Una reunión en Casa Rosada, transferencias millonarias apenas iniciada y la inacción deliberada de LLA y PRO para frenar la comisión investigadora alimentan un escándalo que expone extremos de opacidad, impunidad y ausencia de explicaciones en la Presidencia.
Mientras Javier Milei guarda silencio sepulcral, diputados opositores reúnen datos comprometedores que apuntan a una estafa con $LIBRA, alimentada por movimientos cripto sincronizados con contactos presidenciales. La paralización intencional de la investigación en el Congreso por parte de La Libertad Avanza (LLA) y el PRO desnuda un plan deliberado para entorpecer el esclarecimiento.
Se siente en el aire un clima de máxima tensión. Lo que debería ser una investigación transparente se ha convertido en un juego de poder sin límite. El gobierno de Javier Milei, presionado por nuevas pruebas, responde con silencio y maniobras obstruccionistas. Mientras tanto, la Justicia de Estados Unidos avanza en su propio expediente, sin esperar que el oficialismo local levante la voz.
La cronología desnuda la gravedad: el mismo 30 de enero, cuando el empresario estadounidense Hayden Mark Davis ingresó a Casa Rosada para reunirse con Milei, comenzó a moverse una transacción cripto por US$ 499.000 hacia Kraken, un exchange que permite convertir activos digitales en dinero real . No fue un hecho aislado: horas después, esa misma fuente trasladó otros US$ 3,4 millones a cuentas vinculadas con Kelsier Ventures, firma ligada a Davis. Y el detalle no es menor: una de esas transferencias ocurrió apenas 22 minutos antes de que Milei posara junto al creador de $LIBRA en un posteo en X . Pura casualidad, o complicidad manifiesta.
La diputada Sabrina Selva reveló la existencia de información clave que Binance proporcionó al fiscal Eduardo Taiano respecto de las billeteras que alimentaron el pool de liquidez de $LIBRA previo al lanzamiento . Esa data, junto con el esquema de transferencias identificado por el experto Fernando Molina, dibuja el mapa de una maniobra tan compleja como sospechosa, con ramificaciones que podrían llegar al núcleo del oficialismo.
Pero aquí viene el momento más provocador: el bloque de La Libertad Avanza y el PRO frenan en seco la comisión investigadora que fue creada en abril. Su objetivo: dejar el caso empantanado. El diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, propuso un mecanismo para destrabarlo —anticipación de autoridad en caso de empate—, pero no obtuvo respaldo suficiente . El resultado es una comisión acéfala, sin presidente ni cronograma, que no puede avanzar y deja pasar la posibilidad de interrogar testigos, rastrear fondos o pedir informes oficiales.
En esas circunstancias, el diputado Oscar Agost Carreño viajó a Estados Unidos para profundizar la pesquisa de la Justicia norteamericana. Su diagnóstico es lapidario: «hay muchísimos actores» reclamando respuestas no solo acá, sino también en Inglaterra, donde fondos ya exigen cobrar a Argentina lo adeudado por esta operación cripto . Como si no bastara, también informó que la normativa estadounidense permite rastrear quién puso y sacó los fondos, incluso si están bajo estructuras multisig (“múltiples sociedades”), por lo que hay margen para conocer si el entorno presidencial está metido hasta el cuello .
Mientras tanto, el oficialismo, siempre con el argumento de que no hay delito, insiste en cerrar la comisión. Silvana Giudici, del PRO, sostuvo que «no hay delito comprobado» y que “este plazo lo propusieron los opositores”, apuntando a encausar la crisis hacia otros temas, como el escándalo del fentanilo . Detrás de esa fachada, se esconde una estrategia concreta: cerrar la investigación antes de que surjan testigos reveladores, audiencias incómodas o documentos comprometidos.
El escenario no solo es político; es institucional. Cada día que pasa sin avances, sin explicaciones públicas, sin sumarios concretos, fortalece la versión de que hubo una estafa cripto con sello presidencial. Que no se trató de un simple error de la Casa Rosada ni de un problema entre privados, sino de una operación en la que se mezclaron intereses, contactos y decisiones diseñadas —al menos— para favorecer inversiones privilegiadas.
Es cierto: la complejidad del caso impone preguntas difíciles. ¿Por qué se habilitó el pool de liquidez anticipado, accesible solo con conocimiento previo del “número de contrato”? ¿Quiénes fueron los beneficiarios de esos privilegios? ¿Por qué ingresó Davis a Casa Rosada con respaldo explícito del entorno presidencia, justo antes de una transferencia millonaria? La ausencia de respuestas convierte el escándalo en un sacrificio institucional que puede alcanzar incluso a un presidente. Y la parálisis del Congreso agrava el daño institucional: un jefe de Estado promociona una criptomoneda sin control, recibe millonadas de forma sospechosa, y el oficialismo impide que se investigue. Eso no es defensa; eso es pacto con la oscuridad.
Entre silencios cómplices y bloqueos parlamentarios, lo que emerge es una sensación de impunidad calculada. Si la comisión no logra avanzar, el caso podría quedar archivado. Si no hay cara a cara entre funcionarios y denunciantes, el eco del escándalo se apagará. Pero aunque la Casa Rosada logre enterrar el expediente, la Justicia internacional no dormita: Estados Unidos congeló US$ 57,5 millones vinculados al caso . Ese dinero es tangible, rastreable, incautable. Y está fuera del alcance del control político local.
El Gobierno repite el libreto de otras batallas: siempre un enemigo, siempre una distracción, siempre una excusa para justificar su inacción. Pero en este caso el desdén tiene nombre: $LIBRA. Y detrás de él, queda al descubierto una trama donde el poder y el dinero cripto se encontraron en una sala con vistas a la Casa Rosada, mientras la vara del derecho era pisoteada en pasillos parlamentarios.
Es una paradoja de nuestro tiempo: los mismos que predican la libertad financiera y el “fin del Estado interventor” hoy actúan como censores del Congreso, cerrando puertas, silenciando voces, poniendo trabas a la transparencia. No sorprende que la oposición hable de estafa comprobada, que preparen un informe paralelo, que avanzan con fiscalizaciones fuera del ámbito oficial. Porque ya no está en juego solo una moneda digital: está en juego la credibilidad de un proyecto político que se declara radicalmente distinto, pero actúa como cualquier máquina de poder que temerá rendir cuentas.
Fuente: https://www.perfil.com/noticias/politica/libra-diputados-descubren-nuevas-pruebas-que-complican-al-gobierno-mientras-lla-y-el-pro-bloquean-la-investigacion.phtml
$LIBRA: nuevas pruebas intensifican la crisis política y ponen a Milei al borde del colapso
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