La administración libertaria decretó el cierre del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad luego de generar una deuda multimillonaria, recortar prestaciones esenciales y empujar al sistema al borde del colapso. Con un DNU publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno fragmentó el IOSFA en dos nuevas entidades autárquicas. La oposición denuncia que se trata del desenlace de un vaciamiento deliberado que transformó un organismo saneado en una crisis sanitaria sin precedentes.
El cierre del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, conocido como IOSFA, no fue un rayo en cielo despejado ni una medida aislada producto de una supuesta herencia recibida. Fue, por el contrario, el punto final de un proceso sistemático de deterioro impulsado por el propio gobierno de Javier Milei, que en apenas dos años logró convertir una obra social superavitaria en un organismo endeudado, desfinanciado y virtualmente paralizado. El decreto de necesidad y urgencia 88/2026, publicado en el Boletín Oficial, oficializó la disolución del IOSFA y la creación de dos nuevas entidades: la Obra Social de las Fuerzas Armadas y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad. El argumento formal fue el “desequilibrio financiero persistente”. Los hechos muestran otra cosa.
Cuando La Libertad Avanza llegó a la Casa Rosada, el IOSFA tenía las cuentas en orden. Así lo recordaron dirigentes de la oposición y exfuncionarios, entre ellos el exministro de Defensa Agustín Rossi, quien fue categórico al señalar que el organismo dejó su gestión con superávit y que la administración libertaria lo transformó en un déficit consolidado cercano a los 200.000 millones de pesos. Lejos de tratarse de un problema estructural heredado, la deuda creció de manera exponencial bajo la conducción política del gobierno actual.
Una auditoría interna reveló que en marzo de 2024 el pasivo del IOSFA era de 42.000 millones de pesos y que para junio de 2025 había escalado a 210.000 millones, incluso antes de sumar nuevas obligaciones financieras. A esa cifra se añadió un endeudamiento de 40.000 millones de pesos con el Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares, una operación que terminará costándole al Estado cerca de 88.000 millones en 36 cuotas. La pregunta que atraviesa todo el proceso es inevitable: ¿cómo una obra social que funcionaba pudo hundirse de ese modo en tan poco tiempo?
La respuesta está en la gestión. Durante los dos años de administración libertaria, el IOSFA tuvo tres interventores distintos, todos designados por el entonces ministro de Defensa y hoy diputado Luis Petri. Los cambios constantes, la toma de préstamos que nunca se saldaron y la ausencia de un plan sanitario serio provocaron un deterioro acelerado del sistema. Prestadores que dejaron de atender, farmacias que cortaron convenios, profesionales de la salud que renunciaron y afiliados obligados a afrontar copagos impagables se convirtieron en la postal cotidiana del organismo.
Las consecuencias humanas de ese vaciamiento fueron dramáticas. Afiliados que debieron luchar para recibir medicamentos oncológicos, insulina o prótesis; tratamientos interrumpidos; servicios esenciales como geriatría y reintegros directamente suspendidos. Trabajadores del propio IOSFA describieron una situación límite, con pacientes desamparados y personal desbordado. Mientras tanto, el Gobierno miraba para otro lado o, peor aún, profundizaba el ajuste.
En enero de 2025, en pleno agravamiento de la crisis, la administración de Milei avanzó con el despido de 150 trabajadores del organismo. Muchos de ellos tenían décadas de antigüedad, habían aprobado exámenes de idoneidad o atravesaban situaciones personales complejas. Los recortes se ejecutaron en puntos estratégicos del país, debilitando aún más la capacidad operativa de la obra social. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado advirtieron entonces que el camino elegido conducía a la privatización o a la destrucción lisa y llana del sistema.
El decreto que ahora disuelve el IOSFA consuma ese proceso. Bajo el argumento de reordenar y sanear, el Gobierno fragmentó el sistema en dos nuevas entidades autárquicas. Por un lado, la Obra Social de las Fuerzas Armadas, que dependerá del Ministerio de Defensa actualmente a cargo de Carlos Presti. Por otro, la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional. Ambas contarán con personería jurídica propia y un esquema rígido de asignación de recursos que, en los papeles, promete destinar el 80 por ciento de los ingresos a prestaciones médico-asistenciales.
Sin embargo, la experiencia reciente invita a desconfiar. La misma administración que hoy promete blindar fondos es la que permitió que una deuda millonaria se acumulara sin control, que los servicios se interrumpieran y que los afiliados quedaran librados a su suerte. Además, el DNU establece un período de transición de hasta un año durante el cual se realizará el traspaso de afiliados, activos y personal. En ese lapso, el Gobierno asegura que no se interrumpirán tratamientos esenciales, aunque las garantías reales son escasas en un contexto de ajuste generalizado.
La oposición fue contundente al denunciar la maniobra. El diputado de Unión por la Patria Eduardo Toniolli recordó que el IOSFA era superavitario al finalizar el gobierno del Frente de Todos y responsabilizó directamente a Milei y Petri por su destrucción. La acusación no es menor: disolver un organismo después de vaciarlo equivale a borrar las huellas de la mala gestión sin investigar responsabilidades.
El caso del IOSFA no puede analizarse de manera aislada. Se inscribe en un abandono más amplio de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, atravesadas por salarios que empujan a más del 60 por ciento de los efectivos por debajo de la línea de pobreza, recortes presupuestarios que reducen el entrenamiento, la provisión de uniformes y hasta la calidad de la alimentación. El resultado es un éxodo creciente de personal: solo en el Ejército, durante 2025, se registraron al menos 300 pedidos de baja, una cifra inédita.
En ese contexto, la disolución del IOSFA aparece menos como una solución y más como la confirmación de una política. Una política que primero desfinancia, luego deja colapsar y finalmente reestructura, siempre en nombre de la eficiencia, pero con un costo social enorme. El gobierno de Javier Milei eligió no fortalecer una obra social estratégica sino empujarla al abismo para luego declarar su inviabilidad.
La gran incógnita que queda abierta es quién se hará cargo del desastre. Sectores de las propias Fuerzas Armadas y de Seguridad reclaman auditorías profundas que determinen responsabilidades por el colapso financiero y sanitario del IOSFA. Sin esa investigación, la disolución no será más que un cierre administrativo que encubra una de las crisis sanitarias más graves provocadas por el ajuste libertario.
Fuente:
https://www.pagina12.com.ar/2026/02/07/el-gobierno-disolvio-iosfa-la-obra-social-de-las-fuerzas-armadas/
https://www.minutouno.com/politica/el-gobierno-disolvio-el-iosfa-n6243082
https://www.lavoz.com.ar/politica/el-gobierno-disolvio-el-iosfa-y-creara-dos-nuevas-obras-sociales-para-fuerzas-armadas-y-agentes-de-seguridad/
Deja una respuesta