Mientras se presenta como candidata y defensora de los derechos, su historial legislativo revela un patrón de decisiones que afectan a los sectores más vulnerables.
Entre la destrucción de las Quinitas y el veto constante a la emergencia en discapacidad, Ocaña encarna una continuidad preocupante: la presentación de la crueldad social como combate a una corrupción que muchas veces parece más imaginaria que real.
Graciela Ocaña, conocida por el apodo de “la hormiguita”, se ha labrado una reputación de incansable investigadora de la corrupción. Sin embargo, su recorrido político reciente muestra un patrón que poco tiene que ver con la protección de los sectores más vulnerables.
Durante su paso por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Ocaña fue testigo y parte de decisiones que marcaron a familias de bajos recursos. La destrucción de las Quinitas, programas de cuidado y educación infantil, no solo implicó la pérdida de infraestructura sino también un golpe directo a la primera infancia de miles de niños. La justificación oficial se enmarcó en supuestos ajustes administrativos y la búsqueda de transparencia, pero el resultado fue un vacío de derechos que recayó sobre los más indefensos.
A esto se suma su histórica oposición y el veto reiterado a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Cada año que esta medida quedaba congelada, las personas con discapacidad y sus familias veían cómo se prolongaban las carencias en asistencia, infraestructura y programas de apoyo, mientras se argumentaba la necesidad de un control más estricto sobre los fondos. La “lucha contra la corrupción”, en este caso, sirvió de excusa para mantener en la marginalidad a quienes dependen del Estado para acceder a sus derechos básicos.
El relato de la “hormiguita” como trabajadora incansable que combate irregularidades se topa con la realidad de su gestión: la crueldad social disfrazada de eficiencia. La continuidad de estas políticas evidencia un estilo político que prioriza la imagen de lucha contra la corrupción por encima de la protección de los derechos humanos más elementales.
El desafío que enfrenta la ciudadanía ante la candidatura de Ocaña es evidente: distinguir entre la narrativa de combate a la corrupción y las consecuencias reales de su actuación legislativa. Entre Quinitas destruidas y vetos a medidas de emergencia, se configura un modelo donde el costo de la política es soportado por los más vulnerables, mientras la reputación se construye sobre una corrupción que muchas veces es más convenientemente imaginaria que probada.
Graciela Ocaña: Crueldad social bajo el disfraz de lucha contra la corrupción
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