Francos sigue en el directorio de YPF y crece el escándalo por su posible sueldo de $70 millones

Compartí esta nota en tus redes

El ex jefe de Gabinete dejó el cargo el 3 de noviembre, pero aún aparece como director titular de YPF. La petrolera estatal no confirma si sigue percibiendo los honorarios millonarios aprobados por el directorio en abril de 2024. El episodio reabre el debate sobre los privilegios dentro del gobierno de Javier Milei.

El misterio sobre el salario de Guillermo Francos vuelve a poner en foco la opacidad del manejo estatal bajo el gobierno de Javier Milei. Mientras se recortan fondos a jubilados, universidades y personas con discapacidad, un ex funcionario podría seguir cobrando $70 millones mensuales de una empresa con mayoría estatal.

La noticia publicada por La Política Online este 10 de noviembre cayó como una bomba en medio del relato oficial de austeridad que intenta sostener el gobierno de Javier Milei. Guillermo Francos, quien dejó la Jefatura de Gabinete hace una semana, sigue figurando como director titular Clase A de YPF, en representación del Estado nacional. Lo sorprendente es que nadie dentro de la empresa parece tener claro si continúa cobrando el sueldo de alrededor de 70 millones de pesos mensuales, aprobado en la asamblea de abril de 2024.

Esa asamblea marcó un antes y un después en la interna de la petrolera: el directorio, integrado entonces por Nicolás Posse, María Ibarzábal, Rolandi y el propio Francos, aprobó un aumento escandaloso en los honorarios totales, que pasaron de 2.000 millones a más de 10.000 millones anuales. La decisión quintuplicó los montos de 2023 y convirtió a cada director en potencial beneficiario de una suma mensual equivalente a unos 70.000 dólares al tipo de cambio blue. En plena prédica del “no hay plata”, los números hablaban por sí solos.

Durante su etapa en el Ejecutivo, Francos había aclarado —incluso con papeles— que renunciaba a esos honorarios, cobrando únicamente su salario de ministro. Pero el escenario cambió. Hoy, sin cargo público, su permanencia en el directorio de YPF reaviva todas las sospechas. Nadie en la compañía, según LPO, confirma ni desmiente si sigue cobrando. “No sabemos”, respondieron fuentes de la empresa ante la consulta.

El Ejecutivo, por su parte, desliza que “no está obligado a renunciar” al puesto, algo que para muchos constituye una nueva muestra del doble estándar moral del mileísmo. La motosierra es para otros: jubilados, docentes, investigadores, trabajadores del Estado. Pero cuando se trata de los hombres del poder, las reglas parecen distintas.

La situación se vuelve más espinosa si se considera que Lisandro Catalán, ex secretario del Interior y mano derecha de Francos, ya pidió públicamente ocupar su silla en el directorio. Es decir, mientras nadie confirma si el ex ministro sigue cobrando, ya hay fila para sucederlo. Una escena que desnuda la voracidad de un gobierno que predica el ajuste mientras reparte cargos y beneficios a discreción.

El tema no es nuevo. En abril de 2024, legisladores de la oposición como Itai Hagman y Marcela Pagano denunciaron el “salariazo” del directorio de YPF, que contrastaba con el discurso de austeridad del presidente. Pagano llegó a acusar a Francos de embolsar 180.000 dólares mensuales, cifra que él desmintió mostrando un certificado oficial que acreditaba que no percibía ni había percibido honorarios. Pero esa defensa tenía una fecha de vencimiento: mientras era funcionario, podía justificarse su renuncia al cobro. Ahora, la falta de una renuncia formal deja todo en el aire.

El escándalo encaja perfectamente en la lógica de la administración Milei: un gobierno que ajusta a los sectores más vulnerables, recorta presupuesto educativo y desmantela programas sociales, pero que protege con silencio los posibles privilegios de sus propios funcionarios. La transparencia, tan invocada en campaña, se convierte otra vez en una palabra vacía.

Más allá del caso puntual, la permanencia de Francos en YPF refleja un problema estructural: la opacidad en la gestión de las empresas públicas bajo control estatal. El 51% de YPF pertenece al Estado, lo que convierte cualquier duda sobre honorarios o designaciones en un tema de interés público. Sin embargo, la falta de comunicación oficial y la ambigüedad del Ejecutivo alimentan la desconfianza y el malestar social.

En tiempos donde el gobierno justifica despidos, congelamientos y ajustes con la frase “no hay plata”, saber si un ex ministro sigue cobrando un sueldo de 70 millones mensuales no es una cuestión menor. Es una muestra de cómo se administra el poder y cómo se distribuyen los sacrificios. Mientras los ciudadanos soportan los tarifazos y los recortes, en las altas esferas del mileísmo persiste el privilegio y la impunidad.

La incógnita sigue abierta: ¿Francos cobra o no cobra? En YPF dicen no saberlo. En el gobierno, prefieren no responder. Y el silencio —una vez más— suena más fuerte que cualquier explicación.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *