El Congreso aprobó citar al presidente Javier Milei para que declare en persona ante la Comisión $Libra, luego de su silencio frente al pedido de explicaciones sobre su presunto rol en la trama de la criptomoneda. También podrían ser citados Karina Milei y varios empresarios vinculados al caso.
La decisión marca un punto de inflexión en una causa que crece en complejidad y pone al jefe de Estado en el centro de una investigación con ramificaciones políticas y financieras. El titular de la Comisión, Maximiliano Ferraro, reclamó que Milei aclare sus declaraciones públicas y las contradicciones detectadas en la plataforma Ripio, mientras crece la presión por conocer el verdadero alcance del negocio cripto y los vínculos con funcionarios libertarios.
La Comisión $Libra decidió avanzar un paso más allá. En un hecho de enorme repercusión institucional, los diputados que integran el cuerpo aprobaron convocar al presidente Javier Milei para que declare en persona. La resolución se adoptó luego de que el mandatario no respondiera las preguntas escritas que se le habían enviado el mes pasado, en el marco de las indagaciones sobre su presunto rol en el caso de la criptomoneda falsa conocida como $Libra.
La medida, impulsada por el titular de la Comisión, Maximiliano Ferraro, fue respaldada por una mayoría que consideró que el silencio presidencial constituye un agravio al Congreso y una obstrucción al trabajo de control parlamentario. “El presidente debe ratificar o ampliar sus dichos públicos”, sostuvo Ferraro, al recordar que las versiones oficiales y los registros de la plataforma Ripio presentan serias inconsistencias. Según trascendió en el ámbito legislativo, el pedido apunta a confrontar los movimientos detectados en las cuentas asociadas al proyecto $Libra con las declaraciones públicas de Milei y su entorno más cercano.
La decisión de convocar al jefe de Estado genera un impacto político inmediato. No solo implica un llamado inédito a un presidente en ejercicio por parte de una comisión legislativa que investiga un presunto fraude financiero, sino que también abre un debate sobre la transparencia del actual gobierno frente a los negocios digitales y el uso de criptomonedas. En los pasillos del Congreso, algunos legisladores no dudan en señalar que el caso $Libra podría transformarse en el “Watergate” de la era libertaria.
Ferraro, con un tono firme, insistió en la necesidad de que el mandatario se presente “en persona” ante la Comisión. “El Congreso no puede tolerar el desdén del Ejecutivo ante una investigación de semejante gravedad”, advirtió. Según la resolución aprobada, se facultó además a la Comisión para requerir el uso de la fuerza pública en caso de que Karina Milei, Damián Reidel o los empresarios Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Pablo Morales no comparezcan voluntariamente. Todos ellos figuran como personas de interés dentro de la causa, señalados por su posible participación en maniobras financieras vinculadas al token $Libra.
La causa $Libra, que estalló inicialmente en tribunales de Estados Unidos, se ha convertido en un símbolo de las sombras que rodean al discurso de transparencia del gobierno. Mientras Milei proclama en sus giras internacionales la pureza del libre mercado y la desregulación total, los documentos judiciales apuntan a una trama de operaciones sospechosas, con transferencias trianguladas y beneficiarios aún no identificados. La mención del propio presidente en el expediente estadounidense y las sospechas de que tanto él como su hermana Karina podrían ser beneficiarios indirectos de los fondos, profundizan la crisis política.
El hermetismo del Ejecutivo frente a las preguntas de la Comisión no hizo más que alimentar la desconfianza. Según se supo, la presidencia recibió el cuestionario oficial hace más de un mes, pero no dio respuesta alguna. En la práctica, el silencio funcionó como una negativa a colaborar. Este gesto, leído por la oposición como un intento de encubrimiento, tensó aún más la relación entre el Congreso y la Casa Rosada.
La convocatoria aprobada implica que Milei podría ser citado a declarar en los próximos días. La sesión en la que se tomó la decisión fue calificada por varios diputados como “histórica”. Algunos incluso remarcaron que nunca antes un presidente argentino en funciones había sido convocado para rendir cuentas sobre un posible fraude financiero bajo investigación parlamentaria.
El caso $Libra se instaló en el centro del debate público no solo por su dimensión judicial sino también por su significado político. Representa un choque frontal entre el discurso antisistema que llevó a Milei al poder y la realidad de un gobierno salpicado por sospechas de corrupción. El presidente, que prometió terminar con “la casta” y los privilegios del Estado, enfrenta ahora acusaciones que lo ubican en el lado opuesto: el de los beneficiarios ocultos de un esquema financiero opaco.
El uso de la fuerza pública para garantizar la comparecencia de Karina Milei o de los empresarios involucrados añade un componente explosivo. La posibilidad de que la hermana del presidente sea llevada a declarar compulsivamente marca un punto de no retorno en la tensión entre los poderes del Estado. Incluso en el oficialismo hay preocupación por las consecuencias políticas que podría tener la negativa del presidente a presentarse ante el Congreso.
La figura de Damián Reidel, uno de los primeros asesores económicos de Milei y exfuncionario del Banco Central, también aparece en la lista de citados. Su nombre se asocia a la etapa inicial del proyecto $Libra, cuando el gobierno alentaba públicamente la “revolución cripto” como símbolo de libertad financiera. La caída de ese proyecto, y las denuncias de estafa asociadas a su desplome, golpearon de lleno en la credibilidad de los funcionarios libertarios que lo promovieron.
El contexto político agrava el cuadro. Con una economía que no logra estabilizarse, un dólar en ascenso y una inflación que carcome los salarios, el escándalo de $Libra funciona como una metáfora de la distancia entre el relato y la realidad del gobierno. Mientras Milei insiste en que su administración es “la más transparente de la historia”, los hechos muestran un entramado de silencios, contradicciones y vínculos turbios que despiertan sospechas dentro y fuera del país.
La próxima sesión de la Comisión será determinante. Si Milei no acude, el Congreso podría avanzar con una citación formal y, eventualmente, con un pedido judicial. El enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo por el caso $Libra podría escalar hasta niveles sin precedentes. En los sectores más críticos del Parlamento se habla ya de una “crisis de legitimidad” si el presidente continúa negándose a rendir cuentas.
Más allá del desenlace judicial, lo cierto es que el caso expone un rasgo estructural del gobierno libertario: su intolerancia a los controles institucionales y su desprecio por la rendición de cuentas. Lo que comenzó como una investigación técnica sobre una criptomoneda se transformó en un espejo del modelo político que impulsa Javier Milei: un poder concentrado, opaco y hostil frente a cualquier forma de fiscalización democrática.
El país asiste, una vez más, al choque entre la retórica de la libertad y las prácticas del autoritarismo financiero. En esa contradicción se juega no solo el futuro del caso $Libra, sino también la credibilidad del propio presidente.
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