La peligrosa alineación: Milei, el sionismo, Irán como enemigo y el riesgo de volver a poner a la Argentina en la mira. La declaración del presidente Javier Milei en Estados Unidos, donde calificó a Irán como “enemigo de la Argentina”, profundiza el giro en la política exterior del país. Para el ex juez Carlos Rozanski, las palabras del mandatario comprometen la paz y la seguridad de millones de argentinos.
En política internacional no existen los gestos inocentes. Cada declaración de un jefe de Estado, cada alineamiento diplomático y cada posicionamiento ideológico tiene consecuencias concretas. Por eso las recientes afirmaciones del presidente Javier Milei, quien se declaró abiertamente “sionista”, reafirmó su alineamiento con Estados Unidos e Israel y llegó incluso a señalar públicamente a Irán como “enemigo de la Argentina”, no pueden analizarse como simples expresiones personales. Se trata, en rigor, de una redefinición profunda del lugar que el país pretende ocupar en un escenario global marcado por guerras, tensiones geopolíticas y disputas entre potencias.
El dato no es menor. Milei realizó esa declaración durante un discurso en la Universidad Yeshiva de Estados Unidos, en un contexto internacional extremadamente sensible. En medio de conflictos armados abiertos y de una creciente escalada en Medio Oriente, la afirmación de que Irán constituye un enemigo del país representa un paso político de enorme gravedad.
Pero además introduce un elemento particularmente delicado: la modificación de una tradición diplomática histórica que caracterizó durante décadas a la política exterior argentina. Desde mediados del siglo XX, la Argentina sostuvo como principios rectores el pacifismo, la resolución diplomática de los conflictos y la no intervención en disputas internacionales. Ese posicionamiento no fue casual ni meramente retórico. Fue una estrategia deliberada para mantener al país al margen de conflictos geopolíticos ajenos y preservar su estabilidad interna.
Esa tradición diplomática, que atravesó distintos gobiernos y orientaciones políticas, formó parte de una doctrina ampliamente reconocida en la región: evitar involucrarse en disputas militares o ideológicas entre grandes potencias. La prudencia, en ese sentido, funcionó durante décadas como una forma de autoprotección.
La historia reciente del país ofrece un antecedente inquietante sobre lo que ocurre cuando esa prudencia se abandona. Durante la década de 1990, el gobierno de Carlos Saúl Menem decidió alinearse de manera casi automática con la política exterior de Estados Unidos. La decisión incluyó el envío de buques de guerra argentinos para participar de la coalición internacional liderada por Washington durante la Guerra del Golfo. Aquella estrategia fue presentada como un gesto de integración al mundo occidental y una apuesta a la inserción internacional de la Argentina.
Sin embargo, los resultados de ese alineamiento resultaron dramáticos. Poco tiempo después, el país sufrió dos de los atentados terroristas más graves de su historia: el ataque contra la Embajada de Israel en 1992 y el atentado contra la AMIA en 1994. Ambos hechos marcaron a fuego la memoria colectiva argentina y expusieron crudamente que las decisiones geopolíticas adoptadas en los despachos del poder pueden tener consecuencias devastadoras para la sociedad.
Tres décadas después, el giro diplomático impulsado por Milei vuelve a colocar ese debate sobre la mesa. El presidente no sólo expresó su cercanía ideológica con Israel, sino que además manifestó reiteradamente su voluntad de fortalecer el vínculo político, económico y militar con ese país y con Estados Unidos. Ahora, con la declaración de Irán como enemigo, el alineamiento adquiere una dimensión todavía más explícita.
La cuestión central no pasa por discutir la relación diplomática con Israel —un vínculo histórico que la Argentina mantiene desde hace décadas— sino por la forma en que esa relación se redefine bajo el actual gobierno. Milei no se limita a sostener una relación bilateral tradicional, sino que adopta un posicionamiento ideológico abierto dentro de uno de los conflictos geopolíticos más sensibles del planeta.
