Las renuncias y desplazamientos de once funcionarios —ocho de ANDIS y tres del Ministerio de Economía— volvieron a exponer el deterioro interno del gobierno de Javier Milei. La causa, que se investiga bajo secreto de sumario, incluye audios, chats, cuadernos de pagos y allanamientos que han dejado al descubierto un esquema de coimas, sobreprecios y contratos direccionados. Entre los casos más graves, la justicia secuestró 700.000 dólares en la casa de una alta funcionaria económica. El oficialismo intenta minimizar el escándalo, pero el impacto político crece y ya hay tensión dentro de la propia estructura libertaria.
La crisis que rodea al gobierno de Javier Milei sumó un nuevo capítulo con la salida forzada de once funcionarios claves, involucrados en un entramado de coimas, sobreprecios y pagos irregulares que afecta directamente a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y al Ministerio de Economía. El escándalo, que comenzó como un goteo silencioso de renuncias, se convirtió en una bola de nieve tras los allanamientos de noviembre de 2025, cuando la justicia federal incautó cuadernos de pagos, teléfonos, documentación sensible y, en un caso particularmente explosivo, 700.000 dólares en efectivo dentro de la vivienda de una directora nacional.
Según reconstrucciones periodísticas de Página/12, El Destape, Perfil y Tiempo Argentino —medios que lograron acceder a información de la causa pese al secreto de sumario— el escándalo se originó en ANDIS, donde comenzaron a detectarse compulsas de precios direccionadas, compras con sobreprecios notables y licitaciones armadas a medida de un grupo de empresas proveedoras de medicamentos y servicios médicos. La estructura interna de la Agencia, tomada desde diciembre de 2023 por dirigentes afines al espacio libertario, terminó convirtiéndose en un núcleo de operadores cuya actuación quedó registrada en chats, audios y documentos que hoy los comprometen judicialmente.
El epicentro fue la figura de Diego Spagnuolo, Director Ejecutivo de ANDIS hasta agosto de 2025. Spagnuolo cayó en desgracia luego de que trascendieran audios en los que relataba, con crudeza y naturalidad, que el esquema incluía el pago de coimas equivalentes al 3% de los contratos, supuestamente para “la Jefa”, en clara referencia a Karina Milei, según interpretaron varios medios. Si bien la hermana del presidente negó cualquier vinculación, su nombre quedó asociado a los circuitos de retornos descriptos por los implicados. La Casa Rosada intentó cerrar el tema acusando a la prensa de “operaciones” y defendiendo el “compromiso moral” del gobierno. Pero la proliferación de renuncias posteriores desmintió esa narrativa.
Tras la caída de Spagnuolo llegaron las renuncias alineadas como fichas de dominó. El subdirector de la Agencia, Daniel Garbellini, presentó la dimisión en noviembre de 2025, luego de que su nombre apareciera señalado como intermediario en licitaciones direccionadas. Lo siguió Roger Grant, Director de Compras y Contratos, acusado de supervisar maniobras de sobreprecios en medicamentos. Detrás suyo cayó Diego D’Giano, Director de Prestaciones Médicas, involucrado en compulsas diseñadas para que ganaran siempre las mismas empresas. La lista continuó con Nahuel Tavernelli, titular de Administración Técnica y Legal, acusado de manejar contratos con droguerías beneficiadas por estos circuitos.
A medida que avanzaban los allanamientos, se sumaron más salidas. Edmundo Gaspar Sentis, Coordinador de Asuntos Contenciosos, quedó implicado por cubrir irregularidades legales en pagos que hoy están bajo la lupa. Eduardo Pino González, asesor en compras, aparece vinculado a expedientes de sobrefacturación, mientras que Lorena di Giorno, directora de Recursos Humanos, surgió mencionada en chats donde se hablaba de distribuir fondos que nunca llegaron a destino. Di Giorno debe declarar el 28 de noviembre y su renuncia se da por descontada entre funcionarios del propio organismo.
El escándalo podría haber quedado encapsulado dentro de ANDIS si no fuera porque la investigación derivó, de forma inesperada, hacia el Ministerio de Economía. Allí, tres funcionarios de confianza también quedaron involucrados, lo que elevó la gravedad institucional del caso. La más comprometida es Ornella Calvete, Directora Nacional de Desarrollo Regional y Sectorial, cuyo domicilio fue allanado el 18 de noviembre. La Policía Federal encontró 700.000 dólares en efectivo y varios cuadernos con anotaciones de pagos. La funcionaria no logró justificar la procedencia del dinero. Ornella es hermana de Miguel Calvete, un dirigente con historia en el sector supermercadista y hoy uno de los imputados clave del expediente.
