Con la firma del Decreto 787/2025, Javier Milei elimina un pilar del sistema educativo nacional: el control estatal sobre las instituciones privadas. A partir de ahora, las escuelas podrán fijar libremente cuotas, matrículas y salarios. Se consagra un modelo educativo basado en la lógica del mercado, con consecuencias sociales, económicas y pedagógicas imprevisibles.
El gobierno justifica la medida en nombre de la “libertad educativa”, pero en los hechos implica la retirada total del Estado del control sobre el sistema de gestión privada. Lo que se presenta como desregulación es, en realidad, un retroceso histórico: los colegios podrán aumentar las cuotas sin límites y pagar a los docentes lo que quieran, quebrando escalas salariales y convenios colectivos. Se instala así una nueva etapa de desigualdad estructural, donde la educación vuelve a ser un privilegio y no un derecho.
El Decreto 787/2025 firmado por Javier Milei y su gabinete representa uno de los golpes más profundos al sistema educativo argentino desde la dictadura. Lo que se disfraza de “modernización” o “autonomía institucional” es en verdad un cambio de paradigma: el Estado se retira del rol de garante de la igualdad de oportunidades y entrega la educación al mercado, con todas las consecuencias que ello implica.
Hasta ahora, el sistema de educación privada en Argentina estaba sujeto a normas básicas de control estatal: las provincias y el Ministerio de Educación supervisaban los aranceles, garantizaban el cumplimiento de los convenios laborales docentes y regulaban la relación con las familias para evitar abusos. El nuevo decreto dinamita ese esquema: las escuelas podrán aumentar las matrículas y cuotas sin topes y definir libremente las condiciones de contratación y los salarios del personal docente y no docente. En otras palabras, se consagra la libertad patronal total y se destruye cualquier noción de paridad o justicia educativa.
El gobierno de Milei sostiene que el Estado “no debe intervenir en los acuerdos entre partes privadas”, pero esa supuesta neutralidad es una forma de abandono planificado. Sin reglas, sin controles y sin criterios comunes, las escuelas de elite podrán fijar precios inaccesibles mientras los establecimientos más pequeños quedarán librados a su suerte. El resultado previsible es la consolidación de un sistema educativo dual: uno para los que pueden pagar y otro —cada vez más deteriorado— para el resto.
Carlos Castagneto fue claro en su denuncia: esta desregulación no sólo afecta a las familias, sino también a los trabajadores. “Los colegios deberían tener libertad para fijar salarios y condiciones de contratación”, dice el texto del decreto. Esa frase encierra toda la lógica del ajuste: romper los convenios colectivos, licuar las escalas salariales y trasladar la precarización laboral al corazón de las aulas. Es el mismo modelo que Milei aplica en todos los sectores: salarios bajos, ausencia de derechos y poder ilimitado para los empleadores.
La educación deja de ser un derecho garantizado por el Estado y se convierte en un bien transable. Los colegios funcionarán como empresas que compiten por clientes, no como instituciones que forman ciudadanos. En ese esquema, la meritocracia se transforma en un eufemismo cruel: el que puede pagar estudia; el que no, queda afuera. Y el gobierno, lejos de preocuparse por la deserción escolar o el aprendizaje, empuja a miles de familias hacia la exclusión educativa.
El discurso oficial intenta justificar la medida apelando a la necesidad de una “reforma educativa profunda”, como si desregular fuera sinónimo de innovar. Pero una verdadera reforma debería pensar una educación federal, inclusiva y de formación profesional, que fortalezca el sistema público y mejore la calidad docente sin sacrificar derechos. Lo que propone Milei es lo contrario: nivelar para abajo, expulsar a los sectores populares y transformar la educación en una mercancía más dentro del catálogo de su ideología libertaria.
En nombre de la “eficiencia”, el decreto destruye los instrumentos que garantizaban equidad y transparencia. No habrá más límites a los aumentos de cuotas, ni obligación de justificar los incrementos ante las autoridades. Las familias, en plena crisis económica, enfrentarán aumentos imposibles y deberán decidir entre endeudarse o sacar a sus hijos del colegio. Mientras tanto, los docentes verán pulverizados sus salarios y sometidos a contratos temporarios, sin estabilidad ni convenios que los protejan.
La pregunta que deja Castagneto en su posteo resuena con fuerza: ¿hacia dónde va la Argentina en materia de educación? La respuesta, lamentablemente, parece clara. Hacia un modelo privatista, segmentado, donde el Estado abdica de su responsabilidad social y deja a millones de chicos librados a la suerte del mercado. Una educación sin control público no es libertad: es anarquía institucional disfrazada de autonomía. Es la negación de la igualdad como principio rector del sistema educativo.
El propio gobierno que denuncia la “baja calidad educativa” es el que hoy desmantela las herramientas para mejorarla. Critican la deserción escolar, pero recortan programas de inclusión. Hablan de meritocracia, pero destruyen las condiciones para que todos partan del mismo punto. Prometen excelencia, pero promueven precariedad. Y todo eso en nombre de una libertad que, en realidad, es la libertad del más fuerte para imponer sus reglas.
La educación argentina necesita transformaciones, sí. Pero no a costa de destruir lo que costó décadas construir: un sistema mixto, plural y con presencia estatal que, con todos sus defectos, garantizaba mínimos de justicia y accesibilidad. Lo que Milei propone es un salto al vacío, una regresión que nos devuelve a tiempos donde el aula era un privilegio y no un derecho.
Por eso el debate que se impone no es si debe haber reforma o no, sino qué tipo de reforma queremos. Una que sirva al país o una que sirva al mercado. Una que piense en los chicos o una que piense en los balances. Una que construya igualdad o una que perpetúe la exclusión. Porque detrás de cada decreto tecnocrático se define el futuro de miles de jóvenes que, si el Estado se retira, quedarán fuera del sistema educativo. Y sin educación, no hay desarrollo, ni movilidad social, ni república que se sostenga.
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