Mientras el Senado debatía la reforma impulsada por el oficialismo, fuerzas federales y de la Ciudad avanzaron sobre jubilados, trabajadores y organizaciones sociales en Plaza Congreso. El Gobierno habló de violencia y justificó el operativo; organismos de derechos humanos denunciaron un despliegue desproporcionado con cientos de heridos.
La escena fue brutal y no admite eufemismos. Mientras dentro del Senado se discutía la reforma laboral promovida por el gobierno de Javier Milei, afuera, en Plaza Congreso, miles de trabajadores, jubilados y organizaciones sociales expresaban su rechazo a un proyecto que consideran regresivo. La respuesta estatal no fue el diálogo ni la contención institucional de la protesta social, sino un operativo represivo de gran escala que terminó con más de 250 personas heridas y decenas de detenidos, según denunciaron organismos de derechos humanos y equipos de salud que acompañaron la movilización.
Pasadas las 15 horas, la Policía y la Gendarmería avanzaron sobre los manifestantes. Gases lacrimógenos, balas de goma y camiones hidrantes marcaron el pulso de una jornada que comenzó como una expresión multitudinaria contra la reforma laboral y derivó en escenas de caos, corridas y heridos. De acuerdo con la información difundida oficialmente, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó al menos dos detenidos por agresión a personal de seguridad y señaló que tres efectivos de Gendarmería y uno de la Policía Federal resultaron heridos. Sostuvo, además, que algunos manifestantes estaban armados con morteros, molotovs y gomeras con tuercas, y que habían sido identificados. Desde esa perspectiva, el operativo fue presentado como una respuesta necesaria frente a hechos de violencia.
Sin embargo, la otra cara de la jornada surge del informe elaborado por el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos y la Posta de Salud y Cuidados, que acompañaron la movilización. Según detallaron, fueron atendidas más de 250 personas heridas como consecuencia del operativo desplegado por fuerzas nacionales y de la Ciudad. Las atenciones registraron intoxicaciones por gas lacrimógeno, traumatismos de cráneo, heridas por balas de goma —incluyendo impactos en el rostro— y crisis de angustia. No se trató de incidentes aislados. Fue un despliegue sistemático que afectó también a trabajadores de prensa, quienes, según denunciaron, fueron apuntados directamente a pocos metros de distancia. Incluso se reportaron disparos que ingresaron en locales comerciales.
La movilización había comenzado con una enorme columna que partió desde el Hospital Garrahan, donde trabajadores vienen enfrentando despidos y suspensiones dispuestos por el gobierno nacional. La protesta no era marginal ni espontánea. Participaron gremios, jubilados, organizaciones sociales y de derechos humanos. El operativo, coordinado por la Policía de la Ciudad, la Policía Federal y la Gendarmería Nacional, se desplegó con camiones hidrantes estratégicamente ubicados sobre Hipólito Yrigoyen y Sáenz Peña, y en Avenida de Mayo. Uno de esos hidrantes avanzó junto a un sector de manifestantes hasta la intersección con Avenida Rivadavia y Paraná, donde descargó gas pimienta.
En paralelo, la abogada Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), confirmó que la fiscalía convalidó 12 detenciones y que existían al menos 30 personas demoradas por las fuerzas de seguridad. Desde el CeProDH informaron que había al menos siete detenidos al momento de su comunicado y más de una decena de retenidos en la zona de 9 de Julio, exigiendo su inmediata libertad. Las cifras no son menores ni meramente estadísticas: detrás de cada número hay un cuerpo golpeado, un rostro alcanzado por una bala de goma, una persona que salió a protestar y terminó en una comisaría o en una posta sanitaria.
El Gobierno, por su parte, justificó el accionar. Monteoliva sostuvo que las manifestaciones deben ser pacíficas y que cualquier hecho de violencia sería reprimido. La narrativa oficial apuntó a un grupo de encapuchados que habría iniciado destrozos y disparos con proyectiles improvisados. Según los manifestantes, esos incidentes fueron protagonizados por infiltrados que buscaban generar caos y deslegitimar la protesta. La disputa por el sentido de lo ocurrido es también una disputa política: ¿se trató de una represión necesaria ante hechos violentos o de un operativo desproporcionado para disciplinar la protesta social en el marco del tratamiento de una ley resistida?
Mientras tanto, dentro del Senado, la sesión había comenzado antes del mediodía gracias al quórum aportado por la UCR, el PRO y sectores del peronismo provincial. Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista, abrió el debate criticando la “extrema judicialización del sistema laboral” y defendiendo la necesidad de la reforma para equilibrar las normas. Milei siguió el desarrollo desde la Quinta de Olivos. Afuera, el Congreso estaba blindado. Adentro se discutía el futuro del trabajo; afuera se respiraba gas lacrimógeno.
Lo que quedó expuesto en esta jornada es algo más profundo que un enfrentamiento puntual entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Es el clima político que rodea a una reforma laboral que amplios sectores consideran regresiva. La represión no ocurrió en el vacío. Se dio en un contexto de conflictividad creciente, con despidos y suspensiones en sectores sensibles como la salud pública, y con jubilados que denuncian que vuelven a ser la variable de ajuste. Que los primeros alcanzados por los gases hayan sido jubilados que participaban pacíficamente, según denunciaron dirigentes, no es un dato menor. Es una imagen potente y dolorosa de un país donde la protesta social vuelve a ser tratada como amenaza.
El comunicado del CeProDH habla de un “mega operativo de seguridad que blindó el Congreso para que se trate a espaldas del pueblo trabajador”. La frase condensa la percepción de quienes estuvieron en la calle: que la reforma no solo se discute en términos técnicos o jurídicos, sino en un marco de exclusión y represión. La utilización de registro audiovisual para denunciar el accionar represivo anticipa que la disputa continuará en el terreno judicial y mediático.
El Gobierno insiste en que su reforma busca equilibrar normas laborales y corregir distorsiones. Pero la forma en que se gestionó la protesta deja interrogantes sobre el rumbo político elegido. Cuando el debate legislativo se acompaña de camiones hidrantes, balas de goma y más de 250 heridos atendidos por equipos de salud independientes, la pregunta que sobrevuela es si el costo social de la reforma se está pagando antes incluso de su aprobación.
No se trata de negar que puedan existir episodios de violencia en una movilización masiva. Se trata de evaluar la proporcionalidad de la respuesta estatal. Las cifras de heridos, los testimonios de periodistas atacados, las imágenes de personas con impactos en el rostro y las denuncias de detenciones múltiples configuran un cuadro que excede la mera disuasión de disturbios. Configuran un mensaje político: la protesta frente a la reforma será enfrentada con fuerza.
En una democracia madura, el derecho a manifestarse es parte constitutiva del debate público. La tensión entre orden y libertad es real y compleja. Pero cuando el saldo de una jornada legislativa son cientos de heridos y decenas de detenidos, la discusión ya no es solo sobre una ley laboral. Es sobre el modelo de gestión del conflicto social que el gobierno de Milei está dispuesto a consolidar. Y ese modelo, a la luz de lo ocurrido en Plaza Congreso, parece inclinarse más por el garrote que por el consenso.
Fuente:
https://www.pagina12.com.ar/2026/02/11/brutal-represion-contra-quienes-protestaban-por-la-reforma-laboral-de-milei/
https://www.laizquierdadiario.com/Mas-de-250-heridos-fueron-atendidos-por-la-Posta-de-Salud-y-Cuidado-y-el-CeProDH
Deja una respuesta