La cifra sin pruebas: cómo la Justicia llegó a la farsa de los $6.849 millones que le exigen a Cristina Kirchner

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La cifra que el Tribunal pretende cobrarle a Cristina Fernández de Kirchner y a los condenados en la Causa Vialidad despierta sospechas y preguntas: ¿de dónde surge ese monto? ¿es real o un número lanzado al viento para esmerilar políticamente a la ex presidenta?

Mientras el Gobierno de Javier Milei celebra cada golpe judicial contra el kirchnerismo, la Justicia avanza con un decomiso multimillonario que mezcla cifras inconsistentes, presunciones jurídicas y una alta dosis de espectacularidad mediática. ¿Estamos ante una reparación legítima o ante una escenografía para destruir políticamente a CFK?

Si algo domina el escenario político argentino desde hace más de una década es la certeza de que las causas judiciales contra Cristina Fernández de Kirchner no son solamente expedientes legales. Son, en buena medida, armas políticas. Y el último episodio no es la excepción: la famosa cifra de $6.849.903.501,39 que los tribunales quieren cobrarle a la ex presidenta y a otros condenados en la causa Vialidad funciona más como un titular de alto impacto que como un número con sustento firme. Porque lo primero que salta a la vista, si uno bucea en los documentos judiciales y en las explicaciones de las propias fuentes oficiales, es que nadie termina de saber exactamente cómo se llegó a semejante monto. Y esa opacidad, en un proceso tan cargado de implicancias políticas, es gasolina pura para la sospecha.

Según publicó Chequeado, el cálculo del tribunal surge de lo que los jueces consideran el “perjuicio económico” ocasionado por las supuestas irregularidades en las obras viales adjudicadas al empresario Lázaro Báez, entre 2003 y 2015. El argumento judicial indica que hubo sobreprecios, pagos por obras inconclusas y un esquema de direccionamiento. Pero incluso el propio fallo admite, negro sobre blanco, que no existe un peritaje que precise el monto del daño. En lugar de peritar obra por obra, el tribunal se amparó en lo que llama “criterio prudencial” y terminó definiendo el cálculo en base a los fondos que el Estado transfirió a las empresas de Báez en Santa Cruz, descontando pagos efectivamente realizados a proveedores o avances de obra. Es decir, un número que surge de un razonamiento jurídico antes que de una auditoría técnica indiscutible. Y eso es dinamita pura en términos políticos y jurídicos.

La Nación, a su vez, recogió las explicaciones de fuentes judiciales que admiten sin sonrojarse que la cifra es “una estimación” y que todavía resta una larga pelea legal para determinar si se hará efectiva. Para colmo, no existe claridad sobre qué proporción de ese dinero recaería sobre cada condenado. No es lo mismo que Cristina Kirchner deba afrontar el total, a que se le exija un monto compartido o proporcional. Por ahora, lo que existe es un número estridente que funciona a la perfección para titulares de prensa y para las arengas del oficialismo libertario, deseoso de enterrar definitivamente al kirchnerismo y a su líder más emblemática.

Mientras tanto, iProfesional señala que el Tribunal Oral Federal N° 2 ordenó el decomiso solidario de esa suma millonaria a todos los condenados. La palabra “solidario” aquí es clave y genera un escenario jurídicamente volátil: significa que la Justicia puede perseguir el cobro contra cualquiera de los condenados hasta recuperar la totalidad del dinero. Una herramienta peligrosa en un contexto tan politizado. En la práctica, podrían ir por Cristina Kirchner si estiman que es quien tiene mayor patrimonio a disposición, aunque en teoría debería existir una proporción según la responsabilidad penal atribuida a cada acusado.

Y es imposible no ver la mano política detrás de este movimiento judicial. Javier Milei y su tropa celebran cada novedad judicial contra CFK como un trofeo. No es casualidad. El Gobierno necesita alimentar el relato de la “casta corrupta” y sostener la épica del ajuste económico con un enemigo claro. Golpear a Cristina es golpear al kirchnerismo y, por extensión, a cualquier proyecto político que cuestione el dogma libertario. Aunque el costo de esa embestida sea profundizar la grieta y sembrar dudas sobre la imparcialidad de la Justicia. Porque si el propio tribunal reconoce que no hay un peritaje que sostenga la cifra exacta, ¿qué garantía tienen los ciudadanos de que no se está fabricando un número para el show mediático?

No se trata de desconocer que existieron irregularidades en la obra pública en Santa Cruz. Sería infantil sostener lo contrario. La corrupción es un cáncer que devora recursos públicos y que debe ser castigada. Pero el Estado de Derecho exige certezas, pruebas firmes y procesos transparentes. No alcanza con la fe judicial ni con la narrativa de la prensa afín al gobierno de turno. Y aquí, lo cierto es que el monto de $6.849 millones aparece como un cálculo arbitrario, diseñado casi a medida para transformar a Cristina Kirchner en la figura simbólica de la corrupción estructural. Una condena judicial debería basarse en hechos y no en supuestos “criterios prudenciales” cuando se habla de miles de millones de pesos.

En medio de esta maraña jurídica, el escenario es todavía más enrarecido porque la cifra final podría variar. Los propios jueces dejaron abierta la puerta a revisar el monto a través de incidentes de ejecución, es decir, una serie de presentaciones que podrían terminar rebajando —o incluso anulando— la suma a pagar. Dicho sin vueltas: el número que hoy circula en todos los titulares podría ser puro humo mañana. Pero en la política argentina lo que importa es el golpe inmediato. La noticia de “Cristina debe $6.849 millones” ya está instalada. Y esa es la victoria que busca Milei, aunque los fundamentos de la Justicia estén sostenidos con hilos.

El resultado es un cóctel tóxico: una cifra imposible de precisar, un expediente judicial aún inconcluso y un clima político donde todo se transforma en materia prima para la polarización. Los libertarios necesitan demonizar a Cristina Kirchner para justificar el ajuste y su guerra cultural. Y sectores de la Justicia —o al menos de sus voceros mediáticos— parecen más dispuestos a colaborar con esa cruzada que a construir certezas procesales. Así, lo que podría ser una legítima búsqueda de reparación al Estado se transforma en una operación política con ribetes de circo.

Porque, convengamos, si la Justicia no tiene un peritaje serio que precise el daño real, es inaceptable instalar cifras multimillonarias como verdades absolutas. Y si lo hace, lo mínimo que merece la sociedad es saber con qué datos se construyó ese cálculo. Pero en este caso, las certezas brillan por su ausencia. Y en el medio, queda Cristina Kirchner, convertida otra vez en el gran fetiche judicial de un sistema político que parece incapaz de resolver sus disputas sin judicializarlas hasta el hartazgo. A esta altura, la cifra que intentan endilgarle a CFK parece más una jugada política que una deuda concreta. Y si es así, no es justicia. Es persecución.