Ese gesto implica, de hecho, un cambio profundo en la doctrina de política exterior del país. La Argentina, que durante décadas reivindicó el multilateralismo, la neutralidad activa y el derecho internacional como pilares de su diplomacia, parece ahora inclinarse hacia un alineamiento automático con una de las partes de un conflicto internacional de enorme complejidad.
Las críticas no tardaron en aparecer. El ex juez federal Carlos Rozanski expresó su preocupación en un mensaje público que rápidamente comenzó a circular en redes sociales. Allí sostuvo:
“Javier Milei en un discurso público en la universidad Yeshiva de EEUU declaró hoy a Irán enemigo de Argentina. Ante la situación internacional de guerra a la que aludió específicamente, las palabras del presidente Milei comprometen la paz y la seguridad de cuarenta y siete millones de argentinos. El Código Penal castiga con severísimas penas en su título IX el gravísimo crimen que cometió el presidente. Fue en flagrancia y no hay atenuantes”.
La declaración de Rozanski introduce un elemento adicional en el debate: la posible dimensión jurídica de una afirmación presidencial de ese calibre. El ex magistrado hace referencia al Título IX del Código Penal argentino, que contempla delitos vinculados con acciones que comprometen la paz de la Nación o la exponen a conflictos internacionales.
Más allá de la interpretación jurídica, el trasfondo político del planteo es claro. Cuando un jefe de Estado identifica públicamente a otro país como enemigo, no se trata simplemente de una declaración retórica. En el lenguaje diplomático, ese tipo de afirmaciones implican una escalada que puede tener consecuencias concretas en el plano internacional.
La pregunta inevitable es qué beneficios obtiene la Argentina al adoptar una posición de confrontación en un conflicto que se desarrolla a miles de kilómetros de su territorio. Porque la política exterior no debería medirse por afinidades ideológicas o religiosas, sino por su capacidad de proteger los intereses nacionales y garantizar la seguridad de su población.
En este punto emerge una preocupación que atraviesa distintos sectores políticos y sociales: el temor a que la Argentina vuelva a quedar expuesta como escenario indirecto de disputas internacionales. La experiencia de los años noventa demuestra que cuando un país se involucra simbólicamente en conflictos ajenos, puede convertirse en objetivo de represalias o acciones violentas que trascienden sus fronteras.
Los atentados de 1992 y 1994 no fueron hechos aislados ni meros episodios de violencia internacional trasladados al territorio argentino. Fueron también la expresión de un contexto geopolítico en el que la Argentina había decidido ubicarse claramente dentro del bloque liderado por Estados Unidos en Medio Oriente. Aquella política exterior, presentada en su momento como una apuesta estratégica, terminó dejando heridas profundas que aún hoy siguen abiertas.
Por eso la redefinición de la política exterior impulsada por Milei no puede analizarse únicamente como una cuestión ideológica. Cuando un presidente adopta públicamente una posición dentro de un conflicto internacional, esa postura se transforma automáticamente en política de Estado. Y las políticas de Estado, por definición, afectan a toda la sociedad.
La política exterior no es un escenario para gestos simbólicos ni para declaraciones grandilocuentes. Es una herramienta estratégica destinada a proteger los intereses de la nación y, sobre todo, la seguridad de su población.
La historia ya demostró que cuando la Argentina abandona su tradición de prudencia diplomática y se subordina a los intereses de potencias extranjeras, las consecuencias pueden ser imprevisibles. Hoy, frente a un nuevo alineamiento geopolítico impulsado desde la Casa Rosada, vuelve a surgir una pregunta inquietante: ¿está el país repitiendo un camino que en el pasado terminó pagándose demasiado caro?
Porque cuando las decisiones de política exterior se toman sin medir sus efectos, los riesgos no los asumen los gobiernos de turno. Los paga, inevitablemente, toda la sociedad.
Deja una respuesta