“Vamos a ser su peor pesadilla”: Grabois, la reforma laboral y el espejo oscuro del poder en tiempos de Milei. Una intervención explosiva en la Cámara de Diputados expuso la trama de represión, miedo, financiamiento político y memoria del 2001 detrás del ajuste laboral del Gobierno
Durante una cuestión de privilegio, Juan Grabois denunció la reforma laboral impulsada por el oficialismo, la violencia estatal posterior a las movilizaciones y una peligrosa convivencia entre poder político, narcotráfico y disciplinamiento social.
La sesión del 12 de febrero de 2026 en la Cámara de Diputados dejó algo más que un cruce áspero o un momento de alto voltaje discursivo. Dejó una radiografía incómoda del clima político que atraviesa la Argentina bajo el gobierno de Javier Milei. Cuando se le cedió la palabra en una cuestión de privilegio, Juan Grabois no habló solo para el recinto: habló para la calle, para la memoria colectiva y para un poder que, según sus propias palabras, vuelve a ensayar recetas viejas con métodos todavía más brutales.
El disparador fue una afirmación que condensa una concepción autoritaria de la democracia: la idea de que un diputado no puede participar de una manifestación popular. Grabois no tardó en calificarla como una de las expresiones más antidemocráticas escuchadas en años. Y el señalamiento no es menor. Pretender que los representantes se mantengan aislados de la protesta social es negar el corazón mismo de la política en un país donde las grandes transformaciones nacieron en la calle y no en despachos blindados.
Desde ese punto, la intervención avanzó sin anestesia. Si alguien sostiene que hubo instigación a la violencia, dijo Grabois, que cumpla con su deber como funcionario público y haga la denuncia penal correspondiente. Lo demás es humo. Lo que sí es tangible —y visible— es un pueblo movilizado pacíficamente en cada ciudad del país para repudiar una reforma laboral que el diputado no dudó en calificar como “basura”, no solo por su contenido regresivo, sino por el modo en que se intenta aprobar: sobre la base de una nueva Banelco.
La palabra Banelco funciona en la Argentina como una cicatriz abierta. Remite al año 2001, a la compra de voluntades parlamentarias, a la reforma laboral aprobada a espaldas de la sociedad y al colapso político que vino después. Grabois no la menciona por nostalgia, sino como advertencia. Porque, en su lectura, el Gobierno de Milei insiste en repetir el mismo libreto: flexibilización, ajuste, disciplinamiento y una elite convencida de que el costo social es un daño colateral aceptable.
Pero la denuncia no se quedó en el plano legislativo. El foco se desplazó rápidamente a lo que ocurre después de las movilizaciones. Según el diputado, tras las protestas no hubo búsqueda de responsables de hechos violentos, sino una verdadera cacería. Jóvenes de organizaciones estudiantiles detenidos, golpeados, encarcelados. Siempre los mismos. Nunca los supuestos autores de bombas molotov, que aparecen convenientemente como excusa mediática pero jamás son encontrados por las fuerzas de seguridad.
La escena se repite con una regularidad inquietante: detenciones lejos del epicentro de las marchas, en zonas como Constitución, cuando la protesta ya se disipó. Para Grabois, no se trata de errores operativos sino de un método deliberado para sembrar miedo. Un miedo que, admite, se contagia. Pero también se contagia el coraje. Y ahí aparece una de las frases más potentes de la intervención: “¿Le tenemos miedo? Por favor”. No es una bravuconada, es una definición política frente a un poder que busca paralizar a través del terror.
El clima en el recinto se tensó. Hubo interrupciones, llamados al orden, intentos de recortar el tiempo de la intervención. El presidente de la Cámara, Martín Menem, debió intervenir reiteradamente para encauzar una sesión que se le iba de las manos. Los nervios, según Grabois, no eran casuales. Eran la reacción de quienes se sienten expuestos cuando el discurso corre el velo.
