La Justicia y la Policía avanzan sobre militantes peronistas en un operativo que busca disciplinamiento político y siembra serias dudas sobre el Estado de Derecho

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Concejales, militantes y domicilios particulares allanados en la provincia de Buenos Aires marcan una escalada judicial y policial impulsada por Patricia Bullrich y José Luis Espert tras un escrache. Las denuncias de ilegalidades procesales, el uso político de la Justicia y el silencio del Gobierno encienden alarmas sobre el sesgo represivo del oficialismo.

El gobierno de Javier Milei se envuelve cada día en el discurso rimbombante de la libertad, mientras, puertas adentro, despliega un entramado de procedimientos policiales, detenciones selectivas y operativos judiciales que evocan los peores recuerdos de persecución política. El episodio más reciente, disparado tras el escrache contra el diputado José Luis Espert, revela hasta qué punto la maquinaria estatal puede volcarse, con precisión quirúrgica, sobre opositores políticos, en este caso militantes peronistas y una concejala kirchnerista de Quilmes, Eva Mieri, cuya detención y posterior incomunicación encendieron todas las alarmas democráticas. Es irónico, casi cínico, que quienes se llenan la boca hablando de República y división de poderes celebren un operativo plagado de irregularidades judiciales, filtraciones mediáticas y show político.

El primero en frotarse las manos ante los allanamientos fue el propio Espert, quien utilizó las redes para mostrarse satisfecho con la “rápida acción de la Justicia y la Policía bonaerense”. Pero lo que él define como “justicia” huele más bien a venganza política. Los hechos, según reconstruyen las crónicas de Página/12, Tiempo Argentino, Infobae y DIB, son inequívocos: se realizaron cuatro nuevas detenciones en la causa que investiga el escrache al legislador liberal, se allanaron domicilios particulares, se incautaron celulares, computadoras y hasta documentos personales, todo bajo la supervisión de la Policía Bonaerense y a instancias de la fiscal María Silvia Cavallo.

En el epicentro de este vendaval represivo quedó la concejala quilmeña Eva Mieri, dirigente cercana a la intendenta Mayra Mendoza, quien no tardó en denunciar que el allanamiento en el municipio de Quilmes fue “ilegal, desmedido y un claro ataque a la democracia”. A Mieri la tuvieron incomunicada tras su detención. Un dato inquietante, porque cuando el Poder Judicial incomunica a dirigentes políticos, está dando un mensaje tan brutal como explícito: el poder castiga a quien ose cuestionar el orden.

Tiempo Argentino revela detalles aún más turbios: durante los allanamientos en Quilmes, los efectivos no contaban con la orden judicial para requisar las oficinas donde se hallaban dirigentes del peronismo local, pero igual avanzaron con la medida, arrasando documentos y dispositivos electrónicos. Es imposible no preguntarse qué buscan realmente: ¿evidencias sobre el escrache a Espert o información política que pueda ser usada, más adelante, como herramienta de presión o escarnio público?

La misma nota denuncia, además, que la concejala Mieri se enteró por los medios de su supuesta implicación en la causa antes de recibir cualquier notificación judicial. Esa filtración habla de un funcionamiento perverso, donde la justicia se entrevera con la operación mediática para construir “culpables” antes siquiera de que hable un juez. Infobae, en cambio, se muestra más sobrio en el relato, limitándose a contar la versión oficial: que hubo “ataques” y pintadas en la casa de Espert en Avellaneda, que se identificó a militantes peronistas y que, producto de las pesquisas, cayó Mieri. Pero incluso en su recorte minimalista queda expuesta la incomodidad de un dato irrefutable: se imputa a una concejala opositora por actos que ni siquiera se han probado judicialmente, mientras la opinión pública es bombardeada con titulares que la condenan de antemano.

Bullrich, la ministra que hoy se autoproclama garante del orden, también se sumó al coro triunfalista, lanzando mensajes altisonantes sobre “los violentos que deberán rendir cuentas”. Su tono de sheriff de western puede servir para alimentar la épica libertaria de sus votantes, pero deja traslucir un peligroso desprecio por el debido proceso. No es casual que la propia DIB remarque que se han presentado denuncias por irregularidades judiciales y hasta por posibles delitos cometidos por la fiscalía interviniente.

Si algo deja en claro esta cacería es que, para el gobierno de Javier Milei, no hay mayor placer que blandir la ley como garrote contra sus adversarios. Mientras las cifras de pobreza crecen, la inflación persiste y los salarios se pulverizan, Bullrich y Espert montan una puesta en escena de lucha contra “los violentos”, tratando de instalar la narrativa de que la inseguridad y el caos son obra del peronismo, cuando la verdadera violencia proviene, en no pocas ocasiones, del propio Estado.

La persecución no se agota en lo judicial. Página/12 subraya el trasfondo político de la avanzada: no solo se trata de esclarecer un escrache, sino de disciplinar a la militancia opositora en distritos clave como el conurbano bonaerense. Si algo ha sido el sello de los gobiernos autoritarios —y esto no es exageración— es la utilización de causas judiciales para silenciar voces incómodas. Lo estamos viendo con Milei, un presidente que habla de libertad mientras cierra ministerios, recorta presupuestos universitarios y ahora detiene a concejalas kirchneristas.

El tema no es menor ni anecdótico. Porque si hoy el blanco es Eva Mieri, mañana puede ser cualquier dirigente opositor, cualquier periodista crítico o cualquier ciudadano que ose levantar la voz. Por eso, lo que está en juego no es solo la suerte procesal de cuatro militantes acusados de pintar paredes o arrojar panfletos, sino la vigencia misma del Estado de Derecho. Porque si el gobierno cree que “libertad” es solo libertad de mercado, pero no libertad de expresión ni de militancia, estamos en problemas mucho más profundos que un simple escrache.

Lo inquietante es que, aun con todas estas irregularidades a la vista, el oficialismo exhibe el operativo como trofeo. Espert sonríe en redes mientras la ministra Bullrich promete que no se detendrán. Y en el medio, quedan ciudadanos esposados, oficinas allanadas, computadoras secuestradas y la sombra de un Estado que se vuelve cada vez más represivo.

No es casualidad que los principales actores de este despliegue sean justamente Bullrich y Espert: dos figuras cuya narrativa política se sustenta en la idea de “mano dura” y “orden”. Para ellos, cualquier oposición es sinónimo de violencia, cualquier disidencia es delito. Y lo más aterrador es que cuentan con una Justicia presta a ejecutar sus deseos, sin demasiadas preguntas.

El caso Mieri es, en definitiva, un síntoma. Un síntoma del nuevo clima político que se respira en la Argentina bajo el gobierno de Javier Milei: un clima donde se persigue, se filtra información, se exhiben opositores esposados y se celebra, con aires de victoria, la intimidación política. Todo mientras se habla, sin sonrojarse, de “libertad”.

Fuentes: