Las dos CGT y las dos CTA colmaron el centro cordobés con un mensaje unificado de rechazo a un proyecto que consideran regresivo, antisindical y funcional a los grupos concentrados. Con dirigentes nacionales al frente, las centrales obreras se movilizaron en Córdoba mientras el Congreso se apresta a tratar la reforma laboral impulsada por Javier Milei. Denuncian un retroceso histórico en derechos, un ataque a los convenios colectivos y una avanzada contra el periodismo y la democracia.
La escena fue contundente y, para quienes la protagonizaron, inevitable. En el corazón de la ciudad de Córdoba, las dos CGT y las dos CTA confluyeron en una movilización masiva que paralizó el centro y dejó un mensaje sin matices: no a la reforma laboral del gobierno de Javier Milei. No fue una protesta más ni un gesto testimonial. Fue una demostración de fuerza política, social y simbólica en un momento clave, cuando el proyecto oficial se encamina a ser tratado en sesiones extraordinarias y parece contar con consensos transversales en buena parte del arco político.
Desde temprano, las sedes gremiales comenzaron a poblarse de trabajadores y trabajadoras que luego confluyeron en una concentración única en bulevar Perón y San Jerónimo. El lugar elegido no fue casual. Enfrente se levanta El Panal, sede del gobierno provincial, un edificio que en esta historia funciona como telón de fondo y también como interpelación directa. La gestión de Martín Llaryora, que en diciembre aplicó un ajuste sobre los salarios estatales, aparece para los sindicatos más cerca del clima político nacional que de una postura de defensa activa del trabajo y los ingresos. Esa cercanía, explícita o tácita, fue parte del mensaje que sobrevoló toda la jornada.
La movilización del jueves tuvo, además, una antesala inmediata. El día previo, una caravana de trabajadores estatales recorrió la ciudad para denunciar el aumento de los aportes a la caja provincial y la precarización laboral dentro del propio Estado. Esa continuidad no es menor: expone un clima de conflictividad sostenida, una acumulación de malestar que no se agota en una ley puntual sino que se inscribe en una ofensiva más amplia sobre el mundo del trabajo.
Las centrales sindicales fueron claras y no apelaron a eufemismos. Para ellas, la reforma laboral representa un retroceso histórico en las condiciones de empleo, facilita los despidos y consolida la precarización de las contrataciones. Bajo el discurso de la modernización, sostienen, se esconde un intento deliberado de desguazar los convenios colectivos y debilitar la capacidad de negociación de los sindicatos. No es una discusión técnica ni un ajuste de normas obsoletas: es una redefinición del equilibrio de fuerzas entre capital y trabajo, y el péndulo, denuncian, se mueve brutalmente hacia los intereses patronales.
La CGT Córdoba puso el acento en los efectos concretos del modelo libertario. Según expresaron, el ajuste impulsado por el gobierno nacional viene destruyendo industrias y puestos de trabajo a un ritmo inédito. En ese contexto, la reforma laboral no aparece como una solución sino como una profundización del problema, una herramienta para disciplinar a los trabajadores y erosionar las organizaciones sindicales. La crítica no se quedó en el plano abstracto. Habló de fábricas que cierran, de empleos que se pierden y de un tejido productivo que se deshilacha mientras el discurso oficial promete un futuro que nunca llega.
Desde la CTA de las y los Trabajadores Córdoba, Leticia Medina fue todavía más explícita al caracterizar la reforma como regresiva y carente de respuestas a los problemas reales del trabajo en la Argentina actual. Lejos de mejorar las condiciones de empleo o de enfrentar la informalidad, advirtió, el proyecto profundiza los desequilibrios existentes. Garantiza mejores condiciones para la acumulación de ganancias en los grupos concentrados mientras desprotege a los trabajadores en aspectos centrales como la negociación colectiva, el acceso a la salud y la soberanía sobre el tiempo de vida. No se trata solo de salario, sino de cómo se organiza la vida cotidiana bajo un modelo que mercantiliza cada minuto.
Una de las intervenciones más potentes de la jornada fue la de Mariana Mandakovic, secretaria general del sindicato de prensa. Su denuncia puso el foco en un aspecto que excede el ámbito estrictamente laboral y se adentra en el terreno democrático. Según explicó, el proyecto de reforma laboral no contiene un solo artículo a favor de la clase trabajadora y, además, pretende derogar la Ley 12.908, el Estatuto del Periodista. Esa norma garantiza condiciones básicas para el ejercicio del periodismo y el acceso a la información, y su eliminación, advirtió, atenta directamente contra la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a estar informada.
La advertencia no es menor ni exagerada. Para el gremio de prensa, la derogación del Estatuto del Periodista implica dejar a los trabajadores del sector a merced de presiones políticas y económicas, en un contexto donde el propio gobierno estigmatiza y amedrenta a periodistas y medios críticos. Mandakovic fue clara al señalar que no sorprende que una administración con ese perfil busque avanzar contra derechos conquistados. La reforma laboral, en ese sentido, no solo precariza el trabajo: erosiona los pilares que sostienen una democracia con pluralidad de voces.
La movilización contó con la presencia de organizaciones sociales y organismos de derechos humanos, y se desarrolló bajo un fuerte despliegue policial. Esa imagen, la de una protesta pacífica rodeada de uniformes, también dice algo sobre el clima político actual. La protesta social aparece cada vez más vigilada, más contenida, como si el conflicto fuera un problema de orden público y no la expresión legítima de demandas sociales insatisfechas.
Entre los dirigentes nacionales que encabezaron la marcha estuvieron Roberto Baradel, Rodolfo Aguiar y Hugo “Cachorro” Godoy. Su presencia le dio a la jornada una proyección federal y la inscribió en una estrategia más amplia de resistencia. No es un hecho aislado. Es una escala más en un recorrido que tendrá continuidad el 10 en Rosario y que podría desembocar, si el proyecto avanza, en un paro nacional general. La advertencia está sobre la mesa y no parece una amenaza vacía.
La consigna que unificó los discursos resume el núcleo del conflicto. La patria necesita un plan de desarrollo nacional, no una reforma laboral. Detrás de esa frase hay una disputa de modelos. De un lado, un proyecto que concibe al trabajo como un costo a reducir y a los derechos como trabas para el mercado. Del otro, una visión que entiende al empleo digno, a los convenios colectivos y a la organización sindical como pilares de cualquier estrategia de crecimiento con inclusión.
La complejidad del momento no se le escapa a nadie. El proyecto de reforma laboral parece contar con apoyos que atraviesan fronteras partidarias, y eso obliga a los sindicatos a mover fichas en un tablero difícil. Sin embargo, la masividad de la movilización en Córdoba muestra que el rechazo no es marginal ni sectorial. Es una expresión amplia de un malestar que recorre el país y que cuestiona no solo una ley, sino un rumbo económico y social.
En ese contexto, la protesta en Córdoba funciona como advertencia y como síntoma. Advierte que habrá resistencia si se intenta avanzar sobre derechos históricos y sindicales. Y revela, al mismo tiempo, que el discurso de la modernización y la libertad encuentra límites concretos cuando se traduce en pérdida de empleo, precarización y silenciamiento de voces críticas. La calle volvió a hablar, y lo hizo con claridad. Ahora la pelota está en el Congreso, pero también en una sociedad que empieza a preguntarse hasta dónde está dispuesta a tolerar el ajuste como destino inevitable.
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