El magistrado rechazó la detención e indagatoria de los empresarios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, implicados en el escándalo de la criptomoneda $LIBRA, y además le negó el acceso al expediente a la Comisión Investigadora del Congreso. El fallo, plagado de tecnicismos, expone una peligrosa connivencia entre la justicia federal y el poder político.
Mientras los tribunales federales parecen moverse con rapidez cuando se trata de perseguir opositores, la causa que compromete al entorno presidencial de Javier Milei se congela bajo el despacho del juez Marcelo Martínez De Giorgi. En diez páginas, el magistrado consiguió lo que en Comodoro Py se llama un “no fallo”: una resolución que parece justificar todo para no resolver nada.
El 29 de octubre de 2025, el Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 8, a cargo de Marcelo Martínez De Giorgi, emitió una resolución en la causa CFP 772/2025, conocida públicamente como “Causa $LIBRA”, uno de los expedientes más sensibles del año por sus ramificaciones políticas, financieras y tecnológicas. La investigación apunta al presunto uso de una criptomoneda —promovida por figuras cercanas al presidente Javier Milei— para manipular el mercado y obtener ganancias especulativas. Sin embargo, el fallo de De Giorgi se convirtió en una muestra perfecta del inmovilismo judicial y de la protección corporativa al poder político.
El periodista Juan Alonso, especializado en tribunales, resumió la situación con una frase lapidaria en su cuenta de X (antes Twitter):
“Causa $LIBRA: el juez Martínez De Giorgi rechazó la detención y la indagatoria de Mauricio Gaspar Novelli y Manuel Terrones Godoy. También le negó el acceso a la causa a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados. Diez páginas de excusas para dilatar el trámite del expediente”.
La observación de Alonso no es exagerada: al leer el texto judicial completo —diez páginas con un lenguaje minucioso, plagado de subordinadas y justificaciones— el efecto es el mismo que cuando un magistrado decide no decidir. El juez se escuda en formalismos procesales y medidas cautelares preexistentes para evitar avanzar en la instrucción, rechazar nuevas imputaciones y bloquear el control institucional del Congreso.
El expediente muestra que la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, presidida por Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), había solicitado el acceso irrestricto a la causa y la documentación probatoria. Ferraro argumentó que, en virtud de lo resuelto en la reunión de Comisión del 7 de octubre de 2025, la investigación debía coordinarse con la causa 574/2025 “Milei Javier Gerardo y otros s/ averiguación de delito”, donde se investigan posibles maniobras de especulación con criptomonedas.
El planteo de la Cámara tenía un sentido institucional: la Comisión Investigadora actúa en el ámbito del Congreso, en representación de un poder del Estado que tiene la facultad de controlar la transparencia de los actos del Ejecutivo. Sin embargo, De Giorgi decidió negar el acceso, bajo el argumento de que podría “entorpecer” la investigación o afectar la preservación de pruebas, a pesar de que el propio fallo admite que las medidas cautelares vigentes —como el congelamiento de activos y la prohibición de innovar— son suficientes para resguardar el proceso.
En otras palabras, el juez reconoce que no hay riesgos procesales, pero igual rechaza la participación del Congreso y suspende cualquier avance sobre los empresarios imputados. El resultado es un verdadero cerrojo judicial, una muralla que protege a los implicados mientras el tiempo pasa y las pruebas pierden valor.
No es la primera vez que Martínez De Giorgi aparece como un actor dispuesto a congelar causas incómodas para el poder político. Su historial en Comodoro Py muestra una serie de expedientes donde las decisiones se dilatan hasta volverse irrelevantes. Pero en este caso, el contexto es particularmente grave: la causa $LIBRA involucra operaciones financieras millonarias y podría destapar una red de tráfico de información privilegiada y manipulación de activos digitales que conecta a empresarios, funcionarios y operadores mediáticos.
Los nombres no son menores. Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, a quienes el juez decidió no indagar, aparecen vinculados en registros de plataformas exchange como KIP Protocol, una criptomoneda con la que se habría ensayado el mismo mecanismo de pump and dump que luego se replicó con $LIBRA: comprar en su piso, difundir mediáticamente el activo con apoyo de figuras públicas, inflar su precio y vender justo antes del derrumbe. La operación habría dejado ganancias estimadas en más de 600 mil dólares.