En ese punto, la acusación dio un giro todavía más explosivo. El diputado habló de una competencia entre jurisdicciones para ver quién es más sádico, más inhumano y más cobarde. Cobardes, aclaró, porque la violencia se descarga siempre sobre quienes se movilizan, nunca sobre los verdaderos poderes criminales. “A los narcos ya les firmaron un tratado de libre comercio”, lanzó. La frase, provocadora, apunta a una idea central: la existencia de una convivencia estructural entre el narcotráfico y sectores del poder político.
Grabois fue más allá y habló directamente de un “Tratado de Libre Comercio narco” en la República Argentina. No como metáfora vacía, sino como denuncia de una realidad en la que el narcotráfico avanza con niveles de impunidad alarmantes mientras el Estado despliega toda su fuerza contra la protesta social. Para que existan soldaditos, sostuvo, tiene que existir narcotráfico. Y para que exista narcotráfico, tiene que haber dirigentes que miren para otro lado o formen parte del engranaje.
En ese contexto apareció el nombre de Villaverde, recordando un episodio del año 2001 en el que fue detenida con medio kilo de droga. Grabois señaló que su campaña política habría sido financiada por una persona hoy extraditada por la justicia norteamericana como financista narco. No lo presentó como un rumor, sino como un dato que debería ser investigado en serio. La incomodidad en el recinto fue evidente. Las interrupciones se multiplicaron. El intento de deslegitimar la denuncia, también.
La memoria volvió a jugar un rol central. El diputado recordó que en aquel 2001, mientras se aprobaba una reforma laboral idéntica a la que hoy impulsa el Gobierno, había una ministra “camaleónica” que cambiaba de partido como de camiseta y una Banelco que aceitaba voluntades. Pocos meses después, los que tenían el poder lo perdieron y huyeron en helicóptero. La imagen no necesita demasiadas explicaciones en la Argentina.
Grabois fue explícito: quienes hoy gobiernan deberían tomar nota de esa historia. No como amenaza, sino como advertencia. Dijo incluso que desean que el presidente termine su mandato, pero que insistir con esta reforma laboral puede empujar al país a un desenlace conocido. En ese marco, mencionó a Patricia Bullrich como parte de una lógica política que ya fracasó y que hoy se recicla con un nivel de violencia todavía mayor.
Lejos de limitarse a la denuncia, la intervención incluyó una propuesta concreta que desnuda la doble vara del oficialismo. Si el problema es el narcotráfico, si el problema es la violencia, entonces que todos los funcionarios —diputados, senadores, altos mandos policiales, el gabinete del Ejecutivo y los jueces de la Corte— se sometan a controles para saber quién financia a quién. Un “narco test” para el poder. La iniciativa, impulsada por la diputada Saracho y registrada como proyecto 5642 del 2025, fue pedida para ser tratada en extraordinarias. El silencio posterior dijo más que cualquier discurso.
El cierre fue tan contundente como incómodo. “Nosotros, víctimas de ustedes, no vamos a ser”, afirmó Grabois. “Vamos a ser su peor pesadilla y sus enemigos hasta que se vayan del país”. No como amenaza personal, sino como definición política frente a un modelo que gobierna con miedo, ajuste y represión. La cuestión de privilegio fue girada a comisión, como suele ocurrir con lo que molesta. Pero las palabras ya quedaron dichas y registradas.
Esta intervención parlamentaria condensa, con crudeza, el momento político actual. Un gobierno que impulsa reformas regresivas sin consenso social, que responde con palos a la protesta y que exhibe una peligrosa tolerancia —cuando no cercanía— con estructuras criminales. Frente a eso, una voz que decide no callarse y que recuerda que la democracia no se defiende con reglamentos vacíos, sino con memoria, coraje y conflicto abierto.
Fuente:
Transcripción completa de la intervención de Juan Grabois en la sesión de la Cámara de Diputados del 12 de febrero de 2026.
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