La central obrera marchó a Tribunales y activó una doble estrategia judicial para frenar una ley que, según denuncia, vulnera el artículo 14 bis y tratados internacionales. También respaldó el paro docente y redobló la confrontación con la Casa Rosada. Con movilización en Plaza Lavalle y presentaciones en el fuero laboral y el contencioso administrativo, la CGT llevó la disputa por la reforma laboral al terreno judicial. Sostiene que la norma es regresiva, restringe el derecho a huelga y desmantela garantías históricas. El Gobierno prepara su defensa.
La escena fue elocuente. Dirigentes, delegados y banderas frente al Palacio de Tribunales, sobre la calle Talcahuano, en una postal que remite a otros momentos de alta tensión institucional. La Confederación General del Trabajo decidió cruzar el Rubicón y llevar la pelea por la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei al ámbito donde ahora se definirá su suerte: los tribunales. Sin más paros en agenda inmediata, pero con la advertencia de que no habrá concesiones, la central obrera activó una doble vía judicial para intentar frenar la aplicación de una ley que considera abiertamente inconstitucional.
La estrategia no fue improvisada. Según trascendió, la CGT resolvió presentar recursos tanto en el fuero laboral como en el contencioso administrativo federal, una jugada que revela el carácter político y técnico del movimiento. La discusión interna no fue menor. Los abogados de la central, asesorados por constitucionalistas como Alberto García Lema, evaluaron el terreno, calibraron antecedentes y analizaron riesgos. El recuerdo del DNU 70 de 2023, parcialmente frenado por la Justicia laboral, estuvo presente. Pero esta vez el escenario es distinto: no se trata de un decreto de necesidad y urgencia, sino de una ley sancionada por el Congreso, con el peso institucional que eso implica. La CGT deberá demostrar que incluso una norma votada por el Parlamento puede violar la Constitución.
El argumento central es contundente. Para la conducción sindical, la reforma laboral implica “una afectación grave de derechos colectivos e individuales” y vulnera el principio de progresividad —o no regresividad— del derecho del trabajo, consagrado tanto en la Constitución Nacional como en instrumentos internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica. El corazón de la impugnación late en el artículo 14 bis. Allí donde la Carta Magna protege contra el despido arbitrario, garantiza el derecho a huelga, la negociación colectiva, la libre agremiación, la libertad sindical y la seguridad social, la CGT ve un retroceso.
No es una acusación menor. La central sostiene que la llamada “modernización” es, en realidad, una poda sistemática de conquistas históricas. El nuevo esquema de indemnizaciones fija topes basados en el salario promedio registrado y excluye del cálculo conceptos como aguinaldo, vacaciones y premios. Se habilita el pago en cuotas de juicios laborales, hasta seis en grandes empresas y doce en pymes. Se crea un Fondo de Asistencia Laboral obligatorio, con aportes mensuales del 1% para grandes compañías y del 2,5% para pymes, como alternativa a la indemnización por antigüedad, dependiendo de lo pactado en convenios colectivos. Se flexibilizan vacaciones, se modifican compensaciones por enfermedades, se erradica la Ley de Teletrabajo, se introduce un banco de horas y se prioriza la negociación salarial por empresa por sobre los acuerdos sectoriales.
Pero el punto más explosivo está en la reglamentación del derecho de huelga. La ley obliga a garantizar un 75% de servicio en actividades consideradas esenciales y un 50% en las denominadas trascendentales. Transporte, salud, educación —con excepción de universidades—, telecomunicaciones, comercio, aeronáutica y servicios portuarios, entre otros, quedan bajo ese paraguas. Para las fuerzas de seguridad, directamente, se prohíbe el derecho a huelga. Además, las asambleas en el lugar de trabajo requerirán autorización del empleador. Para la CGT, esto no es regulación: es asfixia. En palabras de sus dirigentes, es prácticamente la prohibición de las huelgas.