Calvete no cayó sola. También renunció Javier Cardeno, asesor en Aduanas y Comercio Exterior, señalado por participar en transferencias de fondos desviados, así como Susana Calvete, abogada asesora y familiar directa de Ornella. Los documentos secuestrados en su casa incluyen referencias a pagos, nombres, montos y fechas que la Justicia ya cruzó con el material obtenido en los allanamientos previos de ANDIS.
La magnitud del caso impulsó a varios medios a comparar este episodio con los escándalos de corrupción que el propio Milei usó como bandera durante su campaña. El Destape recordó que el presidente prometía “barrer la corrupción de punta a punta”, mientras que Perfil destacó que se trata de “la mayor purga interna en la corta historia del gobierno libertario”. Página/12, por su parte, puso el foco en el deterioro institucional y en el hecho de que la red operaba dentro de áreas extremadamente sensibles: la discapacidad, la salud y el manejo de fondos públicos destinados a los sectores más vulnerables.
Aunque el gobierno intentó minimizar el impacto, la realidad es que desde diciembre de 2023 a la fecha ya se contabilizan más de treinta renuncias de alto nivel en distintas áreas. En la Casa Rosada admiten puertas adentro que la situación es “difícil de contener”, especialmente porque algunos de los involucrados están dispuestos a declarar para reducir posibles condenas. El temor oficial radica en que aparezcan audios nuevos o chats donde se mencionen rangos superiores del Ejecutivo. De hecho, la causa ya incluye conversaciones que refieren a “órdenes de arriba”, “listas que vienen firmadas” y “presiones para acelerar pagos”.
La incertidumbre se agrava por otro elemento que los medios reflejaron con preocupación: la investigación está bajo secreto de sumario, lo que significa que lo filtrado es apenas una parte. Fuentes cercanas a los juzgados federales señalaron que “lo más delicado todavía no salió a la luz”. Los investigadores analizan movimientos financieros, consultan a bancos y cruzan datos con proveedores del Estado. No se descartan nuevas detenciones ni nuevos allanamientos en dependencias oficiales.
El caso también expone contradicciones dentro del discurso libertario. Javier Milei se presenta como abanderado de la “casta anticasta”, pero la red de corrupción se sostiene con funcionarios designados directamente por su gobierno. A diferencia de escándalos heredados de gestiones anteriores, esta vez la trama es 100% propia y toca sectores sensibles. La oposición ya reclama interpelaciones y advierte que los daños colaterales recaerán sobre personas con discapacidad que dependen de las prestaciones de un organismo hoy devastado por la crisis.
En paralelo, el Ministerio de Economía intenta despegarse del caso, pero la presencia de dólares sin declarar en la casa de una funcionaria de línea media —y su vínculo directo con un imputado clave— generó fuertes discusiones internas. La tensión es evidente. Algunos medios señalaron que la caída de Calvete podría arrastrar a otros cuadros, especialmente quienes tuvieron intervención en proyectos de desarrollo territorial y sectorial durante el último año.
Mientras tanto, Milei volvió a cargar públicamente contra la prensa, acusándola de “inventar escándalos” y de “operar para desestabilizar al gobierno”. Sin embargo, la realidad judicial es difícil de disimular: allanamientos, expedientes, incautación de dólares, chats, cuadernos de pagos y renuncias concatenadas no surgen de rumores sino de procedimientos oficiales. La sociedad observa con creciente desconfianza, y sectores que apoyaron al gobierno comienzan a manifestar preocupación por la falta de control interno.
El desenlace todavía es incierto. La investigación avanza, la prensa continúa revelando fragmentos de la trama y los funcionarios implicados se reacomodan en silencio. Lo que sí es claro es que el gobierno libertario enfrenta su crisis institucional más profunda desde que asumió. Las renuncias ya no pueden atribuirse a “ruido mediático”, porque los hechos son demasiado concretos. Y cada nuevo dato confirma que el relato de la “casta” que Milei juró combatir terminó estallando dentro de su propia estructura de poder.
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