Mientras la Corte Suprema confirmó en apenas 70 días la inhabilitación electoral de Cristina Fernández de Kirchner, la misma instancia acumula más de 3 años sin resolver la extradición a Estados Unidos de Federico “Fred” Machado, empresario detenido y señalado como financista del espacio de José Luis Espert. La contradicción alimenta la teoría —y la indignación política— sobre una justicia selectiva.
La rapidez con la que el máximo tribunal ratificó la condena que deja a CFK fuera de las candidaturas contrasta con la lentitud procesal en el expediente que reclama la entrega de un imputado por narcotráfico requerido por tribunales norteamericanos. Políticos, dirigentes y medios de distintas corrientes interpretan esa diferencia como una señal de arbitrariedad institucional; la nota recorre los hechos, las fechas clave y las reacciones públicas registradas en los principales portales del país.
El 10 de junio de 2025 la Corte Suprema ratificó la condena en la llamada causa Vialidad y, con ello, dejó firme la inhabilitación que impide a Cristina Fernández de Kirchner competir en cargos electivos. La decisión, tomada con velocidad y pocas dilaciones procesales, generó alertas inmediatas sobre una proscripción política que muchos calificaron como inédita en su celeridad y efectos.
Apenas semanas después la misma Corte aparece en el centro de otra polémica: el expediente de extradición solicitado por Estados Unidos contra Federico Andrés “Fred” Machado —detenido desde 2021 y vinculado por la Justicia norteamericana a causas por tráfico de cocaína, lavado y otros ilícitos— sigue esperando una definición final del máximo tribunal. Organismos, dirigentes y periodistas han señalado que el trámite lleva más de tres años sin una resolución definitiva, lo que se contrapone con la rapidez desplegada en el fallo contra CFK.
El caso Machado, además, cobró relevancia pública porque varios portales advirtieron su vínculo económico con figuras políticas: lo señalaron como financista de la campaña de José Luis Espert y lo vincularon con aportes y favores que ahora embarran la campaña del candidato ligado al espacio de Javier Milei. Esas conexiones alimentaron críticas sobre intereses políticos y económicos que rodean ambos expedientes: la proscripción de una figura del peronismo y la demora en la entrega a la Justicia extranjera de un empresario acusado de narcotráfico.
El reproche público no se limitó a un sector: actores políticos y referentes sociales expresaron su enojo en redes y comunicados. Voces del peronismo y agrupaciones de derechos civiles calificaron la confirmación de la condena como un acto de proscripción y denunciaron la selectividad del Poder Judicial. En paralelo, legisladores y columnistas se preguntaron por qué un caso con pedido formal de extradición desde 2021 no tiene aún su trámite resuelto en la Corte.
Periodismo de investigación y crónicas locales ampliaron la foto: desde la descripción de la domiciliaria y la mansión donde Machado cumplió arresto domiciliario, hasta el detalle de los pedidos de la Justicia de Estados Unidos (entre ellos, cargos por tráfico y exigencias millonarias de decomiso), las notas muestran un expediente robusto en el exterior que exige una definición judicial en Argentina. Mientras tanto, el relato político lo convirtió en un símbolo: “cajoneo” de una extradición frente a la celeridad en una proscripción que altera el calendario electoral.
La disputa plantea una pregunta institucional más amplia: ¿puede la Justicia administrar tiempos procesales que terminan afectando la competencia política? Para muchos analistas citados por los medios, la percepción de doble estándar erosiona la confianza en el sistema judicial y politiza aún más el escenario electoral. Otros juristas consultados —y reportados en la prensa— recuerdan que cada expediente tiene complejidades propias (controles diplomáticos, requisitos de prueba, recursos interpuestos), aunque admiten que la visible diferencia de tiempos alimenta la sospecha pública.
Por último, las declaraciones públicas en redes sociales y en pronunciamientos oficiales mantienen la tensión: figuras como referentes del oficialismo y de la oposición utilizaron ambos hechos —la proscripción y la extradición lenta— para construir narrativas contrapuestas sobre justicia, democracia y persecución política. El caso seguirá en las tapas mientras la Corte deba dar una respuesta clara sobre el pedido de traslado de Machado y el país digiere las consecuencias políticas de la confirmación judicial que dejó fuera de las candidaturas a una de las líderes con mayor apoyo popular.
La Corte proscribió a Cristina en 70 días pero lleva más de 3 años sin resolver la extradición del narco financista de Espert
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