Un día después del encuentro con el presidente estadounidense, el gobierno de Milei anuncia la privatización de centrales estratégicas construidas con fondos públicos.
Las hidroeléctricas Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, íconos de la soberanía energética argentina, pasarían a manos privadas. La decisión genera alarma por la posible entrega de recursos estratégicos a intereses extranjeros, en un contexto de respaldo explícito de Estados Unidos al gobierno ultraderechista.
El presidente Javier Milei no esperó ni cinco minutos para avanzar con una de las medidas más controvertidas de su gestión: la venta de las centrales hidroeléctricas Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. Estas obras, levantadas décadas atrás con fondos públicos y sin generar déficit, constituyen pilares fundamentales del sistema energético argentino y símbolos de la soberanía nacional.
La rapidez de la decisión, apenas un día después de la reunión con el presidente Donald Trump, no pasó desapercibida. Analistas y opositores interpretan el movimiento como un gesto de entrega de recursos estratégicos a intereses extranjeros, en un marco donde Estados Unidos no dudó en mostrar un apoyo explícito al gobierno ultraderechista de Milei.
Críticos del plan señalan que la privatización de estas centrales podría profundizar la dependencia energética del país y debilitar la capacidad del Estado para regular precios y garantizar el abastecimiento. Además, advierten que la venta de activos construidos con inversión pública sin generar déficit implica una transferencia de riqueza hacia manos privadas, en lugar de fortalecer el desarrollo interno.
La medida también plantea interrogantes sobre la planificación a largo plazo del gobierno en materia de energía y soberanía nacional. Mientras el oficialismo promueve la apertura a capitales privados, el resto de la sociedad se enfrenta a la perspectiva de ceder control de recursos estratégicos que durante décadas aseguraron estabilidad energética sin comprometer las cuentas públicas.
En un contexto donde la política exterior y la economía doméstica parecen alinearse a favor de intereses externos, la decisión de Milei se suma a un patrón de medidas rápidas que priorizan la rentabilidad privada sobre el interés público. La venta de las hidroeléctricas, además de generar polémica inmediata, abre un debate sobre la dirección que el gobierno le imprime a la gestión de los recursos estratégicos del país.
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