Una investigación periodística presentada como revelación documental expone más preguntas que respuestas y se inscribe en una ofensiva política más amplia contra la AFA, los clubes y el modelo asociativo, en sintonía con el programa de ajuste y mercantilización impulsado por el gobierno de Javier Milei. La publicación de Infobae sobre supuestos movimientos financieros irregulares de la AFA en Estados Unidos no prueba delitos, pero sí consolida un relato de estigmatización funcional a la privatización del fútbol y al debilitamiento de las instituciones populares en la Argentina del ajuste.
La nota publicada por Infobae bajo el rótulo de “exclusivo” se presenta como una investigación judicial de alto impacto, apoyada en documentación bancaria, órdenes judiciales y registros societarios. Sin embargo, una lectura detenida del propio texto revela una distancia considerable entre la contundencia del relato y la fragilidad de las conclusiones que se pretenden instalar. No hay imputaciones formales, no hay fallos judiciales, no hay peritajes concluidos. Hay, en cambio, una acumulación de indicios, adjetivos y asociaciones sugerentes que operan más en el terreno de la sospecha que en el de la prueba.
Desde el comienzo, el artículo adopta un tono condenatorio. Habla de “arquitectura financiera”, “red de cuentas interconectadas”, “sociedades fantasma” y “opacidad”, términos que en el sentido común remiten de manera casi automática a prácticas delictivas. Sin embargo, el propio texto admite que las investigaciones judiciales en Estados Unidos y en la Argentina se encuentran en etapa preliminar. No hay delitos tipificados, ni responsables imputados, ni acusaciones formales. La nota no informa resultados judiciales: construye un clima.
El eje central del artículo es la existencia de una quinta cuenta bancaria en Estados Unidos, en el PNC Bank, utilizada por la empresa Tourprodenter para canalizar fondos vinculados a contratos internacionales de la Asociación del Fútbol Argentino. A partir de allí, Infobae despliega una narrativa que sugiere un esquema sistemático de redistribución de dinero hacia sociedades que luego fueron disueltas. El problema es que, aun aceptando los datos tal como están presentados, el texto no demuestra que esos movimientos sean ilegales. La fragmentación de pagos, el uso de múltiples cuentas y la intermediación de empresas privadas son prácticas habituales en el comercio internacional, especialmente en actividades como el deporte profesional, la logística y los eventos globales.
La nota insiste en que parte del dinero no puede rastrearse hasta su “origen primario”. Pero no explica si esa imposibilidad responde a una falta de documentación, a límites propios de los extractos bancarios disponibles o a una maniobra deliberada. La ambigüedad no se aclara: se explota. La opacidad se presenta como sinónimo de delito, aun cuando el texto no logra demostrarlo.
Otro recurso central del artículo es la descripción minuciosa de los titulares formales de las sociedades receptoras de fondos. Se subraya su bajo perfil económico, sus antecedentes laborales modestos, sus deudas o incluso su acceso a programas de vivienda social. El mensaje implícito es claro y profundamente clasista: personas sin trayectoria empresarial no deberían manejar grandes sumas de dinero. Pero ese juicio moral no constituye una prueba. No hay una norma que prohíba a un trabajador, a un deudor o a alguien sin patrimonio previo ser titular de una empresa. El señalamiento social reemplaza, una vez más, a la demostración jurídica.
La propia nota reconoce un dato que contradice la hipótesis del “entramado fantasma”, aunque lo hace casi de manera lateral. Una porción relevante de los fondos canalizados por la cuenta del PNC Bank fue destinada a gastos operativos reales y verificables: logística, transporte, aviación, combustible, servicios corporativos, producción de eventos. Es decir, el circuito financiero no se reduce a sociedades sin actividad, sino que convive con proveedores identificables y servicios concretos vinculados al funcionamiento internacional del fútbol. Este dato, lejos de ordenar el análisis, queda diluido en medio de una narrativa que privilegia la sospecha.
La figura de Claudio “Chiqui” Tapia aparece en el centro del relato como responsable político de haber delegado la administración de contratos internacionales en una estructura privada. Pero el texto evita cualquier análisis de contexto. No se menciona el crecimiento exponencial del valor comercial de la Selección argentina tras el Mundial de Qatar, ni el aumento de la demanda internacional de patrocinios, ni la complejidad logística que implica operar en múltiples mercados. La decisión de concentrar la gestión en un intermediario privado se presenta como una anomalía, sin contrastarla con prácticas similares en otras federaciones deportivas ni con gestiones anteriores.
El silencio sobre estos elementos no es neutro. La nota no busca comprender el funcionamiento económico del fútbol global, sino problematizarlo selectivamente. En ese sentido, el artículo se inscribe en un clima político más amplio, marcado por el discurso del gobierno de Javier Milei, que desde su llegada al poder impulsa un ataque sistemático contra las organizaciones intermedias, las asociaciones civiles y cualquier estructura que no responda a la lógica del mercado puro.
En el marco del ajuste, la desregulación y la avanzada privatizadora, el fútbol argentino aparece como un territorio a conquistar. Para eso, primero hay que deslegitimarlo. Hay que instalar la idea de que los clubes, la AFA y sus dirigentes son sinónimo de corrupción, desorden y oscuridad. No hace falta probar delitos: alcanza con erosionar la confianza social. La nota de Infobae cumple esa función con eficacia.
No se trata de negar la necesidad de transparencia ni de desestimar investigaciones judiciales. Se trata de advertir cuándo el periodismo deja de informar para convertirse en un actor político que empuja una agenda. En este caso, la acumulación de cifras, nombres de bancos y sociedades no desemboca en una conclusión probatoria, sino en una sensación de escándalo permanente. El lector sale con la impresión de que algo huele mal, aunque no pueda explicar exactamente qué ni por qué.
La incertidumbre, que debería ser reconocida como tal, se transforma en un recurso narrativo. La falta de certezas no frena la publicación: la potencia. Cada dato incompleto se presenta como una confirmación implícita de la sospecha. Cada empresa disuelta refuerza el relato, aunque el texto no pruebe la relación causal entre la disolución y un delito. El periodismo deja de describir hechos para sugerir culpabilidades.
En la Argentina de Javier Milei, donde el Estado se retira, las políticas públicas se reducen al mínimo y las instituciones populares son presentadas como lastres del pasado, este tipo de operaciones mediáticas no son inocuas. Preparan el terreno para reformas estructurales que, una vez implementadas, se presentarán como inevitables. Cuando llegue el momento de avanzar sobre la privatización del fútbol, alguien podrá decir que “ya se sabía” que el sistema no funcionaba.
La nota de Infobae no demuestra que la AFA haya cometido delitos. Pero sí demuestra cómo se construye un clima. Un clima donde la sospecha reemplaza a la prueba, donde la estigmatización social suple al análisis económico y donde el periodismo se alinea, conscientemente o no, con un proyecto político que busca transformar derechos colectivos en negocios privados.
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