Lavagna se fue del Indec porque el número decía la verdad y el gobierno de Milei pidió ocultarla. La renuncia de Marco Lavagna expuso una decisión política explícita: no cambiar la metodología del IPC hasta que los datos acompañen el relato oficial de la desinflación. El propio ministro Luis Caputo admitió que el gobierno decidió frenar la publicación del nuevo índice de inflación porque arrojaba un 3,4% en enero y ponía en crisis el discurso económico libertario. El Banco Central confirmó la manipulación.
La renuncia de Marco Lavagna a la presidencia del INDEC no fue un accidente administrativo ni una salida técnica más dentro de la maquinaria del Estado. Fue un episodio político en estado puro. Un hecho que desnuda, sin eufemismos ni rodeos, la decisión consciente del gobierno de Javier Milei de administrar las estadísticas públicas como parte central de su estrategia de poder. Cuando el número dejó de servir al relato, el número se volvió incómodo. Y cuando el dato empezó a parecerse a la vida cotidiana, la orden fue clara: no se publica.
Lavagna se fue porque el nuevo índice de inflación, elaborado con una metodología más actualizada y con una ponderación más realista del peso de los servicios públicos en el gasto de los hogares, arrojó un 3,4% para enero. No era un número escandaloso en términos históricos, pero sí devastador para el discurso oficial de una desinflación sólida, rápida y definitiva. El problema no fue el índice. El problema fue que decía la verdad antes de tiempo.
La secuencia es elocuente. Durante meses, el propio INDEC había anunciado que estaba en condiciones de publicar el nuevo IPC, construido con parámetros más acordes a los consumos actuales de los argentinos. Se trataba de una actualización largamente reclamada por técnicos, gremios y especialistas, precisamente porque el esquema vigente subrepresentaba el impacto de tarifas, alquileres y servicios, los rubros que más golpearon los bolsillos tras el ajuste brutal del gobierno libertario. Sin embargo, cuando el dato estuvo listo y el resultado no fue el esperado por la Casa Rosada, apareció la orden política.
Luis “Toto” Caputo lo dijo sin ruborizarse. Admitió públicamente que, junto con el Presidente, consideraron que no era el momento de cambiar la metodología. La frase es de una gravedad institucional difícil de exagerar. Según el ministro, el índice se actualizará cuando el proceso de desinflación esté “totalmente consolidado”. Traducido a lenguaje llano: las estadísticas se corrigen cuando conviene, no cuando corresponde. Es como decidir tomarse la fiebre sólo cuando baja, una metáfora que circuló entre analistas y que resume el absurdo con precisión quirúrgica.
La explicación oficial, además de cínica, se contradice a sí misma. Caputo afirmó que no había necesidad de cambiar el índice ahora, pero también sostuvo que daba prácticamente lo mismo. Si daba lo mismo, ¿por qué el zafarrancho? ¿Por qué forzar la renuncia del titular del organismo estadístico? ¿Por qué sostener una metodología obsoleta mientras se proclama transparencia y apego a la verdad económica? La respuesta es tan sencilla como incómoda: porque no daba lo mismo.
La situación se volvió aún más grave cuando el Banco Central confirmó lo que hasta ese momento eran sospechas. En su propio Informe de Política Monetaria, la autoridad monetaria reconoció que, de haberse aplicado el nuevo IPC en los últimos dos años, la inflación habría sido más alta. El documento detalla cómo la recomposición tarifaria iniciada en 2024 modificó el peso relativo de electricidad, gas y otros servicios, y admite que el índice anterior subponderaba esos gastos. Es decir, el gobierno sabía que estaba midiendo para abajo y decidió sostener esa distorsión.
La confirmación oficial de esa manipulación dejó a Lavagna sin margen. Su renuncia, presentada de manera sorpresiva incluso para el Ministerio de Economía y la Casa Rosada, fue el desenlace lógico de una tensión que venía creciendo. O convalidaba el ocultamiento del dato o se iba. Eligió irse. Tarde, según muchos técnicos del propio INDEC, pero se fue cuando el límite quedó expuesto sin disfraces.
