Tras amenazar con el cierre de Clarín, el Presidente ordenó a Santiago Caputo montar una estructura oficial dedicada a responder noticias periodísticas, profundizando un modelo de comunicación basado en la confrontación y el uso de recursos públicos. La creación de la Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina expone una nueva fase del gobierno de Javier Milei: un Estado que ya no gobierna resolviendo problemas, sino que reacciona, acusa y se atrinchera frente a los medios críticos.
Javier Milei decidió subir un escalón más en su ya extensa guerra contra la prensa. Después de once meses de ataques sistemáticos a periodistas y medios, y tras haber deslizado públicamente la amenaza de cerrar el diario Clarín, el Presidente ordenó a su principal asesor político, Santiago Caputo, la creación de una estructura estatal específica destinada a “desmentir fake news”. Así nació la Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina, una dependencia que no solo condensa la lógica comunicacional del gobierno libertario, sino que también deja al descubierto una concepción del Estado tan reactiva como peligrosa para la vida democrática.
La decisión no surgió en el vacío. Milei llegó a este punto enojado, furioso incluso, por la publicación periodística que reveló el contrato con Hayden Davis, en el marco del caso Libra. La respuesta presidencial no fue explicar, transparentar ni aclarar con documentación, sino redoblar la ofensiva. Primero, con tuits incendiarios. Luego, con la amenaza explícita —aunque envuelta en un supuesto “chiste”— de cerrar uno de los principales diarios del país. Finalmente, con la institucionalización de una oficina estatal cuyo objetivo declarado es señalar “mentiras”, “operaciones” y “falsedades” de los medios y de la llamada “casta política”.
La ORORA, tal como fue bautizada, quedará bajo la órbita de la Dirección Nacional de Comunicación Digital y será manejada por el equipo de Santiago Caputo, con Juan Pablo “JuanDoe” Carreira, un influencer libertario, como responsable formal del área. No se trata de un dato menor. El gobierno no eligió periodistas, comunicadores institucionales ni funcionarios con trayectoria en políticas públicas de información, sino cuadros formados en la lógica de las redes sociales, el enfrentamiento permanente y la viralización del conflicto. La política comunicacional del Estado, en este esquema, se confunde deliberadamente con la lógica del troll center.
El argumento oficial es tan simple como endeble. “Solo informar no alcanza si la desinformación avanza sin respuesta”, sostiene el comunicado de lanzamiento. Bajo esa consigna, el gobierno justifica la creación de una nueva estructura estatal para responder a los medios. Sin embargo, lo que se presenta como una defensa de la verdad es, en los hechos, la consolidación de un aparato de propaganda reactiva, financiado con recursos públicos y orientado a confrontar con el periodismo que no se alinea con el relato oficial.
Lo llamativo es que esta oficina no viene a llenar ningún vacío real. El gobierno ya cuenta con múltiples canales para expresar su versión de los hechos. El propio Milei dedica buena parte de su actividad diaria en redes sociales a desmentir, atacar y ridiculizar a periodistas y medios. Manuel Adorni, que formalmente es vocero presidencial, actúa muchas veces más como comentarista furioso que como funcionario institucional. A eso se suman las cuentas oficiales de la Presidencia, las de Santiago Caputo, las de otros funcionarios y un ecosistema de militancia digital obsesionada con la prensa. Incluso, el propio Adorni llegó a utilizar recursos del Estado para montar “Fake,7,8”, un programa dedicado a refutar noticias que el gobierno consideraba falsas, experiencia que terminó siendo discontinuada tras una abrupta caída de audiencia.
En ese contexto, la creación de la ORORA no parece responder a una necesidad de comunicación, sino a una pulsión política: la de convertir al Estado en un actor beligerante contra el periodismo. El problema es que cuando el poder estatal asume la tarea de decidir qué es verdad y qué es mentira en el debate público, el terreno se vuelve resbaladizo. No es casual que en redes sociales muchos usuarios hayan comparado esta oficina con un “ministerio de la verdad”, ni que otros hayan señalado similitudes inquietantes con experiencias autoritarias.
Las comparaciones no son solo locales. Usuarios y analistas detectaron rápidamente que el nombre, la estética, el concepto e incluso los colores de la ORORA guardan un notable parecido con la “Rapid Response 47”, la oficina creada por Donald Trump para combatir noticias falsas. El gobierno argentino no lo desmintió. Al contrario, parece asumir ese espejo internacional como un modelo a imitar, incluso cuando ese modelo se caracteriza por la confrontación constante con la prensa y por una relación tensa con las reglas básicas del pluralismo democrático.
La paradoja es evidente. Mientras Milei acusa a los gobiernos de izquierda de buscar censurar opositores en medios y redes, su administración avanza en la creación de una estructura estatal dedicada a marcar, señalar y exponer a periodistas y medios críticos. No se trata de censura directa, al menos por ahora, pero sí de un mecanismo de presión simbólica que busca disciplinar el debate público. La amenaza previa contra Clarín, aunque presentada como ironía, funcionó como un mensaje claro: el poder ejecutivo está dispuesto a correr los límites.
La justificación oficial incluye ejemplos internacionales, como la supuesta decisión de medios estadounidenses de no publicar información sensible sobre operativos contra líderes extranjeros. La comparación es forzada y engañosa. En esos casos, las decisiones editoriales surgen de criterios profesionales y contextos específicos, no de una oficina estatal dedicada a vigilar y responder contenidos periodísticos. Confundir ambas cosas no es ingenuidad; es una forma de deslegitimar al periodismo como actor independiente.
En el fondo, la creación de la ORORA revela un problema más profundo del gobierno de Milei. Cuando un Estado deja de anticipar, planificar y resolver, y se limita a responder, el resultado es un gobierno a la defensiva. Un gobierno que reacciona a cada nota periodística como si fuera una amenaza existencial, en lugar de concentrarse en gestionar políticas públicas. La lógica es clara: menos soluciones, más excusas; menos gestión, más relato; menos política, más reacción.
El costo no es solo institucional. También es económico y simbólico. En un contexto de ajuste feroz, recorte del gasto social y apelaciones constantes al sacrificio, el gobierno decide destinar recursos públicos a montar una oficina cuya función es contestar noticias. Mientras se ajusta a jubilados, trabajadores y provincias, se expande el aparato comunicacional del poder. La contradicción es tan evidente como incómoda.
La escalada contra los medios no parece tener techo. La ORORA es un paso más en una estrategia que combina victimización, confrontación y uso intensivo del Estado para disputar sentido. Lejos de fortalecer la democracia, este camino la debilita, porque transforma al disenso en sospecha y al periodismo crítico en enemigo. En ese marco, la pregunta ya no es si el gobierno responderá a las noticias, sino hasta dónde está dispuesto a llegar en su obsesión por controlar el relato.
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