La investigación por la estafa de la criptomoneda $LIBRA acaba de ingresar en un terreno explosivo. Según reveló el periodista Juan Alonso, la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados logró avanzar más allá de la propia Justicia Federal. Gracias a un oficio requerido por esa comisión, una de las querellas pudo descifrar la verdadera ruta del dinero: las transferencias del empresario cripto estadounidense Hayden Mark Davis habrían terminado en los bolsillos de dos asesores directos del presidente Javier Milei. Se trata de Mauricio Gaspar Novelli y Manuel Terrones Godoy, quienes, de acuerdo con la información judicial y parlamentaria, utilizaron una “financiera de confianza” para transformar los dólares digitales en efectivo. Novelli llegó incluso a abrir y vaciar cajas de seguridad en el Banco Galicia de Martínez, mientras que una hermana suya —sin empleo registrado pero inscripta como monotributista— movió miles de dólares. La madre del empresario cripto, a su vez, también quedó bajo sospecha: fue ella quien habría empleado a Milei en la promoción de activos digitales que terminaron en sendos fraudes criptográficos.
Los dos asesores no son personajes secundarios en el universo libertario. Novelli y Terrones Godoy organizaron el Tech Forum de 2024, un evento que cerró el propio presidente con el clan Davis sentado en la primera fila. Hoy ambos están bajo la lupa de la justicia argentina y de organismos internacionales: Novelli posee pasaporte italiano y Terrones Godoy es ciudadano español con residencia en México. Por esa razón, la querella encabezada por el abogado Martín Romeo pidió la inmediata detención de ambos. La pista financiera no deja lugar a dudas sobre la gravedad del cuadro: los movimientos de dinero se produjeron justo después de que Davis se fotografiara con Milei en la Quinta de Olivos, minutos antes de que se difundiera públicamente la estafa global, el 14 de febrero a las 19:01:22, según los registros electrónicos incorporados al expediente.
La mecánica de las transferencias fue reconstruida a partir del trabajo del experto Fernando Molina, quien logró identificar una de las billeteras virtuales utilizadas por Davis. Desde esa cuenta, el empresario habría devuelto cinco millones de dólares a un influencer estadounidense que se quejó por el fraude, y con la misma billetera se habrían realizado los pagos de los presuntos sobornos vinculados al caso $LIBRA en la Argentina. La trama, de apariencia digital, tiene raíces profundamente materiales: los dólares virtuales terminaron transformándose en efectivo que circuló por las manos de personas cercanas al poder político, con vínculos transnacionales y una ingeniería de lavado sofisticada.
La causa local quedó en manos del juez federal Martínez de Georgi y del fiscal Eduardo Taiano, después de un recorrido lleno de maniobras internas y pases de expediente: pasó primero por el juzgado de María Servini, luego por el de Luis Lijo, hasta recalar en el despacho de Martínez de Georgi, que en principio se declaró incompetente pero fue obligado por la Cámara de Alzada a continuar la investigación. La complejidad del caso no solo radica en las criptotransacciones, sino también en la red de encubrimiento institucional que lo rodea. El fiscal Taiano, según la denuncia, contaba desde hace meses con informes de billeteras internacionales y ordenó una pericia con una división del Ministerio de Seguridad. En otras palabras, el propio Ejecutivo terminó investigándose a sí mismo. A su vez, la Oficina Anticorrupción se negó a remitir información a la comisión de Diputados y cerró el expediente sin imputar al presidente ni a su hermana Karina Elizabeth Milei, pese a los indicios acumulados.
El otro frente de la investigación se desarrolla en Estados Unidos. La jueza Jennifer Rochon, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, sigue la pista de los fondos que Davis reconoció tener: más de 100 millones de dólares “de Argentina”. En un dictamen reciente, Rochon no descartó que esos activos puedan pertenecer, en parte, a Davis, a Javier Gerardo Milei y a Karina Milei, y lo dejó asentado por escrito en un expediente donde también intervienen fondos internacionales que litigan contra el Estado argentino en Londres y Nueva York. El documento judicial norteamericano, al que accedieron las partes querellantes, refuerza la sospecha de que el esquema de $LIBRA no fue solo un fraude financiero, sino un entramado de relaciones políticas, empresariales y personales que involucró directamente al entorno presidencial.
La comisión de Diputados, presidida por Maximiliano Ferraro, citó formalmente a Milei para que declare. El propio presidente había dicho en una entrevista con Jonatan Viale que solo existían “cinco argentinos damnificados” por el colapso de $LIBRA. Sin embargo, los datos de la plataforma Ripio desmienten esa versión: más de mil trescientas personas fueron víctimas del esquema solo en territorio argentino. El contraste entre la minimización discursiva de Milei y la magnitud real del daño económico dibuja un patrón conocido: el intento de reducir la responsabilidad política en medio de una tormenta financiera que involucra nombres propios de su círculo íntimo.
El caso pone en evidencia una contradicción estructural del discurso libertario. Mientras el gobierno proclama la libertad de mercado y la ausencia de intervención estatal, la investigación demuestra que se usaron mecanismos financieros opacos, con conexiones internacionales y actores estatales que, en lugar de controlar, encubrieron o ralentizaron el avance de la justicia. La negativa de la Oficina Anticorrupción a informar y el silencio del fiscal Taiano ante el Congreso son muestras de una misma lógica de autoprotección. No es el Estado el que investiga al poder, sino el poder el que investiga al Estado para blindarse.
A esta altura, el caso $LIBRA excede la cuestión técnica de las criptomonedas o los fraudes digitales. Es un espejo del país en que el poder político se mezcla con los negocios y las fronteras entre lo público y lo privado se borran bajo el brillo de las pantallas y la promesa de la riqueza instantánea. Si se confirma lo que las pruebas apuntan, no estaríamos frente a un simple escándalo financiero, sino ante un episodio de corrupción global que combina tecnología, política y dinero, y que deja al presidente argentino y a su hermana en el centro de una tormenta judicial sin precedentes.
El avance de la comisión parlamentaria, que ya pidió la declaración de Milei, marca un hito en la confrontación entre el poder legislativo y el ejecutivo. También abre una grieta institucional: por primera vez, una comisión del Congreso parece ir más lejos que la Justicia Federal en la reconstrucción de una trama de corrupción que involucra directamente al presidente de la Nación. Mientras tanto, en los tribunales de Nueva York, la jueza Rochon sigue la pista de los millones que salieron de Argentina y reaparecieron en wallets internacionales. Los próximos meses serán decisivos: la historia del caso $LIBRA no solo pone en juego la responsabilidad de funcionarios y asesores, sino la credibilidad misma del gobierno libertario que prometió “no robar” y terminó envuelto en una de las estafas más sofisticadas de los últimos tiempos.
Fuente:
Juan Alonso – “$Libra: el trabajo de la comisión Investigadora de Diputados fue más lejos que la Justicia Federal”
https://x.com/jotaalonso/status/1980931264120053924
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