La paradoja es evidente. Lavagna venía acumulando cuestionamientos por una gestión deslucida, marcada por acusaciones de retoques en estadísticas sensibles como pobreza, actividad económica y crecimiento, siempre en sintonía con las necesidades narrativas del gobierno. En septiembre de 2025 protagonizó uno de los episodios más burdos, cuando una inesperada mejora en los datos de actividad evitó la recesión técnica. Para lograrlo, se retocaron seis meses de series y se incorporaron cifras de crecimiento inusuales en sectores clave. El escándalo obligó a explicaciones forzadas y voceros oficiosos que intentaron tapar el agujero.
También hubo roces con el Banco Central por estadísticas de turismo adaptadas a las necesidades políticas de Daniel Scioli, y polémicas persistentes por los datos de pobreza, celebrados por el gobierno pero cuestionados por especialistas y por el Observatorio Social de la UCA, que reclama una actualización urgente de los parámetros de medición. Incluso antes, ya habían renunciado funcionarios clave del área de precios y pobreza, incluyendo a los responsables directos de la nueva metodología que ahora se decidió cajonear.
En ese contexto, la salida de Lavagna no puede leerse como un gesto heroico ni como una defensa tardía de la autonomía técnica. Es, más bien, la evidencia de un sistema que tolera la manipulación mientras sea funcional, pero castiga el mínimo intento de converger con la realidad cuando el relato corre peligro. Lavagna perdió prestigio antes de irse, dicen técnicos que lo conocen bien. Y aun así, su renuncia termina siendo una confesión del gobierno más que un mérito personal.
La designación de su reemplazante, Pedro Lines, completa el cuadro. Proveniente del macrismo, alineado con Caputo y Milei, hasta hace poco figuraba en LinkedIn como “Open to work”. Ya no lo está. La señal es clara: no se busca independencia técnica ni rigor estadístico, sino docilidad política. Un INDEC que mida lo que hay que medir cuando hay que medirlo es, para este gobierno, un problema. Un INDEC que acompañe el relato, en cambio, es una herramienta más del ajuste.
El antecedente histórico es inevitable. Cada vez que un gobierno decide intervenir o manipular el índice de inflación, el daño excede la coyuntura política. Se afecta la credibilidad del Estado, se distorsionan contratos, se abren las puertas a litigios internacionales y se castiga a trabajadores, jubilados y sectores que dependen de actualizaciones indexadas. Caputo lo sabe. Por eso resulta aún más alarmante que haya elegido confesarlo con tanta liviandad.
La renuncia de Lavagna no es el problema central. Es el síntoma. El problema es un gobierno que asume sin pudor que las estadísticas públicas son una variable más del marketing político. Un gobierno que prefiere ocultar un 3,4% antes que admitir que la inflación real, la que se siente en la calle, no baja al ritmo del discurso. Un gobierno que ajusta salarios, tarifas y derechos con datos maquillados y que pide paciencia mientras manipula el termómetro.
En definitiva, lo ocurrido en el INDEC confirma que el proyecto económico de Javier Milei no sólo se sostiene sobre el ajuste y la transferencia regresiva de ingresos, sino también sobre una batalla por el sentido de los números. Cuando los datos no acompañan, se los frena. Cuando amenazan el relato, se los esconde. Y cuando alguien se resiste, se va. Así funciona la desinflación libertaria: primero el discurso, después la realidad.
Fuente:
https://www.lapoliticaonline.com/economia/lavagna-renuncio-porque-el-indice-de-inflacion-le-dio-3-4-y-le-pidieron-que-no-lo-difunda/
https://www.lapoliticaonline.com/economia/renuncio-marco-lavagna-al-indec-a-dias-de-que-se-publique-el-nuevo-indice-de-inflacion/
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