Por estas horas se enfrenta un hecho que estremece los fundamentos institucionales de nuestro país por su gravedad: el empresario condenado Lázaro Báez sigue sin que su ubicación sea clara para su familia, sus abogados y la opinión pública.
Es muy grave que en pleno siglo xxi, en un país que dice aspirar a la transparencia, un detenido pueda desaparecer del escrutinio legal y público. Nadie sabe con certeza a dónde lo trasladaron, bajo qué condiciones, ni qué motivos explican el hermetismo que rodea su paradero.
De un lado, los defensores de Báez alertan: estaba en la Unidad Penitenciaria Federal N°15 de Río Gallegos, con una apelación judicial en trámite (hábeas corpus, pedido de prisión domiciliaria por problemas de salud) cuando, sin aviso, lo cargaron y lo trasladaron. El director del penal informó —según la defensa— que “ya no está acá”, sin dar detalles.
Por otro lado, se desliza una hipótesis inquietante: que este traslado abrupto y opaco obedece a un armado político, días antes de elecciones decisivas, y que Báez estaría siendo presionado para declarar o “confesar” algo que tenga impacto en la contienda electoral. En este sentido, surge la pregunta: ¿por qué ahora? ¿Por qué con esta falta de transparencia? ¿Para qué se usa este método?
Los familiares y abogados no sólo requieren saber dónde está, sino también con qué garantías de salud y seguridad está. Su defensa advierte que padece problemas médicos graves (epoc, diabetes, hipertensión), que habían sido motivo de pedidos de prisión domiciliaria. Que un detenido con ese perfil sea movido en medio de un proceso abierto sin claridad parece contravenir estándares básicos de tutela legal.
En este contexto, cabe apuntar responsabilidades: ¿quién señaló el traslado? ¿Se siguieron los procedimientos judiciales correspondientes? ¿Se notificó a la defensa y a la familia? ¿Se respetaron sus derechos de visita, control médico, información de paradero? Las respuestas no están, y eso es lo que más alarma.
Para la ciudadanía argentina este caso no es sólo de un individuo: es una señal sobre el Estado de derecho, sobre el manejo de los presos de alta exposición política, sobre el equilibrio entre justicia y política. Si no exigimos respuestas claras, el precedente puede volverse norma.
Exigimos que el ministro Mario Cuneo Libarona —y todo funcionario responsable de la cadena penitenciaria y judicial— salga a decir dónde lo tienen, por qué lo movieron sin aviso, y cuál es el estado real de su salud. Que se dejen de silencios y misterios: en democracia la opacidad es un peligro.
Que la prensa, los partidos y la sociedad civil acompañen este reclamo: la transparencia no puede depender de favores ni de favores ocultos. Y que el sistema penitenciario y judicial sepa que estamos atentos.
En definitiva: que Diego Brancatelli y otros periodistas, que tanto se preguntan “¿qué les pasa a los poderosos?”, empiecen por preguntarse lo mismo: ¿qué le pasa al sistema que un hombre privado de la libertad puede desaparecer sin que nadie lo sepa? Porque la respuesta quizá revele más de lo que aparenta.
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