El ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Juan Martín Mena, lanzó una dura acusación contra los jueces de la Corte Suprema, a quienes responsabilizó de actuar en función de resultados electorales y de garantizar impunidad para los sectores más poderosos del país. Su mensaje encendió el debate sobre el rol del Poder Judicial y su dependencia de los grandes medios y del poder económico.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena, volvió a sacudir el tablero político y judicial con un mensaje contundente publicado en su cuenta de X. Allí denunció que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya no administra justicia, sino que responde a intereses políticos y mediáticos. “Cada día queda más claro que lo que hace esta Corte vergonzosa no tiene nada que ver con administrar justicia”, escribió Mena, en un texto que se viralizó rápidamente y generó un fuerte eco entre dirigentes políticos y referentes del ámbito judicial.
El funcionario bonaerense sostuvo que, apenas 48 horas después de un resultado electoral, el máximo tribunal tomó una serie de decisiones que beneficiaron al oficialismo y perjudicaron a sus adversarios políticos. “Rechazaron analizar, sin siquiera estudiar y resolver, 14 recursos de Cristina Fernández de Kirchner, Guillermo Moreno, Julio De Vido, Martín Sabbatella, entre otros”, apuntó. A la vez, denunció que el mismo día la Corte “garantizó más impunidad para Caputo, Sturzenegger, Arribas, Macri y Milei; más negocios para Telecom y ni siquiera se salvaron los familiares de los muertos del submarino ARA San Juan, a quienes les negaron justicia para encubrir a Mauricio Macri”.
El mensaje de Mena no fue una reacción aislada ni un exabrupto momentáneo. Desde hace tiempo, el ministro bonaerense viene señalando que la Corte se ha convertido en un instrumento de persecución política y en un engranaje funcional a los intereses del poder económico concentrado. Su diagnóstico se apoya en una serie de fallos que, a su juicio, consolidan un doble estándar judicial: impunidad para los poderosos, castigo para los opositores. En su texto, Mena expone con crudeza esa percepción, afirmando que los jueces “hacen política y de la peor posible”, moviéndose al ritmo de los grandes medios y de los grupos empresariales.
En su publicación, no faltaron nombres ni responsables. Mena señaló directamente a Héctor Magnetto, CEO del Grupo Clarín, y a Bartolomé Mitre Saguier, del diario La Nación, como figuras que manejan los hilos del poder real detrás de los fallos judiciales. “Mucho palacio y poca independencia, corren y se arrastran frente al primer grito de Saguier y Magnetto”, escribió, en una frase que resume su denuncia de subordinación mediática. En ese sentido, su mensaje es también una advertencia política: lo que se está discutiendo no es sólo el comportamiento de un tribunal, sino la estructura de poder que condiciona la democracia argentina.
El enojo de Mena surge en un contexto de creciente deslegitimación del Poder Judicial, especialmente de la Corte Suprema, cuestionada por amplios sectores por su falta de transparencia, su lentitud y su tendencia a intervenir selectivamente en los casos con mayor repercusión política. La crítica del ministro bonaerense refleja, en parte, el hartazgo de un amplio sector del peronismo, que percibe al máximo tribunal como un brazo político del establishment financiero y mediático. Pero también traduce una sensación más generalizada de impotencia ante una justicia que, según él, “se mueve por resultados electorales y órdenes de los dueños de medios”.
El caso del ARA San Juan, mencionado por Mena, es uno de los ejemplos más dolorosos y simbólicos. Los familiares de los 44 tripulantes muertos en el hundimiento del submarino denuncian desde hace años que fueron espiados y maltratados por el gobierno de Mauricio Macri. La decisión de la Corte de negarles justicia fue, según Mena, la confirmación de que los derechos de las víctimas están subordinados a la protección de los poderosos. Esa comparación entre los familiares de las víctimas y los “criminales” que describe el ministro sintetiza su mirada: una justicia que castiga a los débiles y absuelve a los responsables.
Mena no se ahorra ironías al imaginar el futuro de los jueces de la Corte: “Qué difícil va a ser después de todo esto que den charlas, se autoproclamen juristas o tengan la caradurez de escribir algún libro”, escribió, deslizando que su actuación quedará marcada en la historia como un capítulo oscuro de degradación institucional. La frase resuena como una advertencia moral: el poder judicial puede ampararse hoy en su impunidad, pero no escapará al juicio de la historia.
Las palabras del ministro bonaerense también son una señal política hacia el gobierno de Javier Milei. Mena no menciona al presidente de manera directa, pero su denuncia incluye a figuras clave de su entorno, como Luis Caputo y Federico Sturzenegger, quienes hoy ocupan posiciones de poder y aparecen mencionados como beneficiarios de las decisiones judiciales. La crítica, entonces, no sólo alcanza a la Corte sino al modelo de país que el actual gobierno representa: un modelo que concentra poder, debilita el Estado y subordina las instituciones al mercado.
En ese sentido, el planteo de Mena trasciende lo judicial para convertirse en una interpelación social. “¿Qué queda para las injusticias que viven argentinas y argentinos todos los días, si la justicia es esta porquería que sólo se mueve por resultados electorales?”, se pregunta. La frase refleja una indignación compartida por amplios sectores de la ciudadanía que perciben que el sistema judicial funciona de espaldas al pueblo, respondiendo a intereses ajenos a la justicia social.
El diagnóstico que plantea el ministro es tan severo como revelador: una Corte Suprema que hace política, un poder mediático que dicta sentencias, y una democracia condicionada por los intereses de los grandes grupos económicos. En ese escenario, las palabras de Mena no sólo exponen la fractura institucional, sino también la crisis moral de un país que ve cómo la balanza de la justicia se inclina cada vez más hacia un solo lado.
El mensaje no es nuevo, pero cobra nueva fuerza en un contexto donde el gobierno nacional profundiza su alianza con los sectores financieros y mediáticos, y donde la independencia judicial parece ser una formalidad vacía. Si la justicia se convierte en un instrumento del poder real, como sostiene Mena, entonces la república pierde su último bastión de equilibrio.
Las declaraciones del ministro bonaerense resumen una sensación extendida: la de una justicia que dejó de ser el refugio de los débiles para transformarse en el escudo de los poderosos. Su denuncia interpela directamente a la sociedad argentina y plantea una pregunta de fondo: ¿puede haber democracia verdadera sin justicia independiente?
Deja una respuesta