El periodista Eduardo Feinmann volvió a quedar en el centro de la polémica tras publicar un mensaje en la red social X en el que pidió que “la justicia vaya por” el senador Oscar Parrilli una vez que pierda sus fueros. La respuesta del abogado Gregorio Dalbón fue contundente: lo acusó de incitar la persecución y ser parte del lawfare mediático.
El episodio expone nuevamente el deterioro de la ética en ciertos sectores del periodismo argentino, donde la opinión militante se disfraza de información y la hostilidad se convierte en bandera. La violencia simbólica, ejercida desde los medios, deja de ser solo discurso para transformarse en amenaza.
Eduardo Feinmann, periodista y figura habitual de los medios alineados al oficialismo libertario, publicó un mensaje en su cuenta de X que desató una fuerte reacción pública: “Después del 10 de diciembre, queda sin fueros. La justicia debe ir por él”, escribió, en referencia al senador nacional Oscar Parrilli. No se trató de una mera opinión: la frase implicó una invitación a la persecución judicial contra un legislador electo, una práctica que en cualquier democracia madura sería considerada una afrenta a los valores republicanos y al periodismo responsable.
La respuesta no tardó en llegar. Gregorio Dalbón, abogado y defensor de Cristina Fernández de Kirchner, respondió con dureza y precisión quirúrgica: “¿Qué te pasó en la vida? Amenazás a un senador de la Nación porque creés que los micrófonos te protegen”. Dalbón no solo cuestionó el tono amenazante del mensaje, sino que desnudó la lógica detrás de ese discurso: la del “lawfare mediático”, esa maquinaria de difamación y persecución judicial que en los últimos años ha sido utilizada para criminalizar a dirigentes opositores y condicionar la voluntad popular.
“El 10 de diciembre no se acaban los fueros de Parrilli: se acaba la impunidad de los serviles”, continuó Dalbón, para luego rematar con una frase que resonó en las redes: “Vos, Feinmann, no sos periodista: sos parte del lawfare mediático que preparó el terreno para encarcelar inocentes y destrozar la democracia”.
Lo que podría parecer un intercambio personal entre dos figuras mediáticas en realidad exhibe algo más profundo: la normalización del odio como estrategia política y comunicacional. La prensa convertida en trinchera ideológica deja de informar para perseguir, de analizar para adoctrinar, y de cuestionar el poder para ser su vocera.
Feinmann, que en otras épocas defendía la necesidad de un periodismo “profesional y objetivo”, se transformó en un actor político explícito, utilizando su plataforma para hostigar, señalar y estigmatizar a quienes considera enemigos. Su mensaje contra Parrilli no es una excepción: es parte de un patrón de conducta donde la agresión se disfraza de libertad de expresión y el desprecio se vende como valentía.
Desde el retorno de la democracia, el periodismo argentino atravesó etapas de tensión, censura y enfrentamiento. Pero pocas veces el deterioro ético fue tan visible. La legitimación del discurso violento desde los medios genera un clima en el que la amenaza deja de ser simbólica. Cuando un periodista “exige” que la justicia “vaya por” un funcionario electo, está cruzando el límite entre la crítica y la incitación, entre la libertad y la coerción.
Dalbón, al responder, no solo defendió a Parrilli: puso en evidencia una estructura de poder donde ciertos comunicadores actúan como operadores judiciales, generando presión social para justificar procesos amañados o condenas mediáticas. Esa alianza entre micrófonos, tribunales y corporaciones económicas tiene nombre: lawfare. Y es, quizás, una de las formas más sofisticadas de persecución política en el siglo XXI.
El intercambio entre Feinmann y Dalbón no debe leerse como una simple pelea de egos en las redes sociales. Es un reflejo del estado del debate público argentino, donde el insulto reemplaza al argumento y la venganza mediática sustituye al periodismo de investigación. Que un comunicador con décadas de trayectoria recurra a la amenaza pública contra un legislador demuestra hasta qué punto ciertos sectores han renunciado a la ética profesional.
El rol del periodismo en una democracia no es “ir por” nadie. Es investigar, contextualizar, informar y servir al interés público. Lo que hizo Feinmann fue exactamente lo contrario: usar la visibilidad mediática para alentar el odio y la persecución. Un periodista que actúa así no cumple una función social, sino una tarea de disciplinamiento político.
En tiempos donde el poder político promueve la eliminación del pensamiento crítico y la concentración mediática refuerza discursos únicos, cada mensaje público adquiere peso. Lo que un periodista diga o insinúe desde una pantalla o una red social puede contribuir a la convivencia democrática o a su destrucción. Feinmann eligió el segundo camino.
Dalbón cerró su respuesta con una frase que sintetiza el trasfondo moral del asunto: “Cuando caiga el telón del odio, la historia te va a poner donde pone a los cobardes: del lado de los que aplaudieron la persecución. Y ese juicio, el de la memoria, no tiene fueros ni plazos. GIL”. Es un recordatorio de que, más allá de los micrófonos, los trending topics o los contratos televisivos, hay una instancia que siempre llega: la del juicio histórico.
La ética periodística no se mide por la ideología, sino por el respeto a los hechos y a la dignidad humana. Y cuando un periodista amenaza a un senador, no solo ofende a una persona: erosiona el principio democrático de la representación popular. En definitiva, lo que Feinmann hizo no fue opinar: fue participar activamente de un proceso de persecución política. Y eso, en cualquier país que se precie de democrático, no se llama periodismo.
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