Con los votos peronistas que gobiernan la cordillera, Milei logró cambiar la Ley de Glaciares y abrirle la puerta a la minería en zonas periglaciares.
Entre discursos burlones, dictámenes repartidos a último momento y un acuerdo político que huele a concesión vieja, el gobierno de Javier Milei consiguió modificar la Ley de Glaciares. El precio fue alto: entregar a las provincias la potestad ambiental que antes resguardaba el interés nacional y dinamitar, en nombre del “trabajo”, una de las pocas normas que ponía un límite real al extractivismo minero.
El Senado aprobó la modificación de la Ley de Glaciares con 40 votos afirmativos, 31 negativos y una abstención. El número, frío en apariencia, esconde una operación política densa, cargada de contradicciones, tensiones internas y un mensaje inquietante: cuando el ajuste necesita dólares, el agua pasa a ser negociable. El gobierno de Javier Milei, que se autopercibe antisistema pero gobierna con las herramientas más clásicas del poder, logró lo que venía buscando desde diciembre: reescribir una ley ambiental clave con el apoyo de gobernadores peronistas de provincias cordilleranas, aquellos que hace años reclaman mayor flexibilidad para la explotación minera.
Sergio Uñac, Lucía Corpacci y el bloque de Carolina Moisés fueron piezas centrales de esa mayoría. A ellos se sumaron legisladores que responden a Raúl Jalil y a otros oficialismos provinciales que encontraron en esta ley una moneda de cambio. No es un detalle menor. La votación confirmó que el federalismo ambiental, tal como lo propone Milei, no es otra cosa que una descentralización funcional al negocio extractivo, donde cada provincia queda librada a su capacidad —y voluntad— de controlar a empresas mineras que manejan presupuestos muy superiores a los de cualquier organismo local.
La norma aprobada devuelve a las provincias la facultad de realizar los estudios de impacto ambiental en zonas periglaciares, una tarea que hasta ahora recaía en el IANIGLA, un organismo científico nacional cuya función era justamente evitar que la evaluación ambiental quedara capturada por intereses políticos o económicos locales. El cambio no es técnico ni inocente: es estructural. Implica pasar de un criterio nacional de protección a uno fragmentado, permeable y, en muchos casos, condicionado por la urgencia fiscal y la promesa de inversiones.
El debate en el recinto fue un reflejo brutal de ese clima. Austin Coto, miembro informante del oficialismo, no sólo defendió la reforma sino que se permitió burlarse de la ley original, calificándola como una norma escrita “por dos chetos en un bar de Palermo”. El desprecio no fue casual: es la expresión cultural de un gobierno que entiende al ambientalismo como un capricho urbano y a la ciencia como un obstáculo burocrático. En ese gesto hay algo más profundo que una provocación: hay una concepción del país donde los territorios se ordenan según su rentabilidad inmediata.
Las respuestas no tardaron en llegar. Daniel Bensusán, visiblemente indignado, puso en evidencia uno de los métodos recurrentes del mileísmo parlamentario: dictámenes que aparecen de la nada, textos repartidos minutos antes de la votación, discusiones a espaldas de la sociedad. Lo mismo que ocurrió con la reforma laboral, volvió a repetirse aquí. Legisladores votando normas que no terminaron de leer, comisiones salteadas, acuerdos cerrados en oficinas. La transparencia, otra vez, quedó en el discurso.
Patricia Bullrich, en el cierre, intentó encapsular el conflicto en una falsa dicotomía: “agua o trabajo”. Es una fórmula conocida, eficaz para los titulares, pero profundamente tramposa. Nadie discute la necesidad de empleo. Lo que se discute es qué tipo de desarrollo se promueve y quién paga los costos. La experiencia de provincias con décadas de minería activa y poblaciones que aún carecen de servicios básicos desarma ese relato optimista. La minería no es una varita mágica. Y mucho menos cuando el control ambiental se debilita deliberadamente.
Las advertencias llegaron incluso desde bancas que conocen el territorio. José María Carambia fue claro al señalar que el artículo 6 abre la puerta a interpretaciones laxas, a autorizaciones tácitas que pueden convertirse en un vale todo. Alicia Kirchner coincidió al poner el foco en la escasa generación de empleo real que deja la actividad minera. No es ideología: es experiencia acumulada. Aun así, la mayoría eligió mirar para otro lado.
Hubo también defensas más sofisticadas. Sonia Rojas Decut habló de compatibilidad entre desarrollo económico y protección ambiental, de estándares que no se bajan sino que se ordenan. Flavia Royón pidió respeto por los equipos técnicos provinciales y rechazó lo que llamó “terrorismo ambiental”. Son argumentos conocidos, prolijos, institucionales. Pero chocan contra una realidad incómoda: cuando el árbitro es juez y parte, la confianza se erosiona. Y cuando el Estado nacional se retira de su rol de garante, la balanza suele inclinarse del lado del capital.
Luis Juez, en un giro que no sorprendió a nadie, terminó acompañando la reforma pese a haber defendido la ley original en 2010. Su justificación fue casi autobiográfica, apelando a la piel dura y al paso del tiempo. Pero en política, los cambios de postura también construyen sentido. Y aquí el sentido es claro: el nuevo consenso se arma alrededor de la flexibilización ambiental como condición para sostener un modelo económico que necesita divisas urgentes y rápidas.
Lo que se votó en el Senado no fue sólo una modificación legal. Fue una señal política potente. El gobierno de Milei mostró que puede articular mayorías cuando el proyecto coincide con los intereses de sectores extractivos y con la necesidad fiscal de las provincias. Y los gobernadores peronistas que acompañaron dejaron en evidencia una fractura profunda entre el discurso histórico de defensa del ambiente y la práctica concreta del poder.
La Ley de Glaciares de 2010 había sido producto de una disputa intensa, con un criterio finalmente más protector del ambiente. No era perfecta, pero marcaba un límite. Ese límite acaba de correrse. Y cuando los límites se mueven en nombre de la urgencia económica, suele ser el futuro el que paga la cuenta. El agua no vota, no protesta en el Congreso, no hace lobby. Pero sin agua, no hay desarrollo posible. Ni trabajo, ni vida, ni país.
Fuente:
https://www.lapoliticaonline.com/congreso/se-aprobo-con-los-votos-del-bloque-de-moises-unac-y-corpacci-la-modificacion-a-la-ley-de-glaciares-1750/
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