Jorge Sola, uno de los cotitulares de la central, fue categórico al presentar el recurso. Aseguró que la CGT ejerce su derecho a peticionar y confía en que la Justicia cuidará el cumplimiento de la Constitución. Pero también anticipó que la confrontación jurídica será inevitable y que el Gobierno se encontrará con “muchos líos” porque la reforma, a su entender, choca de frente con principios constitucionales. Cristian Jerónimo, otro de los triunviros, fue más allá y calificó el impacto de la ley como “totalmente regresivo”. No hubo eufemismos. Se habló de compañeros que dieron la vida por derechos que ahora se pretenden recortar.
La tensión no se limita al plano jurídico. En el trasfondo late una disputa política profunda. La CGT recordó, en un comunicado extenso y defensivo, que no gobierna ni gobernó, que no diseñó la estrategia electoral que llevó a la derrota del peronismo en 2023, que no maneja la macroeconomía ni vota leyes ni firma privatizaciones. La aclaración no es casual. Busca desmarcar a la central de responsabilidades en la crisis que el Gobierno invoca para justificar su programa de reformas. Según el sindicalismo, los problemas de pobreza, desempleo y precarización no derivan de las leyes laborales, sino de la falta de crecimiento y de inversión productiva.
El Gobierno, por su parte, ya prepara la contraofensiva. Desde la Casa Rosada se analizan estrategias para defender la ley y evitar que un fallo judicial frene su aplicación. El antecedente del DNU 70 es una advertencia. Sin embargo, algunos sindicalistas perciben un clima de incertidumbre en el fuero laboral, atravesado por la decisión oficial de traspasarlo al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. La sospecha es que el nuevo equilibrio político y parlamentario podría influir en la actitud de los magistrados.
Incluso voces no alineadas con la CGT expresaron reparos técnicos. El ex ministro de Trabajo Jorge Triaca señaló que la redacción de la ley es difusa y menos clara que antecedentes existentes, lo que podría generar mayor judicialización. No es un detalle menor: una norma mal escrita es terreno fértil para litigios interminables.
La jornada de movilización no se agotó en la reforma laboral. Por la tarde, la CGT sumó su respaldo al paro nacional docente realizado en 16 provincias. Los gremios de educadores reclaman aumentos salariales y cuestionan el nuevo proyecto de Libertad Educativa anunciado por Milei. La paritaria nacional, convocada tras un año, duró apenas una hora y pasó a cuarto intermedio sin propuesta. Sergio Romero, titular de la Unión Docentes Argentinos, fue directo: el salario medio docente nunca estuvo tan bajo en los últimos 20 años como ahora. Y advirtió que no puede haber docentes por debajo de la línea de pobreza.
El apoyo de la CGT no fue protocolar. Sola calificó la educación como un tema central, un modo de distribuir riqueza y herramienta de ascenso social. Jerónimo prometió acompañar futuras medidas. La escena muestra que la disputa laboral se entrelaza con el conflicto educativo, configurando un frente sindical más amplio frente a las políticas oficiales.
En definitiva, la reforma laboral ya no es solo un texto en el Boletín Oficial. Es un campo de batalla. De un lado, un Gobierno que la presenta como condición necesaria para dinamizar el empleo y reducir litigiosidad. Del otro, una central obrera que la describe como una demolición de derechos constitucionales. Entre ambos, la Justicia, llamada a decidir si la modernización es compatible con la Constitución o si, como sostienen los gremios, estamos ante un retroceso histórico.
La incertidumbre es real. La CGT confía en que los tribunales frenen lo que el Congreso aprobó. El Gobierno apuesta a consolidar su reforma y evitar otro revés judicial. Lo que está en juego no es solo una ley, sino la arquitectura misma de las relaciones laborales en la Argentina. Y, como suele ocurrir en estos cruces, el veredicto no será solo jurídico: será político, social y profundamente simbólico.
Fuente:
https://www.pagina12.com.ar/2026/03/03/la-cgt-marcho-hacia-tribunales-contra-la-reforma-laboral/
https://www.infobae.com/politica/2026/03/02/reforma-laboral-la-cgt-definio-una-doble-via-para-impugnar-la-ley-y-marcha-hoy-al-palacio-de-tribunales/
https://www.ambito.com/politica/la-cgt-se-moviliza-tribunales-judicializar-la-reforma-laboral-n6251127
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