Frente a este escenario, la decisión de De Giorgi no sólo frena el avance judicial sino que envía una señal política de protección. En lugar de garantizar la transparencia, la resolución opta por encubrir con formalidades lo que debería investigarse con urgencia.
El argumento central del magistrado es casi una burla a la inteligencia: sostiene que “las medidas cautelares actualmente vigentes resultan idóneas para prevenir cualquier entorpecimiento”, y que por tanto no se justifican nuevas acciones. Pero al mismo tiempo, esas mismas cautelares se utilizan como excusa para no abrir el expediente al control público.
El resultado es un círculo vicioso de impunidad.
No se imputan a los sospechosos porque “no hay riesgo de fuga ni entorpecimiento”.
No se permite acceder a la causa porque “podría entorpecer la investigación”.
No se avanza porque “las medidas vigentes son suficientes”.
Y así, el expediente se convierte en una pieza más del archivo de Comodoro Py: prolija, sellada y sin consecuencias.
El problema trasciende el caso $LIBRA.
Lo que está en juego es la credibilidad del sistema judicial argentino. Un juez que se muestra diligente cuando se trata de opositores o de causas mediáticas, pero que aplica el principio de prudencia cuando el poder de turno está implicado, deja de ser un árbitro neutral para transformarse en un actor político con toga.
No es casual que el fallo haya sido interpretado como un blindaje al gobierno de Milei, en un momento en que el Ejecutivo enfrenta cuestionamientos por conflictos de interés y por la creciente influencia de grupos financieros sobre decisiones de Estado. La Comisión Investigadora buscaba precisamente eso: seguir el rastro del dinero, las wallets y los flujos entre funcionarios y empresas. El juez le cerró la puerta.
En su resolución, Martínez De Giorgi escribe que las medidas adoptadas “tienden a asegurar la preservación de los elementos probatorios y la disponibilidad de los bienes objeto de investigación”. Pero la contradicción es evidente: si el objetivo es preservar la prueba, ¿por qué no permitir la intervención de un órgano parlamentario que representa a la ciudadanía? La respuesta está entre líneas: porque el poder judicial prefiere custodiar al poder económico antes que al interés público.
La actitud del magistrado recuerda una vieja práctica del fuero federal: dictar fallos extensos para justificar la inacción. Son resoluciones que parecen trabajadas, razonadas, hasta prudentes, pero que en la práctica son actos de encubrimiento sofisticado. En lugar de enfrentar la evidencia y asumir el costo político de investigar, el juez se refugia en la semántica procesal, en los tecnicismos y en las frases impersonales que nadie puede refutar.
El resultado: otro expediente que se enfría, otra oportunidad perdida para que la justicia actúe como poder independiente.
Mientras tanto, el mercado cripto argentino sigue operando sin regulación, los mismos nombres reaparecen en nuevas plataformas, y la narrativa libertaria de “libertad económica” se mezcla con los negocios opacos de quienes hoy gobiernan. El poder judicial, lejos de actuar como contrapeso, parece funcionar como muro de contención para que ninguna causa escale hacia la Casa Rosada.
Si la justicia federal sigue este camino, el mensaje es claro: en la Argentina de Milei, la impunidad también se tokeniza.
El $LIBRA no sólo fue una criptomoneda; fue un ensayo de cómo convertir el poder político en un activo especulativo.
Y el juez Martínez De Giorgi, con su pluma cuidadosa y su silencio institucional, acaba de garantizar que esa operación siga cotizando en alza.
Fuentes
https://x.com/jotaalonso/status/1980675507042783535 X (Twitter)
https://x.com/jotaalonso/status/1975924179519066536 X (Twitter)
https://www.agenciapacourondo.com.ar/politica/juan-alonso-un-chat-en-la-causa-libra-muestra-que-davis-le-pagaba-a-karina-milei-y/ agenciapacourondo.com.ar
https://revistaquorum.com.ar/2025/09/19/libra-el-juez-martinez-de-giorgi-no-acepto-el-caso-y-deberia-resolver-la-camara-federal/ Revista Quórum
https://tiempojudicial.com/2025/10/14/la-comision-investigadora-de-la-criptoestafa-libra-apelo-el-fallo-que-limita-su-poder-de-citacion/ Tiempo Judicial
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