El gobierno de Javier Milei avanza a toda velocidad con la venta de las principales centrales hidroeléctricas del país. A través de la Resolución 1569/2025, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía incorporó una nueva circular modificatoria al pliego del concurso público nacional e internacional para la venta total del paquete accionario de las sociedades Alicurá Hidroeléctrica Argentina S.A., El Chocón Hidroeléctrica Argentina S.A., Cerros Colorados Hidroeléctrica Argentina S.A. y Piedra del Águila Hidroeléctrica Argentina S.A.
El texto, firmado por la cartera económica que conduce Luis “Toto” Caputo, forma parte del proceso de privatización iniciado con los decretos 286/2025 y 590/2025, que autorizan la transferencia al sector privado de las represas más emblemáticas del complejo hidroeléctrico del Comahue, un sistema clave para el abastecimiento energético nacional. La Circular Modificatoria N° 4 deberá difundirse durante tres días en el Boletín Oficial, en el portal CONTRAT.AR, en la plataforma DGMARKET del Banco Mundial y en la página web de la Secretaría de Energía, marcando el inicio de la fase final del proceso licitatorio. En la práctica, significa que el Estado argentino pone en venta el control de los ríos Limay y Neuquén, pilares del sistema hidroeléctrico patagónico, a inversores locales y extranjeros.
Las cuatro sociedades fueron creadas tras la reestructuración de Energía Argentina (ENARSA) y Nucleoeléctrica Argentina (NASA), en el marco de un plan más amplio de “transformación de empresas públicas”. Este proceso fue impulsado desde la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, una unidad ejecutora especial creada por Caputo, con la misión de “racionalizar” los activos del Estado. En términos concretos, se trata de la liquidación de ENARSA, empresa estratégica que había sido recuperada para la administración pública luego del vencimiento de las concesiones privadas otorgadas en los años ‘90.
De acuerdo con fuentes del sector energético, la decisión del gobierno responde al objetivo de privatizar completamente el control y la operación del sistema hidroeléctrico nacional, eliminando cualquier participación estatal directa. La venta se realiza “sin base”, es decir, sin un precio mínimo, y bajo un esquema de concurso público que habilita la participación de capitales extranjeros sin restricciones.
Los gobiernos de Neuquén y Río Negro manifestaron su malestar ante la decisión del Ejecutivo nacional de excluir a las provincias del proceso de gestión y adjudicación. Desde ambas jurisdicciones se insistió en que las represas se encuentran sobre ríos interjurisdiccionales y que, por lo tanto, las provincias deben participar en la toma de decisiones respecto de su administración. “No se puede vender el agua, ni entregar las represas sin consultar a los territorios que las albergan”, sostienen desde los gobiernos provinciales, que evalúan medidas legales para frenar el avance privatizador. El reclamo tiene antecedentes en la posición histórica del Consejo Federal de Energía Eléctrica (CFEE), que promueve la cogestión entre Nación y provincias sobre los recursos energéticos estratégicos.
El avance sobre las represas del Comahue representa un cambio estructural en la matriz de soberanía energética argentina, similar al proceso de privatización impulsado por Carlos Menem en los años noventa, pero con un agravante: hoy, el país se encuentra en plena crisis fiscal y sin capacidad de regulación real sobre el precio de la energía.
La venta de las represas no solo implica perder control sobre la generación eléctrica, sino también sobre la gestión de los caudales de los ríos patagónicos, esenciales para el riego, el consumo humano y la preservación ambiental. Organizaciones socioambientales advierten que, bajo administración privada, la prioridad dejará de ser el manejo integral del recurso hídrico y se concentrará en la rentabilidad de corto plazo. “No es una privatización más: es la entrega del agua”, señalan desde la Fundación Río Limay. La preocupación se amplifica considerando que los contratos de concesión incluirán derechos de uso del agua por más de 30 años, sin garantías de supervisión efectiva por parte del Estado nacional ni de los entes reguladores provinciales.
La decisión de avanzar con las represas se inscribe en el plan general de privatización masiva que el gobierno de Javier Milei impulsa desde el inicio de su gestión, bajo el argumento de “achicar el Estado” y “atraer inversiones”. Sin embargo, especialistas en economía energética advierten que este tipo de operaciones no garantiza mayor eficiencia ni ingresos genuinos, sino que consolida la transferencia de recursos estratégicos al capital concentrado. El caso de las hidroeléctricas del Comahue es paradigmático: fueron construidas con inversión pública, administradas por el Estado durante décadas y, ahora, se ponen en venta en un contexto de recesión, con activos depreciados y sin mecanismos claros de control posterior.
La publicación de la Resolución 1569/2025 marca un nuevo capítulo en la ofensiva del gobierno de Milei contra el patrimonio público. La privatización de las represas no es una simple medida económica: es una decisión política de entregar el control del agua, la energía y la planificación estratégica a manos privadas. Mientras Neuquén y Río Negro alzan la voz, el Ejecutivo acelera un proceso que redefine la soberanía energética argentina y deja al Estado como mero espectador de sus propios recursos.
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