa a hacer y cómo.

El modelo elegido es el FBI. Se insiste en que el nuevo ingreso será reservado a universitarios graduados, que la estructura será “eficiente y reducida”, que se invertirá en “tecnología forense” y en protocolos de investigación sofisticados. Pero mientras la propaganda oficialista habla de eficiencia, lo que se perfila es una fuerza altamente tecnificada, subordinada a la lógica del espionaje interno, y con una conducción política directamente concentrada en el Ejecutivo.

Esto sucede en simultáneo con el avance del lawfare en Argentina, el encarcelamiento selectivo de referentes del kirchnerismo, el hostigamiento a movimientos sociales y sindicales, y la criminalización de la protesta social. ¿En este contexto, una fuerza policial con facultades ampliadas de investigación, bajo control directo del gobierno, puede ser considerada como una modernización neutral?



Bullrich y el fetiche del “modelo americano”

La ministra Bullrich no oculta su admiración por los modelos represivos del hemisferio norte. Desde sus tiempos en el macrismo que sueña con una Argentina que adopte sin filtros el sistema de seguridad interna estadounidense. El problema es que esa “importación de recetas” no viene con sus garantías institucionales, sino solo con su lógica punitiva.

En Estados Unidos, el FBI ha sido acusado históricamente de infiltración política, espionaje interno, manipulación judicial y violación de derechos civiles. La famosa “eficiencia” de su accionar ha ido de la mano con prácticas opacas y persecuciones ideológicas, especialmente durante los períodos más conservadores o autoritarios de la historia norteamericana. ¿Es esto lo que Milei quiere replicar?

Bullrich afirma que se busca una policía “altamente capacitada”, pero en simultáneo el decreto plantea la reducción progresiva de suboficiales, estableciendo un techo anual de incorporaciones. Además, se elimina la posibilidad de ingresar desde los niveles medios o bajos de la sociedad, al requerirse un título universitario como prerrequisito. Así se configura una fuerza elitista, verticalista y desconectada del tejido social que debería proteger.



Una herramienta de persecución, no de justicia

Mientras Milei aprieta el acelerador para lograr un aparato estatal “más chico pero más letal”, las calles se llenan de manifestantes, las universidades reclaman financiamiento, las ollas populares proliferan y los gremios preparan nuevas medidas de fuerza. La violencia institucional se vuelve el único recurso de un gobierno incapaz de articular consensos.

En este escenario, la reforma policial debe leerse como parte de un plan de control social. Una fuerza que ya no sirve para disuadir delitos comunes sino para perseguir opositores, infiltrar organizaciones sociales, vigilar periodistas, reprimir protestas y blindar judicialmente al oficialismo. Las reformas no se implementan con transparencia ni se someten a debate público: se imponen por decreto, como corresponde a los gobiernos que le temen a la democracia participativa.



Clarín aplaude, el pueblo resiste

Los medios hegemónicos, como Clarín, presentan la reforma como una noticia técnica, inofensiva, casi burocrática. Hablan de “modernización”, de “profesionalización”, de “estructura eficiente”. Pero omiten las implicancias políticas del modelo, su carácter excluyente, su potencial persecutorio y su peligrosidad institucional.

El mismo día en que se discute la posibilidad de que Cristina Fernández de Kirchner sea detenida, el mismo día en que La Cámpora anuncia una marcha a Comodoro Py, el gobierno lanza una reforma de la fuerza que puede convertirse en su brazo ejecutor. ¿Coincidencia?

Mientras tanto, Bullrich y Milei se preparan para celebrar la medida en un acto en la Policía Montada de Palermo, con fotos, discursos y promesas de orden. Pero el orden que ellos promueven no es el de la justicia social ni el de la paz democrática: es el orden del miedo, del control y del silencio.

La reforma de la Policía Federal es mucho más que un reordenamiento institucional. Es el intento del gobierno de Javier Milei de blindarse frente al conflicto social y a las críticas políticas mediante un aparato policial adaptado a sus necesidades ideológicas. En tiempos donde la democracia se debilita y la protesta se criminaliza, una policía “al estilo FBI” no es sinónimo de eficacia: es la antesala de un Estado vigilante y autoritario. La sociedad civil, los organismos de derechos humanos y la oposición deben encender las alertas antes de que sea demasiado tarde.

Fuente:

https://www.clarin.com/politica/gobierno-oficializo-serie-reformas-policia-federal_0_unl2OSZXY6.html

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